Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, estudia dar marcha atrás al polémico hachazo fiscal a las eléctricas de 2.600 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre. 

El Real Decreto aprobado recientemente obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Gobierno en 2.600 millones de euros. 

No obstante, el Gobierno ya tendió la mano a las empresas eléctricas y aseguró que no habría repercusiones fiscales a aquellas compañías que "garanticen ‘exnovo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria».

Pero el Gobierno, ante la rotundidad de Iberdrola, Endesa o Naturgy, se plantea rajar y tirar a la papelera el real decreto aprobado recientemente. Fuentes del sector eléctrico explican que este sería otro gesto más del Ministerio de Transición Ecológica para acercar posturas y volver a la senda del diálogo y del trabajo conjunto.

Ignacio Sánchez Galán ha sido el presidente de la principal compañía más crítica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha lanzado varios órdagos a Moncloa, con la firme intención de abandonar la vía del diálogo. Más aún cuando Iberdrola siempre mostró una voluntad de negociar las medidas que iba a aprobar el Gobierno. Tal y como avanzó este medio, el dirigente de la energética quiso despachar con el inquilino de Moncloa en Nueva York, pero éste se negó y durante la visita que hicieron a Estados Unidos no se produjo ningún encuentro entre ambos. 

Precisamente, se evitará que este tipo de desencuentros se vuelvan a repetir. Según confirman fuentes del sector a este medio, desde hace varios días el Ministerio de Teresa Ribera ha contactado con las compañías para trasladarles la nueva postura de diálogo y acercamiento, que se consumará con la derogación del hachazo fiscal. 

Además, tal y como revelan fuentes jurídicas consultadas, el Gobierno da por hecho que la catarata de pleitos que preparan las eléctricas para eliminar las medidas impuestas recientemente va a terminar con unas derrotas que podrían ocasionar “indemnizaciones multimillonarias para las compañías”. Así, Teresa Ribera, en este aspecto, busca apaciguar los ánimos y que el decreto ley no acabe en los tribunales. 

Por otra parte, fuentes conocedoras de la tramitación del real decreto también confirman a este periódico que el Gobierno se repiensa el paso atrás ya que ha echado cuentas del impacto real que tiene la subida de la luz en las familias, una cantidad cercana a los 200 millones de euros, muy por debajo de los 2.600 millones de euros que pretendía recoger el Ejecutivo con el fin de los beneficios caídos del cielo.

Miedo a la fuga de inversiones

La idea de dar marcha atrás al hachazo también tiene que ver con las posibles consecuencias en las inversiones que tendría elevar la presión fiscal a las eléctricas.

Tanto Iberdrola como Endesa han hecho públicas sus intenciones de paralizar las inversiones en España de establecerse la actual regulación. La primera está "estudiando en detalle la viabilidad económica de los proyectos”, tal y como lo comunicó a sus proveedores de energía renovable. Las empresas consideran que las medidas adoptadas por el Ejecutivo son claramente intervencionistas, ya que pretende confiscar 2.600 millones de euros de sus ingresos, y, por lo tanto, son radicalmente opuestas a la normativa comunitaria.

Los inversores extranjeros, en ese sentido, dan por hecho que las medidas que prevé el Gobierno paralizarán los proyectos de las compañías españolas por lo que las previsiones del Ejecutivo en materia de renovables a 2025 no se cumplirán. Barclays publicó este miércoles un análisis en el que afirma que no se cumplirán los objetivos por “la reacción de las empresas de servicios públicos contra las medidas y una respuesta potencialmente más constructiva del Gobierno”. Además, los expertos del banco de inversión aseguran que “existe un riesgo potencial de asignación que pondrá en peligro los objetivos renovables”.

"Creemos que la incertidumbre regulatoria derivada de las acciones del gobierno podría llevar a ciertas utilities a revisar su asignación de capital en España. Las medidas llegan apenas un año después de que estas grandes empresas españolas aumentaron significativamente sus programas de inversión de capital y sus ambiciones de desarrollo de energías renovables en el mercado nacional", sostiene también S&P Global en su informe semanal sobre el sector eléctrico.

En este contexto, Iberdrola anunció este miércoles inversiones por valor de 7.000 millones de euros en Reino Unido. Sánchez Galán fue recibido por Boris Johnson y mantuvieron una larga y tendida reunión en el que el presidente del Reino Unido agradeció al directivo español su apuesta por el país en materia de renovables. Esta imagen fue, indirectamente, el último mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mala imagen

De hecho, el Gobierno notó en sus propias carnes las amenazas de las eléctricas ya que Iberdrola y Endesa no acudieron a la subasta de renovables celebrada este martes. Además, el 10% de los 3.300 MW que se pusieron a disposición de puja no se cubrieron, dejando en el Ejecutivo un sabor amargo puesto que es un mensaje negativo de cara a los inversores extranjeros que no se cubra toda la demanda de estas tecnologías, una vez que España quiere liderar el reto ecológico. 

Por eso, Teresa Ribera entiende que este tipo de imágenes no se pueden volver a repetir y se debe dibujar un nuevo escenario entre Gobierno y eléctricas para no atemorizar a empresas e inversores de fuera de España y durante las próximas semanas se iniciarán nuevos contactos entre el sector y el ministerio que representa.