Las empresas de transporte de mercancías por carretera rechazan la propuesta remitida por Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y amenazan con que el cierre patronal anunciado para los días 20, 21 y 22 de diciembre pueda endurecerse y llegar a convertirse en indefinido.

Tras la reunión celebrada este jueves con la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera, los representantes del sector presentes en el Comité Nacional del Transporte por Carretera reclaman que el Ejecutivo les haga una nueva oferta que colme sus expectativas. En cambio, aseguran percibir "falta de voluntad de llegar a un acuerdo por parte del Gobierno".

"En caso de no estimarse suficiente [la nueva propuesta], puede suponer un endurecimiento de las condiciones del paro, que podría convertirse en indefinido", avisa la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) en un comunicado.

Durante la reunión de este jueves, el Presidente del CNTC, Carmelo González Sayas, ha transmitido a los responsables del Ministerio el acuerdo adoptado por el pleno de este organismo celebrado este miércoles, de "rechazar íntegramente" el documento propuesto por considerar que, "no solo no responde a lo solicitado por el sector, sino que incluso es más restrictivo que el compromiso asumido el 23 de julio por el anterior secretario de Estado, Pedro Saura".

Según denuncian, en el texto remitido por el Ejecutivo a principios de semana "no se da respuesta adecuada a cuestiones como la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga; reducción tiempos de espera; aplicación obligatoria cláusula de revisión precio del gasóleo; devolución importes atrasados del céntimo sanitario; no aplicación de la Euroviñeta y resto de puntos reivindicados desde hace años".

Aunque desde el Gobierno sí consideran que el paquete de medidas trasladado tenía "avances significativos", aseguran que los representantes del sector no han querido bajar al detalle de las mismas. En este sentido, las patronales no parecen estar de acuerdo con el instrumento jurídico para canalizar algunas de ellas.

Según las estimaciones de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), "el encarecimiento del precio del carburante ha supuesto a los 100.000 transportistas que operan en España un sobrecoste cercano a los 2000 millones de euros adicionales". Asimismo, denuncian que "en la mayoría de los casos no han podido repercutir en sus tarifas que perciben de sus clientes cargadores, que al contrario cada día actúan de forma más abusiva imponiéndoles condiciones de trabajo penosas e indignas en la actual situación".

Por otro lado, las empresas del sector también han acordado impugnar judicialmente el Real Decreto aprobado el 16 de noviembre por el que se conceden ayudas para la transformación de flotas, por entender que "es gravemente discriminatorio para el transporte de mercancías, cuando se niegan ayudas a este sector que se conceden a otros vehículos impulsados por idénticas energías para otras áreas de transporte".