El Gobierno está negociando con los sindicatos UGT y CCOO y con las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme la creación de un mecanismo similar a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) pero permanente, que proteja a los trabajadores de los despidos masivos.

Así se está negociando en las reuniones de la reforma laboral, que el Gobierno se ha comprometido a aprobar antes de que termine el año. Los ERTE eran una figura que ya existía en la legislación española desde hace décadas pero que España flexibilizó en marzo de 2020, para sostener a las empresas y trabajadores afectados por la pandemia.

Desde entonces, el Gobierno ha venido prorrogando esos expedientes cada varios meses, cambiando las condiciones que deben cumplir las empresas para beneficiarse de estas ayudas. La última vez que los renovó, en septiembre, se prorrogaron hasta el final del mes de febrero, en lo que será la última ampliación de esta medida.

Después, entrarán en vigor los nuevos ERTE permanentes, que se suman a los ya existentes, los tradicionales, por causas objetivas y fuerza mayor, y que se denominarán Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo (hasta esta semana, se hablaba de esta misma figura como Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo o MSE, pero se ha renombrado).

En un borrador al que ha tenido acceso este medio, el Gobierno ha detallado esta semana a sindicatos y empresarios cómo será este mecanismo. Los detalles están sujetos a posibles cambios conforme avance la negociación, pero lo planteado, por ahora, es lo siguiente.

Se priorizará la reducción de jornada

"La empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo de las
personas trabajadoras o, si esta no resulta viable, suspender los contratos de
trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de
carácter temporal", establece el texto.

Así, el borrador prioriza la reducción de jornada, es decir, que a los empleados no se les suspenda del todo el contrato sino que trabajen al menos algunas horas, aunque ambas medidas sirven igualmente para evitar los despidos. La reducción de jornada puede ser de entre un 10 y un 70% de las horas y en cualquier caso la empresa debe pedir autorización a la autoridad laboral y negociar la medida con los representantes de los trabajadores en la empresa.

Esta opción no solo aplica a los nuevos ERTE (Mecanismo RED), sino también a los ERTE por fuerza mayor y por causas objetivas. En el caso del citado mecanismo hay dos causas, estructurales (cuando se necesita reducir el personal por cambios sectoriales de este carácter) o cíclicas (derivados de una crisis económica, tanto coyuntural como general).

Papel clave de la formación

Las empresas recibirán bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el mecanismo solo si les facilitan formación. Además, también recibirán ayudas para impartir esas acciones formativas.

Pero también existe una cláusula de salvaguarda del empleo: las compañías solo podrán disfrutar de estos beneficios si mantienen los puestos de trabajo de las personas afectadas por el Mecanismo "durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de referencia de aplicación del mismo", es decir, que al igual que en el caso de los ERTE existe la prohibición de despedir.

Reducción de cotizaciones a quienes contraten a afectados

El Gobierno propone a los sindicatos y los empresarios premiar a las compañías que contraten a trabajadores afectados por los nuevos ERTE, con rebajas en las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social por esos empleados.

En concreto, se plantea que las empresas que contraten a trabajadores afectados por los nuevos ERTE tengan derecho a bonificaciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social durante 6 meses, siempre que se les hagan contratos de trabajo indefinidos y que el ERTE sea de carácter estructural. La única otra condición sine qua non es que se contrate a estas personas como máximo 30 días después de su fin de contrato en la empresa de origen.

Una prestación específica

Los trabajadores afectados tendrán derecho a una nueva prestación, diferente al paro que recibían los empleados en ERTE hasta ahora, y podrán elegir si prefieren una u otra ayuda. Equivaldría al 70% de la base reguladora, que será el promedio de los últimos 180 días cotizados, hasta un máximo del 225% del IPREM (es decir, 1.271 euros al mes). Además, es compatible con la realización de otro trabajo a tiempo parcial y no se deducirá la parte proporcional al tiempo trabajado.

"Esta nueva prestación será incompatible con la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo. Las personas trabajadoras que tuvieran derecho a una prestación o subsidio por desempleo podrán optar por percibir la que estimen más favorable", recoge el documento. Mientras se consuma esta prestación no se descontará paro, aunque tampoco tendrá consideración de tiempo cotizado. La prestación durará durante toda la suspensión del contrato.

Plan de recolocación para los afectados

Buscando incentivar la recolocación de los trabajadores afectados por estos nuevos ERTE, se propone que cuando una empresa recoloque a uno de estos empleados en otra compañía deberá pagar al FOGASA el 50% de lo que le habría pagado como despido improcedente.

En caso de ser despedido, este empleado recibiría del FOGASA la indemnización por despido improcedente que habría tenido derecho a cobrar de la anterior empresa, aunque haya suscrito un contrato nuevo, con nuevas condiciones, en la nueva compañía. La idea ha sido entendida por muchos como una "mochila austriaca".

"Nos oponemos a cualquier intento de introducir, aunque sea tímidamente, la mochila austriaca, porque entendemos que abarata el despido. Nos oponemos a que esto pudiera ser una antesala del despido", apuntaron desde UGT.

Fondo RED para pagar las prestaciones

En la propuesta del Gobierno se recoge también la idea de crear un fondo para sufragar estos nuevos ERTE, similar al fondo de reserva de las pensiones, para atender las prestaciones que necesitarán los trabajadores, las exenciones de cuotas y los gastos de formación. Será el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que lo gestionará y se nutrirá del superávit de ingresos de cotizaciones sociales por desempleo, de los presupuestos generales del Estado y de otros recursos de la Unión Europea.

Duración: dos años como máximo

Los expedientes Mecanismo Red podrán durar como máximo un año, si se acuerda con los trabajadores, o de seis meses si no es así. Si es por causas estructurales, se pueden solicitar hasta dos prórrogas de seis meses cada una, es decir, pudiendo llegar a los dos años.

En cualquier caso, el Gobierno, los sindicatos y los empresarios aún deben concretar los detalles de esta iniciativa, que el Ejecutivo desea consensuar con estas dos partes. Pero aún existe cierta desconfianza a que el Mecanismo salga hacia delante, dado que los interlocutores se han opuesto esta semana a la idea.

Los empresarios argumentan que no deja espacio para que las compañías puedan adaptarse a las diferentes situaciones, y los sindicatos creen que se trata de un mecanismo demasiado complejo como para poder concretarlo en lo que queda de año, máxime, con el resto de asuntos que las partes tienen encima de la mesa relativas a la reforma laboral.