El Ministerio de Trabajo y Economía Social no tiene dudas de que buscará recuperar la prevalencia del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa en las negociaciones de la reforma laboral, dando la vuelta a la medida de Mariano Rajoy de 2012 y que habría contribuido, junto a otras partes de esa ley, a impulsar la precariedad entre los trabajadores.
Pese a la diatriba política de los últimos días, las aguas parecen haberse calmado (como preveían en Trabajo) y ahora la postura del Gobierno con respecto a los convenios vuelve a estar clara. No ha sido así desde que Unidas Podemos denunciase el viernes 15 de octubre la injerencia de la ministra Nadia Calviño en las negociaciones de la reforma laboral, que hasta entonces había capitaneado a solas Trabajo.
Economía, por su parte, insistía en que el Gobierno debía fijar una postura común con respecto a esa negociación, puesto que no estaba claro qué quería el Ejecutivo, aunque venía discutiéndose con sindicatos y empresarios desde marzo. Sin embargo, nunca llegaron a explicar en público los motivos de fricción entre ambos ministerios, en qué puntos exactamente estaban en desacuerdo ni qué era lo que perseguía Calviño pero no Díaz.
El asunto se ha resuelto, acusaciones políticas aparte, con una reunión que tuvo lugar el martes al que asistieron el presidente y los ministros de Economía, Trabajo, Seguridad Social, Hacienda y la portavoz del Gobierno (Sánchez, Calviño, Díaz, Escrivá, Montero y Rodríguez) y con la inclusión de una representante de Asuntos Económicos y otro de Seguridad Social en las reuniones que solía mantener solo Trabajo con patronales y sindicatos.
Además de estas dos nuevas incorporaciones, la de la directora general de Política Económica, Elena Aparici, y la del director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, también se ha decidido crear dos reuniones más. A ellas que asisten los secretarios de Estado de los ministerios implicados en la reforma laboral y tienen lugar los martes por la tarde y los miércoles por la tarde, para preparar y después supervisar la reunión con los agentes sociales, que son los miércoles por la mañana.
Pero más allá de esta nueva organización relativa a la reforma laboral, desde el Gobierno no han aclarado cómo exactamente se han calmado las aguas, qué se ha prometido al Ministerio de Asuntos Económicos que antes no figurase en lo planteado (si es que ha habido novedades) o cuál era el problema que ha conseguido resolverse. Ni una palabra sobre ningún cambio en los preceptos que hasta ahora habían marcado la negociación.
De su lado, los sindicatos han insistido en que no permitirán que se dé marcha atrás a nada de lo avanzado durante estos ocho meses que llevan sentándose a discutir medida por medida. Por otro lado, tampoco queda tiempo: el Gobierno solo tiene hasta final de año para pactar y aprobar la reforma laboral. De ello depende la llegada de fondos europeos y en Moncloa no están dispuestos a cambiar el rumbo fijado para que lleguen a tiempo.
La prevalencia de los convenios de sector "figura en el acuerdo de coalición"
En cuanto a la prevalencia de los convenios colectivos de sector frente a los de empresa, uno de los puntos que se presumían calientes entre Calviño y Díaz, desde Trabajo dan por hecho que no se producirá ningún cambio en la hoja de ruta fijada hasta ahora. Por tanto, continuarán buscando recuperar los primeros, como han venido insistiendo desde el principio.
"Pero es algo que figura en el acuerdo de coalición", repiten fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. Y por eso, lo ven innegociable. Así figura en la tercera página del documento (público) Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España que firmaron ambos partidos políticos a la hora de conformar el Gobierno de coalición.
"Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los
convenios sectoriales", recoge el texto, sin atisbo de dudas. Se recoge tal cual en el apartado que reza así: "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos".
Por otro lado, es importante precisar que a la Comisión Europea no se le ha prometido recuperar la prevalencia de los convenios sectoriales ni todo lo contrario. En el componente 23 del Plan de Recuperación, titulado Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, recoge que varias medidas se implantarán en 2021, pero todas de forma genérica, sobre todo la relativa a los convenios.
Entre otras, figuran la simplificación de los contratos (limitando la contratación temporal), la creación de un «mecanismo de flexibilidad interna» que convierta los despidos en la excepción y no la norma, la modernización de la negociación colectiva (en términos, de nuevo, amplios) y la regulación de la subcontratación.
Por ahora, Bruselas ha decidido que no se posicionará sobre qué medidas le parecen mejor o peor hasta que no reciba el informe de Trabajo en el que se desglose qué se va a hacer y cómo. Pero en el Ministerio de Díaz insisten que todas las medidas planteadas en la mesa de la reforma laboral se han hablado previamente con el Ejecutivo europeo y que en ningún momento han puesto ningún tipo de objeción. Diga lo que diga la CEOE y diga lo que diga Calviño.
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