La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido este martes que será "muy difícil" conseguir que los empresarios den su visto bueno a la reforma laboral que el Gobierno se ha comprometido a aprobar antes de que termine el año, pero al mismo tiempo ha insistido en que se está trabajando en ello.

"Es difícil, es muy difícil, y el problema está en la temporalidad, porque nunca se ha abordado en toda la democracia española", ha explicado Díaz. "Vamos a cambiar el paradigma de la contratación, no es una cosa menor, sabiendo que nuestro país tiene sectores estacionales, pero técnicamente es posible garantizar la estabilidad en el empleo con la estacionalidad", ha defendido.

La ministra ha rechazado entrar a valorar qué implicaciones tiene que los empresarios rechazasen sumarse ayer al acuerdo de pensiones. Gobierno y sindicatos pactaron una nueva fórmula que sostendrá el sistema, bautizada como mecanismo de equidad intergeneracional, y que implica subir las cotizaciones durante 10 años para conseguir sufragar la jubilación de la generación más ancha de la historia de España, la del baby boom.

Sin embargo, Díaz sí ha recordado las palabras de una de las representantes de la CEOE en la mesa de negociación en las que admitió que el reto de la transformación del mercado laboral "es alto y complejo, pero no imposible". A la vez ha asegurado que tanto sindicatos como empresarios "se están dejando la piel" en la negociación y que "le gustaría" que saliera un acuerdo a tres bandas.

Esta semana, las reuniones entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y los empresarios de CEOE y Cepyme sobre la reforma laboral se amplían a dos, una el miércoles y otra el viernes, buscando acelerar así la negociación, ya que la ley debe estar aprobada antes de que haya finalizado el año y a ello se ha comprometido personalmente la ministra Díaz.

Un plan para reforzar la Inspección de Trabajo

En la misma rueda de prensa, Yolanda Díaz ha anunciado un plan para reforzar la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. "Vamos a reforzar todas y cada una de las plantillas en todas las escalas de la Inspección de Trabajo", ha afirmado, recalcando que a día de hoy este departamento "tiene sus capacidades bastante limitadas".

"No basta con tener nuevas normas, sino que hay que garantizar que las normas se cumplan", ha reforzado, incidiendo en que este organismo es una "pieza central del Estado social de derecho y garantía de la protección de los más débiles". Sin embargo, la ministra no ha concretado a cuántas personas se contratará y desde su departamento han apuntado a este medio que aún no se ha determinado.

"Estamos anticipándonos a los problemas que podamos encontrarnos,
no estamos actuando cuando el daño está hecho, sino que nos anticipamos a cualquier posibilidad de fraude masivo que pueda existir", por lo que, ha insistido, esta decisión "cambia el paradigma de la Inspección de Trabajo tal y como la conocemos hoy".

La ministra ha presumido de que en 3 meses se ha conseguido convertir en indefinidos 67.000 contratos de trabajo cruzando los datos de los contratos temporales con una duración mayor a 24 meses, que es lo que indica la ley.

Dos nuevas oficinas: contra la discriminación y la lucha contra el fraude

Díaz también ha destacado que ahora "por primera vez en la historia" la Inspección de Trabajo cuenta con un presupuesto propio y que el Gobierno de Sánchez ha aumentado las cuantías que le competen un 20% desde que accedió al poder. El Gobierno creará dos nuevas grandes oficinas, una de lucha contra la discriminación y una de lucha transnacional contra el fraude.

La primera contará con nuevos perfiles y personal específico, buscando evitar discriminaciones desde la entrada al mercado laboral hasta el fin de la vida laboral. Díaz ha puesto el ejemplo de una mujer mayor de 45 años, perteneciente a algún colectivo LGTBI: "su posibilidad de entrada al mercado laboral español es ninguna", ha asegurado. "Más allá de los 45 años el mercado de trabajo español expulsa a los trabajadores o trabajadoras, bien porque no deja acceder, o porque cuando están incorporados busca fórmulas para expulsarlos", ha lamentado.

La segunda en cambio dirigirá su mirada a la Unión Europea pero también a América Latina y a "todo lo que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", en un momento en el que el mercado de trabajo cada vez es más global, lo que afecta a algunos sectores especialmente como a la agricultura. La oficina se centrará en la detección de empresas buzón, aquellas que no tienen actividad real en el país de origen, en este caso España, pero que operen en otros países de la Unión Europea, o viceversa.