La portavoz de ERC, Marta Vilalta, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, han escenificado este viernes su alianza en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con una comparecencia simultánea en Barcelona y San Sebastián para presentar las enmiendas conjuntas presentadas por los dos partidos. Unas reclamaciones que van desde ampliar la lista de paraisos fiscales al traspaso de la Prefectura de la Policía de Vía Layetana.

"Desde el inicio de la legislatura ERC y Bildu nos coordinamos en aspectos que compartimos" ha destacado Vilalta. La republicana ha insistido en que su partido está "en contra del no a todo" y ha diferenciado en este sentido la actitud de Bildu respecto a la de sus socios de JxCat, con los que no han presentado enmiendas conjuntas.

Sin embargo, Vilalta ha advertido de que el Gobierno "no está siendo consciente de la necesidad que tiene de ganarse estos votos". Ha criticado, en este sentido "decisiones que se están produciendo, como las votaciones para la renovación del Tribunal Constitucional, en la que los intereses políticos entran en un tribunal". Esta votación, ha advertido, "no ayuda" en la negociación presupuestaria.

Traspaso de Vía Layetana

Respecto a las enmiendas pactadas con Bildu, la portavoz en el Congreso, Carolina Telechea, ha destacado el "traspaso y conversión en un museo" de la Prefectura Superior de Policía de Barcelona, que ha tachado de "imprescindible". Junto a ese traspaso, ERC se suma a la reclamación de Bildu sobre el Fuerte de San Cristobal, propiedad del Ministerio de Defensa, cuyo traspaso reclaman al Gobierno Foral de Navarra.

Los dos partidos independentistas reclaman además actualizar el listado de paraísos fiscales, creando una nueva lista conjunta a nivel estatal y europeo "que contemple todos los países con escasa o nula tributación". Exigen, además rebajar el IVA de los productos de higiene femenina al tipo reducido del 4%.

Regulación de interinos

Vilalta ha destacado además el acuerdo alcanzado sobre la estabilización de los interinos en las administraciones públicas "con un papel importante de ERC". Gracias a este acuerdo, ha destacado la republicana, "se producirá el mayor proceso de estabilización en la función publica de la historia y se evitara la pérdida de miles de empleados públicos".

El pasado 4 de noviembre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado superó las siete enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas presentadas y defendidos PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria, gracias a los apoyos de los independentistas catalanes y vascos.

Pedro Sánchez no respiró tranquilo hasta el viernes anterior, puesto que los socios de investidura del Gobierno -ERC, Bildu y PNV- mantuvieron en vilo al Ejecutivo de coalición con la amenaza de presentar sus propias enmiendas a la totalidad. Nacionalistas vascos y catalanes llegaron a un acuerdo in extremis con el Gobierno que, entre otras cuestiones, se saldó con compromisos como el de blindar la cuota de contenidos en catalán en plataformas de streaming o la cesión de la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital para el gobierno vasco.

En ese debate, Gabriel Rufián ya dejó claro que su apoyo a la tramitación de las cuentas del Gobierno no era un "cheque en blanco". Un argumento que repitieron los portavoces de Bildu y PNV para dejar claro al ejecutivo que tendrá que seguir negociando hasta la aprobación definitiva de los PGE, en diciembre, como reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.