El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que impulsará los planes de pensiones de empresa, según ha anunciado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata de un sistema complementario de la pensión pública que prácticamente no se utiliza en España.

El ministro ha explicado que estas pensiones complementarias supondrán
"un salario diferido" porque las contribuciones a estos planes complementarios de pensiones "son un salario que se obtendrá más adelante".

A la vez, ha remarcado que hasta ahora la oferta se ha orientado a los planes individuales, que son "un producto caro y de los que se han beneficiado las rentas altas y muy altas", por lo que, con la medida, se busca que el beneficio fiscal realmente se oriente a ciudadanos con rentas medias, "trabajadores que hasta ahora no tenían la posibilidad acceder a planes empleo".

La medida verá la luz antes del final del segundo semestre del próximo año, y las gestoras se seleccionarán mediante concurso público, garantizando el Estado que las comisiones sean "muy bajas", aunque no han concretado dónde se situará el límite.

Este periódico ya publicó que la intención del Ejecutivo era aprobar este impulso a los planes de empresa a través de un fondo público antes de que terminase el año y llevar a cabo su tramitación parlamentaria en el segundo trimestre de 2022, porque se comprometió en los presupuestos generales del Estado de 2021.

Por eso, Seguridad Social decidió arrancar la negociación de los planes de pensiones de empresa con los sindicatos y los empresarios hace unas semanas. Los primeros consideraron esta iniciativa una manera "poco comprensible" de "enfangar las cosas", al abordarse en un momento en el que estaba pendiente negociar el mecanismo de equidad intergeneracional necesario para sostener el sistema de pensiones.

Antes de negociar, acordar y aprobar cómo se impulsarán estos planes de pensiones de empresa, el Gobierno ya ha incluido en los presupuestos generales del Estado de 2022 una gran reducción de la aportación deducible a los planes de pensiones individuales. 

En concreto, ha rebajado las aportaciones máximas deducibles en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) hasta los 1.500 euros anuales, mientras que en los anteriores PGE ya se redujo de los 8.000 euros anuales a los 2.000.

Al mismo tiempo, se ha aumentado el máximo deducible a los planes de empresa hasta los 8.000 euros, justificándose en que los planes privados se consideran regresivos y solo beneficiosos para las rentas altas. Actualmente, solo dos millones de personas cuentan con planes de empresa en el país, y el objetivo del Gobierno es que lleguen al 80% de la población activa, es decir, unos 11 millones de trabajadores, en 2030.