La bajada de los alquileres en manos de grandes propietarios, una de las principales medidas incluidas en el anteproyecto de ley de vivienda que este martes aprobó el Consejo de Ministros, podría quedarse en agua de borrajas ya que no está previsto que se implemente hasta, al menos, finales de 2023, por lo que no entrará en vigor hasta la siguiente legislatura.

Tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos se han congratulado de haber aprobado la primera ley de vivienda de la historia de la democracia española, cumpliendo así con su acuerdo de coalición y después de meses de diferencias en la negociación que encabezaban la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el ya exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Para la formación morada se trataba de un punto imprescindible, hasta el punto que ligó su apoyo a los presupuestos generales del Estado de 2022 a esta ley. Podemos, desde sus inicios, ha defendido el derecho a una vivienda digna y ha luchado contra los desahucios, problema especialmente acuciante en España tras la crisis de 2008.

Pero a pesar del aire triunfalista que inunda al partido fundado por Pablo Iglesias, la parte de la ley que promete regular el precio de los alquileres en manos de grandes propietarios (con más de 10 viviendas alquiladas) podría quedarse en una medida electoralista, puesto que no entrará en vigor hasta finales de 2023. Como mínimo, en el mes de octubre, según lo planeado.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que está a cargo de la medida (ya que también es suya la cartera de vivienda) junto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dichos portavoces han recalcado que en la ley se establece un periodo de 18 meses a partir de la aprobación del texto legal en el Congreso para establecer un sistema de referencia con el que determinar cuáles son las zonas tensionadas. En plata: que el Gobierno aún no cuenta con el índice de precios que necesita, el sistema imprescindible para dar a luz a la parte más proclamada de la ley, y que necesitará aún dos años al menos para conseguirlo.

"En el momento en que se apruebe la ley entra todo en vigor excepto todo lo que tiene que ver con grandes tenedores", han recalcado desde Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El anteproyecto de ley se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministerios, pero ahora comienza el trámite de audiencia e información pública que servirá para perfilarlo, después volverá al Consejo de Ministros y desde aquí se remitirá al Congreso de los Diputados, por eso no está previsto que las Cortes aprueben la ley hasta el segundo trimestre de 2022.

Si la ley se aprobase en el primer mes de ese segundo trimestre de 2022, es decir, en abril (el más optimista de los supuestos), el plazo para elaborar el mencionado registro terminaría en octubre de 2023, mientras que si se aprobara en el tercer mes, es decir, en junio (caso más pesimista que el Gobierno valora), lo haría en diciembre de 2023. Y las próximas elecciones generales en España están previstas para noviembre de 2023, siempre y cuando el actual Gobierno termine la legislatura. De lo contrario, podrían tener lugar antes.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado antes de que la ley vea la luz que la recurrirá ante el Constitucional por intervenir los precios máximos del alquiler. También ha afirmado que derogará todas las "leyes ideológicas" de Sánchez si llega al poder en el próximo ciclo electoral.

El "veto" de las comunidades autónomas

En cualquier caso, y aunque el registro de alquileres obligatorio quedase definido ya este año, otro lastre para este apartado de la ley será que solo podrán beneficiarse de este control de precios de viviendas de grandes propietarios las ciudades que estén en una comunidad autónoma que haya decidido aplicarlo.

La futura ley no tiene ningún tipo de herramienta para obligar a las comunidades autónomas a declarar zonas tensionadas y a controlar los precios en estas zonas, una de las mayores dificultades del proyecto. Las mismas fuentes del Ministerio han insistido en que han sido "milimétricos" con los marcos competenciales del país, y, simplemente, el Estado español no tiene competencias en multitud de aspectos ligados a la vivienda. Su capacidad normativa y regulatoria es muy concreta y limitada.

De esta manera, la ley es más una vía para ofrecer instrumentos a las administraciones territoriales para que aumenten la oferta a precios asequibles y regulen los precios, sobre todo en zonas con mayor tensión, pero no establece qué deben hacer y qué no. Por eso, se prevé que las regiones lideradas por el Partido Popular, que ya ha expresado su rechazo a la norma, no aplicarán estos controles, y, por tanto, tampoco podrán hacerlo las ciudades de esas comunidades autónomas que sí estén de acuerdo con la ley.

Sucederá lo mismo con el recargo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que incluye la ley. Los ayuntamientos ya tenían la posibilidad de recargar el IBI a las viviendas vacías, pero ahora se aumenta ese recargo hasta el 150%, aunque, de nuevo, tan solo se trata de una herramienta que las autoridades locales podrán decidir si aplican o si no.