El Gobierno ha retomado su polémica propuesta de implantar un sistema de peajes o pago por uso de las carreteras de alta capacidad de España. Aunque el modelo aún no está claro, en el sector del transporte muestran su malestar con una medida que encarecerá unos costes de explotación ya disparados por la subida de los carburantes.

Los transportistas recuerdan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió en 2019 a que cualquier media similar fuera previamente consensuada con el sector. "Nos sorprende y estamos muy molestos con las declaraciones acerca de que la medida está bastante avanzada y que incluso hay fecha para su puesta en marcha", traslada a El Independiente Juan José Gil, secretario General de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguraba este mismo martes que su departamento sigue adelante con los planes trasladados a Bruselas en el marco del Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia. "Estamos avanzando en los trabajos y en los estudios que nos permitan poder plantear de aquí a unos meses un sistema de tarificación para establecer y asegurar el correcto mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad", aseguraba en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Según los planes remitidos a Bruselas, el plazo máximo de inicio sería 2024. Y aunque no ha dado ningún detalle adicional sobre el modelo por el que se pretende optar ni cuánto dinero quieren recaudar con él, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 trasladado al Congreso se contemplan casi 1.400 millones de euros para conservación de carreteras.

La titular de Transportes aseguraba, eso sí, que será un sistema sometido "al debate, al análisis y a la reflexión con el conjunto de agentes sociales, los agentes económicos, el sector del transporte". Además, se pretende hacerlo con "consenso político" suficiente para que "no genere agravios territoriales". La idea es que España se alinee con lo que la mayoría de Estados de la Unión Europea aplican ya, donde 24 de los 27 miembros cuentan con un mecanismo similar al que se está sometiendo a estudio.

Sin embargo, el primer choque político lo ha encontrado dentro de las propias filas del Gobierno. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguraba que las autovías "o se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales". "Que quede claro: nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora", exclamaba a través de un mensaje en su perfil de la red social Twitter.

Según el Gobierno, ahora mismo se estaría en una fase de análisis antes de trasladar una propuesta formal a un sector que tiene, entre otros problemas, un déficit de entre 10.000 y 15.000 profesionales para los próximos años. Una de las opciones barajas es implantar el pago por kilómetro recorrido, aunque también podría ponerse en marcha un sistema de 'viñetas', que consiste en un abono por un tiempo específico para circular por determinadas vías.

Pero el mero hecho de implantar dicho cargo no gusta nada en el sector logístico. Sin ir más lejos, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) respaldaba hace unos meses una moción presentada por el PP en el Senado en la que se instaba al Ejecutivo a desistir de sus planes.

"Aumentar la recaudación a base de propuestas como esta, que supondrá un importante coste para los profesionales del transporte, es tremendamente inoportuno. En una época de crisis como la que atravesamos, lo único que conseguirá el Gobierno será frenar la competitividad y el crecimiento económico del sector", se quejaba su presidente Francisco Aranda.

Un 30% más en el precio del carburante

El sobrecoste que plantea el Gobierno mediante el nuevo sistema de peajes se añade a una escalada de los precios del carburante, que supone el 40% de los costes de explotación de un camión. En la última década, sólo en la primavera y el verano de 2012 se alcanzaron precios similares, aunque la media de los carburantes en este mes de octubre ya supera cualquier registro. "Eso tiene una repercusión importante en la actividad del transporte por carretera", remarca Gil.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez recoge en sus proyecto de Presupuestos el problema del incremento del coste del petróleo. No obstante, lo tacha de una "problemática coyuntural" y espera que el barril de Brent acabe el año en los 75 euros. Las perspectivas son aún mejores y el Gobierno español prevé que llegue a los 65 euros.

Sin embargo, la realidad es otra y los principales analistas de los bancos de inversión como JP Morgan y UBS ponen la barrera en los 75 euros a final de 2022, por lo que el precio de los combustibles podrían mantenerse otro año más tensionados. De hecho, las perspectivas que manejan los propios expertos es que este año el oro negro llegue a cotizar en los 100 dólares.

Pero a pesar de estar en un momento de reactivación económica, las tarifas que están percibiendo los transportistas en los últimos tres trimestres se han ido reduciendo sensiblemente. Esto hace, según el secretario general de Fenadismer, que no puedan repercutir en sus clientes el incremento de costes del carburante.

Y aunque en el sector reconocen que el Gobierno no tiene la culpa de este problema internacional, sí creen que "podría arbitrar medidas para amortiguarlo". De lo contrario, y si la situación se alarga en el tiempo, "se va a hacer insostenible que las empresas de transportes puedan seguir trabajando en los próximos meses", sentencia Gil.

Las concesionarias abogan por el pago por kilómetro

A quien la medida no le parece mala es a las empresas concesionarias. De hecho, la patronal Seopan (que agrupa a compañías como Ferrovial, ACS, Sacyr, OHLA o FCC) calcula que si se implantasen peajes por distancia con las tarifas medias europeas en la red de autovías libres y el sector privado se encargase de su operación y conservación, se obtendrían unos ingresos para las arcas públicas de 4.698 millones al año vía impuestos. Además, conllevaría un ahorro del gasto público en conservación viaria de 850 millones al año.