El Gobierno ha trasladado un nuevo documento a los agentes sociales en el marco de la reforma del mercado laboral en el que propone multar a las empresas con entre 1.000 y 10.000 euros por cada trabajador que contraten en fraude de ley, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

Esta medida, reclamada por UGT en la mesa de negociación, implica modificar y endurecer la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) cuando las empresas incumplan la legislación sobre contratación.

El vicesecretario general de UGT, Mariano Hoya, ha explicado hoy mismo en una rueda de prensa en Extremadura que el Gobierno les hizo llegar anoche mismo un nuevo documento en el que contemplaba precisamente un endurecimiento de las multas a las empresas por contratación en fraude de ley, tal y como había solicitado UGT como medida para combatir la excesiva temporalidad del mercado laboral.

El texto del Gobierno contempla también importantes demandas sindicales, como la recuperación de la 'ultraactividad' y la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa, dos elementos que, para Hoya, justificarían "absolutamente" que UGT firmara el acuerdo con el Gobierno.

El representante de UGT reconoce que la propuesta del Ejecutivo no implica una derogación total de la reforma laboral de 2012, pero sí contiene elementos importantes que harían que el acuerdo, si se produjera, fuera "trascendente e histórico".

En este nuevo documento el Gobierno ha reformulado el llamado Mecanismo RED que sustituirá en la legislación ordinaria a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de pandemia, eliminando los elementos que permitían el tránsito al despido o la percepción de indemnizaciones a través del Fondo de Garantía Salaral (Fogasa), según las mismas fuentes.