La cita clave que este martes se celebraba en el Palacio de la Moncloa para desencallar la crisis entre los dos socios del Gobierno a cuenta de la reforma laboral no ha servido para fijar una posición conjunta entre la ministra de Economía, Nadia Calviño; y la de Trabajo, Yolanda Díaz, sino para volver a pactar lo que, al menos sobre el papel, ya estaba acordado desde 2019: la derogación de la reforma laboral de 2012. Con todo, tanto en uno como en otro lado del Gobierno celebran, en un comunicado conjunto, el "acuerdo" al que se ha llegado este martes en la cita entre PSOE y Podemos a la que ha asistido el propio Pedro Sánchez, y que no ha servido más que para reafirmar el "compromiso" del Ejecutivo de poner punto y final al marco de relaciones laborales aprobado por Mariano Rajoy hace nueve años.

Sin embargo, Moncloa no especifica si se ha llegado a algún tipo de acuerdo sobre las cuestiones clave que estaban tensando las relaciones dentro del Ejecutivo, como la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o la ultraactividad de los convenios. Ni siquiera la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido confirmar si PSOE y Unidas Podemos habían alcanzado un acuerdo en el marco de los supuestos que han desatado una crisis sin precedentes en la coalición gubernamental, justificando su silencio en la "discreción" necesaria para que la negociación, que encara la "recta final", sea un "éxito". "Los contenidos son los que se enmarcan en el seno del acuerdo de coalición", insistía Rodríguez, sin detallar las líneas maestras que presentará el Ejecutivo este miércoles en su cita con los agentes sociales.

La 'cumbre' que este martes se ha celebrado en el complejo presidencial ha servido, por tanto, para acordar que el Gobierno en su conjunto ejecutará la "derogación" de la reforma laboral antes de que finalice el año. Fuentes del Ministerio de Trabajo celebran el paso adelante que ha dado el ala socialista del Gobierno, en tanto que tanto Sánchez como Calviño habían evitado hablar de la reforma laboral en términos de "derogación", refiriéndose a modernizar el mercado de trabajo y la legislación relativa a él, pero sin entrar en su derogación efectiva, como sí había hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"El Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea", rezaba el comunicado, que ponía el foco en la "temporalidad", la "precariedad" y el "desempleo" como las principales anomalías del mercado laboral español producto de la normativa aprobada en 2012 por Mariano Rajoy. En línea con el comunicado, la ministra portavoz ha recalcado que la base del acuerdo final es una negociación "justa y equilibrada", es decir, que todos los agentes sociales estén dentro del acuerdo, no sólo los sindicatos, sino también la CEOE.

Como ya ha explicado este medio, el Gobierno decidió la semana pasada reunirse todos los martes para fijar una postura común con respecto a la reforma laboral. Al mismo tiempo, continúan celebrándose los miércoles las reuniones, que llevan sucediéndose desde marzo, entre Trabajo, empresarios y sindicatos, a las que ahora también asisten otros representantes de otros departamentos, como del Ministerio de Asuntos Económicos, del Ministerio de Seguridad Social y del Ministerio de Educación. A la cita ha asistido también la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que ha dado cuenta a los periodistas posteriormente de una cita "positiva" y "constructiva" para desencallar el acuerdo para la reforma laboral en las próximas semanas.

Al mismo tiempo, todos los martes por la tarde está previsto que se reúnan los secretarios de Estado de los ministerios implicados en la reforma (principalmente, Trabajo, Economía, Hacienda, Seguridad Social y Educación) para preparar las sesiones con los agentes sociales y otra los miércoles para supervisar lo acordado en esas mismas convocatorias. Por otro lado, se mantienen los plazos previstos: aprobar la nueva reforma laboral antes de que termine el año. A eso se ha comprometido el Gobierno con Bruselas y también, a nivel personal, Yolanda Díaz, asegurando que rendirá cuentas si no es así.