El Gobierno tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley que impulsará los planes de pensiones de empresa antes de que termine el año vigente. Lo confirman a este periódico desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recordando que en los presupuestos generales del Estado de 2021 se establecía el compromiso de hacerlo así.

Por eso, el departamento de Escrivá ha trasladado a los sindicatos y a las organizaciones de empresarios su propuesta al respecto, que no ha sentado nada bien, en la que establece la comisión máxima que podrá cobrarse por estos fondos (del 0,5%, según adelantó el martes El País, y frente al límite del 1,7% actual).

Desde el Ministerio prefieren no desgranar las ideas que integran el borrador que ha entregado a los agentes sociales, escudándose en que no es una propuesta fija sino que debe acordarse, pero sí apuntan que el objetivo es aprobar el anteproyecto de ley este año y llevar a cabo su tramitación parlamentaria en el segundo trimestre de 2022.

Dadas esas fechas, no queda mucho tiempo y es por eso que Seguridad Social ha decidido arrancar la negociación de los planes de pensiones de empresa ya, cuando aún no se han terminado de pactar otras medidas que llevan meses pendientes. Se trata de algo que ha sorprendido a los sindicatos, que lo han considerado una manera poco comprensible "de enfangar las cosas".

Los sindicatos y los empresarios aún tienen pendiente acordar con el Ministerio de Seguridad Social varios temas que no se concretaron cuando se firmó la primera parte del acuerdo de pensiones, en julio, como cuál será el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, la fórmula que garantizará la sostenibilidad del sistema en sustitución del factor de sostenibilidad de Rajoy y que debe estar consensuado antes del 15 de noviembre.

Asimismo, también deben cerrar el desarrollo normativo que normalice la situación de las viudas de las parejas de hecho y la inclusión de las personas que realicen prácticas no remuneradas en la Seguridad Social, así como la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social.

Estos temas son los que se están abordando cada semana en las reuniones de la mesa de pensiones y Seguridad Social, en las que participan representantes de dicho Ministerio y también de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, y por eso los sindicatos no comprenden que el departamento de Escrivá busque introducir un aspecto más a acordar que hasta ahora no se ha tocado y que, aseguran, no estaba previsto tocar en estos encuentros.

Fomentar los planes de empresa con bajas comisiones

En cualquier caso, lo que el Gobierno busca es fomentar los planes de pensiones de empresa, un sistema complementario de la pensión que prácticamente no se utiliza en España, pero que puede ayudar a mejorar la jubilación de muchos trabajadores. Estos planes de empleo procederán de la negociación colectiva, es decir, que deberán acordarlos las empresas con los trabajadores, y se limitará por ley las comisiones que cobren.

En la última presentación del ministro José Luis Escrivá al respecto, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo (enero de este año), se establecía que la comisión no superaría el 0,4%. También aparecía que el Estado garantizará que los trabajadores tengan libertad para entrar y salir de ellos y que cubrirán tanto a autónomos como a pymes.

Antes de negociar, acordar y aprobar cómo se impulsará estos planes de pensiones de empresa, el Gobierno ya ha incluido en los presupuestos generales del Estado de 2022 una gran reducción de la aportación deducible a los planes de pensiones individuales. En concreto, ha rebajado las aportaciones máximas deducibles en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) hasta los 1.500 euros anuales, mientras que en los anteriores PGE ya se redujo de los 8.000 euros anuales a los 2.000.

Al mismo tiempo, se ha aumentado el máximo deducible a los planes de empresa hasta los 8.000 euros, justificándose en que los planes privados se consideran regresivos y solo beneficiosos para las rentas altas. Actualmente, solo dos millones de personas cuentan con planes de empresa en el país, y el objetivo del Gobierno es que lleguen al 80% de la población activa, es decir, unos 11 millones de trabajadores, en 2030.