El Gobierno ha propuesto a los sindicatos y los empresarios, en el marco de las reuniones sobre la reforma laboral, premiar a las compañías que contraten a trabajadores afectados por los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) permanentes que va a crear. Lo hará con rebajas en las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social por esos empleados.

En concreto, en el borrador que el Ministerio de Trabajo ha presentado esta semana a los agentes sociales, y al que ha tenido acceso este medio, se plantea que las empresas que contraten a trabajadores afectados por los nuevos ERTE tengan derecho a bonificaciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social durante 6 meses, siempre que los empleados tuvieran contratos de trabajo indefinidos y que el ERTE sea de carácter estructural. La única condición sine qua non es que se contrate a estas personas como máximo 30 días después de su fin de contrato en la empresa de origen.

Es decir, que si una compañía reduce la jornada de trabajo de sus trabajadores, o incluso suspende sus contratos (previa autorización de la autoridad laboral) debido a que han tenido lugar cambios estructurales que le han llevado a perder competitividad, y otra contrata a esos empleados, podrá beneficiarse de estas bonificaciones.

La medida está incluida en el documento que detalla cómo serán los nuevos ERTE permanentes, que el Gobierno acaba de bautizar como Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo (hasta esta semana, se hablaba de esta misma figura como Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo o MSE).

El Gobierno pretende así aprovechar la buena experiencia que ha supuesto la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una figura que ya existía en la legislación española pero que en esta crisis ha sido fundamental para evitar cientos de miles de despidos.

Los ERTE ya estaban recogidos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, existían desde hace décadas y se usaron, aunque menos, en la anterior crisis pero en marzo de 2020 se agilizaron los trámites, se protegieron más los derechos de los trabajadores y se incluyeron exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas, algo que no existía salvo excepciones, como explican en Newtral.

Ahora, y en el marco de la negociación de la reforma laboral que el Gobierno se ha comprometido a aprobar antes de que termine el año, Yolanda Díaz viene insistiendo en la creación de esta figura que permitirá mantener el empleo a miles de personas que hoy día se están beneficiando de un ERTE. Ahora mismo, esta figura estará vigente hasta marzo, y después entrará en vigor este otro mecanismo que actualmente se está discutiendo con los sindicatos y los empresarios en la mesa de la reforma laboral.

Planes de recolocación

Por otro lado, y volviendo al nuevo mecanismo, las empresas que activen estos ERTE por causas estructurales deberán llevar a cabo planes de recolocación, de forma obligatoria, que incluyen acciones de formación para posibilitar la contratación de esas personas en otras empresas, medidas de orientación profesional y búsqueda activa de empleo. De lo contrario, es decir, si no se acredita la puesta en marcha de estas acciones formativas, la empresa deberá devolver las exenciones de las que se ha beneficiado.

En la propuesta del Gobierno se recoge también la idea de crear un fondo para sufragar estos nuevos ERTE, similar al fondo de reserva de las pensiones, para atender las prestaciones que necesitarán los trabajadores, las exenciones de cuotas y los gastos de formación. Será el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que lo gestionará y se nutrirá del superávit de ingresos de cotizaciones sociales por desempleo, de los presupuestos generales del Estado y de otros recursos de la Unión Europea.

Aun así, aún el Gobierno y los empresarios y sindicatos deben concretar los detalles. Este jueves, las organizaciones sindicales mantenían que ven muy complicado concretar un mecanismo tan complejo en tan poco tiempo (antes de que termine el año), debido a la gran cantidad de medidas que deben discutir: para conseguir la estabilidad en el empleo, frenar la temporalidad y la precariedad, el fortalecimiento de la negociación colectiva, o las medidas de flexibilidad interna.

También los empresarios han mostrado su rechazo a la propuesta calificándola de «intervencionista» y asegurando que no deja espacio a las empresas para que se puedan adaptar a las diferentes situaciones. Está previsto que las tres partes continúen negociando esta propuesta la semana que viene, en la reunión del miércoles.