Las organizaciones empresariales del transporte por carretera mantienen convocado el cierre patronal de tres días previsto entre el 20 y el 22 de diciembre. Tras una primera reunión con el Ministerio de Transportes la semana pasada, esperan una propuesta formal para evitar el cese de la actividad de un sector estratégico en plenas fiestas navideñas.

Al calor de la reivindicación empresarial, las organizaciones sindicales también han abierto su propio frente y amenazan con movilizaciones si no se atienden los conflictos sociales que afectan a los camioneros. Desde Comisiones Obreras (CC.OO) reclaman una mesa tripartita en la que buscar solución a las condiciones de trabajo en un sector muy atomizado y aquejado de falta de relevo generacional.

Desde el Ministerio confían en poder reconducir la situación y evitar la paralización del transporte de mercancías por carretera con la que amenazan las organizaciones empresariales y los sindicatos. De momento, trabajan en una propuesta capaz de colmar las reivindicaciones de los empresarios. Sin embargo, la titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, avisaba hace unos días de que algunas de las demandas escapan de sus competencias.

El debate gira fundamentalmente en torno a cuatro grandes ejes. Por un lado, las empresas del transporte piden medidas para atajar el alza desbocado de los costes del combustible. También exigen que la carga y descarga por parte de los camioneros quede completamente prohibida y que se establezca una red de áreas de descanso seguras y vigiladas. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso es la intención del Gobierno de establecer a partir de 2024 un sistema de pago por uso en las vías de alta capacidad para financiar su mantenimiento.

La reivindicación de las áreas de descanso parece ser el punto más fácil de cumplir, gracias a la financiación europea. Pero en tanto en el tema de la fluctuación de precios del combustible como en el de la prohibición de la carga y descarga por parte de los chóferes, el Gobierno se muestra más partidario de dejarlo al albur de las partes implicadas.

En el Ejecutivo no terminan de ver factible la posibilidad de imponer el carácter obligatorio de las cláusulas de revisión de precios del gasóleo ni la prohibición de que los conductores suban y bajen las mercancías de los vehículos. Pero las empresas del sector aseguran que o se prohíbe de manera tajante, o están vendidas.

No en vano, el 85% de las empresas del sector cuentan con 3,5 camiones de media, según las estadísticas del Ministerio. "¿Qué pueden negociar con un cargador? O pasas por el aro o estás fuera", exclama Dulsé Díaz, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

En cambio, desde CCOO denuncian que "las empresas cargadoras y transportistas, con la finalidad de ahorrar costes y puestos de trabajo, (carretilleros, mozos de almacén), sobrecargan a las y los conductores tareas que no les pagan".

Sin relevo generacional

Respecto a puntos como este, los sindicatos exigen que se cuente con ellos a la hora de debatir sobre los problemas que afectan a un sector cuya medida de edad está por encima de los 50 años. "La gente joven ya no quiere entrar al sector por las condiciones laborales que hay. El relevo generacional comienza por tener condiciones dignas de trabajo", remarca Francisco Vegas, secretario general del sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO.

Aunque coinciden en alguna de las reivindicaciones planteadas por las organizaciones empresariales, remarcan que su movilización no será paralela al cierre patronal en caso de que se secunde. Antes de comunicar su calendario de protestas, esperan una contestación por parte del Ejecutivo, con quien tienen previsto reunirse la próxima semana. "El Gobierno puede hacer mucho y está en su mano. La mesa tripartita es la herramienta necesaria", añade Vegas.

Su objetivo fundamental es poner sobre la mesa el debate de las condiciones laborales de los camioneros. Sobre las áreas de descanso seguras, piden contar con las instalaciones adecuadas para garantizar su descanso. Ahora mismo, aseguran verse expuestos a robos de la mercancía y pésimas condiciones para dormir o asearse durante el tiempo que pasan fuera de casa.

También critican la devaluación salarial de las últimas décadas, el incumplimiento de los convenios colectivos, la sobrecarga de trabajo de los conductores o la laxitud en los controles por parte de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Asimismo, reclaman mejorar la jubilación anticipada de los conductores o una mayor vigilancia de los tiempos de conducción y descanso por parte de las autoridades. 

La guerra de los nuevos peajes

Sobre el pago por uso de las autovías que rechaza la patronal, fuentes conocedoras de las negociaciones cifran en 355 millones lo que las empresas del transporte por carretera se están ahorrando gracias a la no renovación de las concesiones en varias autovías de peaje y las bonificaciones de la AP-9 ejecutadas por el Gobierno en los últimos años.

Sin embargo, las organizaciones empresariales recuerdan que el anterior equipo de Transportes, con Pedro Saura como secretario de Estado, se comprometió a no implantar ningún nuevo sistema de peajes sin contar previamente con el consenso del sector. Desde el Ejecutivo, en cambio, aseguran estar trabajando aún en definir un modelo que posteriormente será presentado a los actores afectados y sobre el que podrán presentar sus alegaciones.

Coincidiendo con el episodio de alta tensión de las empresas del transporte por carretera, el Gobierno anunció su decisión de transferir 400 millones de euros a las Comunidades autónomas para subvencionar la renovación de la flota del transporte profesional por carretera para impulsar la descarbonización del sector.