Uno de los objetivos más importantes del Gobierno con la reforma laboral es conseguir limitar los contratos temporales que suponen la mayoría de los que se firman en España. Según los últimos datos conocidos, en octubre en España se formalizaron 1,9 millones de nuevos contratos y solo uno de cada diez tenían carácter indefinido.
La situación es aún más sangrante si se acerca la lupa a la letra pequeña de estos trabajos: uno de cada cuatro dura menos de una semana, lo que muestra que multitud de empresas rotan a su plantilla con contratos temporales de corta duración, por ejemplo, de lunes a viernes, lo que les permite ahorrarse las cotizaciones sociales durante los fines de semana.
Así, se obtienen cifras como la que sigue: el 31 de agosto se destruyeron 290.000 empleos, un dato que no se había alcanzado en años y que también muestra el abuso de los contratos temporales en España. Es algo que sucede en términos generales pero que se acentúa en verano, meses típicos por los empleos de corta duración, sobre todo ligados al turismo.
En total, la tasa de temporalidad en el mercado laboral español es del 25%, algo por debajo en el sector privado (alrededor del 23%) y superior en el público (cerca del 30%), según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España es el país con más temporalidad del empleo de toda la Unión Europea, con, además, tasas muy por debajo en países del entorno como Francia e Italia (15%), Alemania, Bélgica y Grecia (10%).
A más edad, menos contratos temporales
Pero, ¿a quiénes afecta principalmente este abuso de los contratos temporales? Un estudio publicado esta semana por ManpowerGroup apunta claramente a los jóvenes de entre 16 y 34 años, franja de edad en la que la tasa de temporalidad alcanza el 70%. En un colectivo con un gran problema estructural de desempleo joven, quienes sí trabajan tienen, en su inmensa mayoría, contratos inestables.
Mientras, el grupo de edad de entre 35 y 66 años sufre una tasa de temporalidad mucho más reducida, del 19%. Los datos muestran que la situación mejora cuando son más adultos. La temporalidad de los jóvenes entre 25 y 29 años es del 44%, y la de los que tienen entre 30 y 34 es del 30%, hasta llegar a reducirse diez puntos más a partir de esa edad.
A la vez, los jóvenes tienen un menor peso entre los trabajadores públicos, con solo uno de cada diez entre 16 y 34 años presente en este sector, frente a los dos de cada diez en el grupo de entre 35 y 66 años (9% frente al 18%). En contraposición, ellos están menos presentes en el mundo de los autónomos: solo el 9% lo son, frente al 17% de los mayores de 35.
En cuanto al desempleo, la tasa de paro de este grupo supera el 38%, frente al 23% para los de 25 a 29 años y el 17% para los de 30 a 34. Además, es más alta en las mujeres que en los hombres y en los inmigrantes que en los nativos. En un escenario planteado por Manpower, el pleno empleo joven podría conseguirse en 2030 si (5% de desempleo) si el crecimiento del trabajo se acelerara hasta el 1,9% anual, creándose más de 800.000 empleos para los jóvenes. Sin cambios, el estudio señala que el empleo de los jóvenes crecerá a un ritmo del 0,3% anual, creándose solo 100.000 puestos de trabajo para este colectivo y situándose su tasa de desempleo (de nuevo, 16-34 años) en 2030 cerca del 17%.
La reforma laboral limitará los contratos temporales
A la vista de los datos que arrojan las oficinas de empleo, y de la brecha entre España y el resto de países de la UE, el Gobierno quiere limitar los contratos temporales, de manera que el indefinido sea el ordinario a la hora de incorporar trabajadores. Para eso está planteando diferentes medidas en las reuniones sobre la reforma laboral que está manteniendo con los sindicatos UGT y CCOO y los empresarios de CEOE y Cepyme. El objetivo es aprobar la nueva legislación antes de que termine el año, y así se ha prometido a la Comisión Europea.
Por ahora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha planteado limitar los tipos de contratos a tres y sobre todo poner coto a los temporales, que abarcarían dos, solo para cubrir bajas de trabajadores o picos de demanda, es decir, un tipo de contrato por razones de carácter productivo y otro tipo por razones de carácter organizativo. El primero serviría para atender incrementos de la actividad de la empresa no previsibles, y el segundo, para sustituir a trabajadores que tienen derecho a mantener su puesto. No existirá la modalidad de obra o servicio.
Sin embargo, esta semana, según informan fuentes sindicales, el Ejecutivo decidió mostrarse más flexible. En su propuesta, planteó unos topes para la utilización de contratos temporales según el tamaño de la empresa y con un ajuste mayor para el sector de la agricultura. Además, introdujo la posibilidad de que se hagan contratos temporales en las actividades ocasionales con un máximo de tres meses.
Los empresarios defienden que limitar este tipo de contratos lastraría el empleo, en un momento clave para la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. Mientras, los sindicatos ven con buenos ojos los planteamientos de la vicepresidenta y apoyarán las medidas que busquen tanto limitar la temporalidad y la precariedad laboral como, en general, que persigan derogar la reforma laboral que Mariano Rajoy aprobó en 2012.
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