Varios centenares de personas se han manifestado este sábado en diversas capitales españolas reclamando que la Constitución recoja expresamente la prohibición de recortar o privatizar las prestaciones de jubilación y han criticado la reforma del sistema que propone el Gobierno, al tiempo que han pedido la dimisión del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado que, "frente a los agoreros", el sistema de pensiones "no va a quebrar" y ha defendido que toca "proteger esta herramienta" y "cumplir el mandato constitucional, que dice que las pensiones han de ser suficientes".

En Madrid, en una marcha convocada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MEBP) que ha discurrido entre los aledaños de la madrileña Puerta del Sol y la plaza del museo Reina Sofía, cerca de Atocha, varios cientos de manifestantes -1.500, según la Delegación del Gobierno- han gritado consignas en contra de Escrivá, del Ejecutivo en su conjunto y de los grandes bancos.

Sara García, portavoz de la Mesa, ha recordado a los medios de comunicación al inicio de la marcha que los cambios anunciados en las pensiones amenazan el sistema público. Por ello, piden al Gobierno que retire su "proyecto de ley de reforma, empobrecimiento y privatización" de las pensiones, y a los grupos parlamentarios que voten en contra de esta reforma, hecha -dicen- "al dictado de la banca y el poder financiero".

Además quieren que en los presupuestos del Estado para 2022 se incluya la revalorización en función del incremento interanual del IPC y equipar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que debe además equipararse al 60 % del salario medio.

En su catálogo de peticiones exigen que se derogen las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012, "que recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales", y que se elimine el llamado "factor de sostenibilidad" y no sea sustituido por ningún otro coeficiente reductor como el mecanismo de equidad intergeneracional.

Igualmente demandan que se vuelva a situar la edad de jubilación en 65 años y que se eliminen los coeficientes reductores de la jubilación anticipada si se han cotizado 40 años.

Consideran que los medios de comunicación difunden "falsedades interesadas" sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, y piden que se garantice el pago de las pensiones públicas a través de los Presupuestos Generales del Estado y no de endeudar más a la Seguridad Social.

Al tiempo, rechazan cualquier medida de fomento de las pensiones privadas y abogan por reforzar y mejorar el sistema de reparto.

Marea pensionista en Barcelona

En Barcelona, unas quinientas personas, según la Guardia Urbana, convocadas por la Marea Pensionista, han protestado por la reforma en una marcha que ha discurrido desde la plaza de Catalunya hasta la de Sant Jaume.

Ramón Franquesa, de la Marea, ha recordado a Efe que en la manifestación se ha reclamado que se mantenga el carácter público del sistema de pensiones español y que se regrese a la norma que fija la edad de 65 años para poder jubilarse.

Igualmente ha pedido que se suban las pensiones más bajas, y que se incremente el importe de las que cobran las mujeres para reducir la brecha de género en este ámbito, que cifra en el 30 por ciento.

"Pensiones dignas" en el País Vasco

En Vitoria, cientos de pensionistas han mostrado su rechazo a las reformas en una marcha en la que uno de los lemas más coreados ha sido "¡Escrivá dimisión¡". Ha habido también movilizaciones en San Sebastián y, por la tarde, en Bilbao.

La movilización de Vitoria, convocada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, ha partido de la plaza del Artium y ha cruzado las principales calles de la ciudad tras una pancarta en la que se reclamaban unas "Pensiones públicas dignas" en euskera y en castellano.

A los ya tradicionales lemas "Ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar", "Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden", se ha sumado de nuevo la petición de dimisión de Escrivá, cuyo proyecto significa "trabajar más y cobrar menos pensión".

Por ello, pide al Gobierno, a los partidos y a las instituciones autonómicas que adopten las decisiones necesarias para atender sus reivindicaciones y que el proyecto de ley sea retirado. Recuerdan que se movilizan por la derogación de las reformas laborales y de las pensiones, por una pensión mínima de 1.080 euros, un salario mínimo interprofesional de 1.200, y por una pensión de viudedad del 100 %, entre otros planteamientos.