El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llegado este lunes a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, pero sin los empresarios de CEOE y Cepyme, sobre la nueva fórmula que garantizará la sostenibilidad del sistema de pensiones, y que ha bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).

Si la semana pasada Seguridad Social planteó subir las cotizaciones 0,6 puntos porcentuales (es decir, aumentar así la cuota que empleados y empleadores pagan al Estado de su sueldo mensual) para así sufragar las pensiones de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia de España, este lunes el Gobierno ha propuesto que esa subida de las cotizaciones sea gradual entre 2023 y 2035, desde los 0,2 puntos hasta los 0,6, para después volver al planteamiento inicial.

"Supone un colchón de seguridad, de holgura al sistema, para poder abordar las décadas más complicadas", ha manifestado el ministro en una rueda de prensa, en relación a la jubilación de esta generación. "Posteriormente volverá a estar en una situación mucho más valorable", ha asegurado.

Así, finalmente se ha decidido reactivar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social aportando 0,6 puntos porcentuales más entre 2023 y 2032, "con la misma distribución que en las cotizaciones sociales", según ha informado el Ministerio en un comunicado enviado a los medios de comunicación. Además, se ha pactado que si a partir de 2033 se previera que el gasto va a desviarse de lo previsto, se usará ese fondo, pero si no fuese suficiente, "el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo" de una propuesta que reduzca el gasto en pensiones o incremente el tipo de cotización, u otras fórmulas.

Aunque el Gobierno aún no ha informado de esta parte, los sindicatos sí han confirmado que esta subida de las cotizaciones la asumirá mayormente la empresa. En concreto, del alza de 0,6 puntos las empresas asumirán 0,5 y el trabajador un 0,1.

El departamento de José Luis Escrivá se había dado de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar (y pactar, o no) con los agentes sociales este mecanismo, de manera que tuviese así tiempo de aprobarlo en el Congreso antes de que termine el año, como ha prometido a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación.

Sin embargo, no era un requisito que ambas partes le dieran el visto bueno y finalmente el Gobierno solo ha conseguido sumar a los sindicatos UGT y CCOO. Las organizaciones sindicales han visto con buenos ojos la idea de Escrivá, ya que, aseguran, prefieren un incremento de los ingresos (lo que pagan los trabajadores en cotizaciones) a un recorte de las pensiones.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado esta mañana que los empresarios se estén quedando fuera del acuerdo, mencionando que desde 1982 estos han visto rebajadas las cotizaciones sociales cuatro puntos "por la cara y nadie protestó", por lo que subir ahora 0,6 puntos porcentuales "no debe ser ningún escándalo y debe ser asumido".

La CEOE, no obstante, ha rechazado la propuesta del Gobierno al considerar que «es insuficiente, que no garantiza el equilibro del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad». «Aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones», ha argumentado.

El contexto demográfico hacía imprescindible modificar el sistema para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, ha sostenido el Gobierno. En este momento están a punto de jubilarse los baby boomers, la generación más numerosa de la historia del país, nacidos entre finales de los cincuenta y finales de los setenta.

La nueva fórmula sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado por Mariano Rajoy, el mecanismo usado hasta ahora y que el Gobierno, los sindicatos y los empresarios decidieron derogar el pasado mes de julio. El método ya derogado recortaba las pensiones en base a la esperanza de vida, lo que provocó las quejas de los jubilados y también la promesa de Pedro Sánchez de que encontraría una nueva vía.