La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) confía en que Bruselas autorice una nueva prórroga para la concesión de ayudas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobado por el Gobierno en junio de 2020.

Aunque fue dotado con 10.000 millones de euros, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda apenas ha liberado menos de un 15% del mismo (1.347 millones) a través de préstamos ordinarios y participativos a siete compañías: Air Europa (475 millones), Ávoris (320), Plus Ultra (53), Duro Felguera (120), Rugui Steel (25), Tubos Reunidos (112) y Hotusa (241).

"El plazo finaliza el 31 de diciembre, pero la propia Comisión Europea ha hecho una propuesta de ampliación, aunque trabajamos para cumplir lo actualmente aprobado", apuntaba este miércoles en el Congreso la presidenta de la entidad, Belén Gualda. Hace apenas un mes, Bruselas lanzó una consulta a los Estados miembros para sondear la posibilidad de extender el marco temporal relativo a las ayudas estatales al menos seis meses adicionales. De esta manera, se conseguiría llegar hasta el 30 de junio de 2022.

La Comisión debe tomar una decisión tras analizar las observaciones que le hayan remitido sobre su propuesta los Estados miembros. A la espera de esa decisión, el objetivo que tiene en el horizonte el holding público pasa por otorgar en lo que queda de año 800 millones de euros más a un total de 11 empresas, según publicó Cinco Días. De esta forma, conseguiría cerrar el ejercicio con un reparto de 2.000 millones, es decir, un 20% del total. Desde la SEPI declinan comentar el estado actual de los expedientes.

De momento, sí se ha comunicado la contratación de asesores externos de carácter jurídico y financiero que permitirían agilizar la instrucción de los mismos de cara a tomar una decisión. Según trasladó el organismo a mediados de septiembre, se seleccionó a los despachos y consultoras encargados de analizar los rescates de compañías como Técnicas Reunidas (290 millones), Air Nostrum (103), el grupo Areas (120 millones) o el grupo Siro (100).

A mediados de octubre, también comunicaba el trámite para seleccionar los asesores que debían examinar los de eDreams Odigeo (65), Pacadar (32,4), Vicinay Marine (25), Imasa Ingeniería y Proyectos (25) e Ingeniería y Suministros Asturias (25).

69 solicitudes

En total, han sido 69 las firmas que han solicitado la ayuda pública. Y dado que se han concedido siete rescates, quedarían 62 por resolver. Sin embargo, Gualda ha especificado ante la Comisión de Presupuestos que algunas de ellas han renunciado a su solicitud al entender que no cumplen los requisitos de elegibilidad".

Entre las que aún esperan el auxilio coyuntural del Estado, una gran parte pertenecen al sector turístico. Algunas de ellas ya hace más de seis meses que dirigieron su solicitud al organismo. Ese era el plazo inicial que se marcaba la SEPI para dar una respuesta, por lo que la incertidumbre se cierne sobre esos casos ya que en caso de no responder, se entendería como desestimada.

La polémica desatada tras el rescate a la aerolínea Plus Ultra ha hecho al organismo extremar las precauciones a la hora de decidir sobre la concesión de crédito

La polémica desatada tras el rescate a la aerolínea Plus Ultra ha hecho al organismo extremar las precauciones a la hora de decidir sobre la concesión de créditos. Y tanto en ámbitos empresariales como políticos se achaca a este extremo la lentitud en la concesión de las ayudas. Gualda sí ha enfatizado ante el Congreso que el expediente sobre la compañía aérea siguió "exactamente" los mismos procedimientos administrativos que todas las operaciones realizadas por el fondo y que cuenta con todos los informes preceptivos.

Respecto a la falta de información de la que le acusan algunos grupos políticos, la presidenta de SEPI ha recordado que la normativa del Fondo fija el carácter reservado de la documentación sobre los expedientes. Asimismo, ha recordado que la difusión de los datos de las compañías o de sus planes estratégicos, podrían ponerlas en riesgo.

Hace escasos días, la entidad aprobaba un nuevo organigrama y creaba una dirección en el Fondo a cargo de Julián Mateos para el análisis e instrucción de las solicitudes de apoyo financiero público temporal, así como de la coordinación del seguimiento de las ayudas concedidas. Según Gualda, ese seguimiento se realizará durante los próximos siete años, hasta que las compañías reintegren los préstamos concedidos.