El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de empleo, en primera vuelta, que busca convertir el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la nueva Agencia Española del Empleo. Uno de los objetivos de este cambio es conseguir unificar todos los puestos vacantes a nivel nacional en una misma plataforma controlada por el Estado.

Se trata de uno de los compromisos que España adquirió con Europa para conseguir recibir los fondos europeos para la salida de la crisis del Covid-19. Por eso, las líneas generales de la medida se detallan en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (reforma 11, Digitalización del SEPE para su modernización y eficiencia).

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron este jueves, en una rueda de prensa celebrada para detallar la ley, que se pretende crear "un paralelo a la Agencia Tributaria en materia de empleo" que prácticamente consistirá en el fin del SEPE. A la vez, que se trata "de un cambio de enorme envergadura en el régimen jurídico" pero que permitirá al ciudadano contar con un elemento mucho más útil, porque contará con mayor flexibilidad de gestión.

Así, la nueva agencia de empleo contará con un expediente laboral único que funcionará de forma similar a como lo haría un historial médico de un ciudadano que pudiera ser consultado por la Administración a nivel nacional, pero también a nivel autonómico y local, desarrollaron las mismas fuentes. Busca, de esta manera, hacer frente a las trabas que el régimen autonómico supone para la búsqueda de empleo.

Cualquier empresa o administración va a tener que comunicar a esa agencia las ofertas de empleo"

yolanda díaz, ministra de trabajo

"Una de las grandes deficiencias que tenemos en la actualidad es que no hay un sistema único respecto a las ofertas de empleo que tenemos en el país", ha recalcado también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

"Cualquier empresa o administración va a tener que comunicar a esa agencia la oferta de la que se disponga. De una manera simple, una visualización, podremos conocer cuáles son las ofertas que se están propiciando en el conjunto del país", ha apuntado.

Además, contará con una gran base de datos dotada de inteligencia artificial, que estará "al servicio de las personas", de desempleados a trabajadores en medio de un proceso de recualificación y también personas que por primera vez buscan acceder al mercado de trabajo. Esta herramienta permitirá a los orientadores conocer con facilidad qué debe aconsejar al demandante de empleo en base a la experiencia de otras personas en todo el país.

Un portal de vacantes público

Con la nueva ley, que inicia ahora su "primera vuelta", el sistema nacional de empleo "tendrá que ser informado de todas las vacantes que haya en las empresas", explicaron en el Ministerio, con el "objetivo de generar un gran portal de información en el empleo". Trabajo no busca interferir en el proceso de búsqueda de candidatos de las empresas, sino más bien conseguir, de una vez, saber cuántos puestos vacantes hay en el país.

Asimismo, esta iniciativa permitirá al Gobierno conocer qué buscan exactamente los empresarios, en base a la descripción que estos hagan de las personas que necesitan. Esa información servirá a la gran base de datos estatal, para enriquecerla, y, a su vez, a los demandantes de empleo y formación.

Trabajo no ha planteado multas de ningún tipo o sanciones para las empresas que no comuniquen sus vacantes, confiando en que las compañías serán "las primeras interesadas" en dar a conocer sus ofertas de trabajo. "A las empresas les va a venir bien", afirmaron.

La financiación para el total de medidas planteadas, que planean desarrollarse de aquí a 2024 -puesto que ese es el compromiso con Bruselas- se obtendrá del presupuesto ya destinado a las políticas activas de empleo en los Presupuestos Generales del Estado (7.500 millones), de la dotación presupuestaria para el SEPE y de los fondos europeos.

Además, las mismas fuentes han apuntado que se prevé contar con 7.000 tutores u orientadores que atiendan a un millón de personas, tal y como también está comprometido con la Comisión. Actualmente hay 3.000 orientadores de este tipo. Desde el Ministerio han aclarado que no se plantea la contratación de nuevo personal para este fin.