Las empresas de la provincia de Málaga han sido sancionadas a pagar 2,7 millones de euros por haber cometido fraude con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el mecanismo ya contemplado en la ley española que se flexibilizó con el estallido de la pandemia buscando que las compañías no despidiesen a sus trabajadores por la crisis.

Málaga se sitúa así como la segunda provincia de España que más debe pagar por fraude en los ERTE, solo por detrás de Madrid, con multas por valor de 2,8 millones en total. La cifra de Málaga está por encima de las multas de toda Cataluña, con 2,6 millones; de Canarias, con 1,7 millones; de Aragón, con 1,5 millones; de toda Castilla y León, 1,3 millones y de toda Castilla La Mancha, 1,2 millones. La única comunidad autónoma que supera en multas a Málaga, además de la Comunidad de Madrid, es la Comunidad Valenciana, con infracciones por un importe de 3,2 millones.

Son datos que El Independiente ha obtenido a través del Portal de Transparencia. Este medio había solicitado también conocer la identidad de las empresas que han sido sancionadas por la Inspección de Trabajo por haber cometido fraude o irregularidades con los ERTE, así como el importe de las multas impuestas a cada una de ellas, pero en su respuesta el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha evitado contestar esta parte.

Que el importe de las multas impuestas a Málaga sea, en total, muy superior al resto de provincias no se debe a que haya contado con más trabajadores en ERTE que el resto, en comparación. Por ejemplo, en relación con Madrid, Málaga ha contado desde que estalló la pandemia con una quinta parte de los trabajadores en ERTE registrados en la provincia de la capital.

Su máximo lo alcanzó en abril de 2020, con 123.000 trabajadores en ERTE. Después, se redujeron progresivamente hasta volver a subir en enero de 2021, hasta los 42.000, para, entonces sí, volver a disminuir mes a mes hasta llegar a los 8.000 con los que contaba en septiembre de 2021, su mínimo desde que arrancó la crisis del Covid.

En contraposición, Madrid en abril de 2020 llegó a tener 611.000 trabajadores en ERTE, y no bajó de los 100.000 hasta abril de este año (95.000). En septiembre, fecha de los últimos datos disponibles, contaba con 43.000 empleados con sus jornadas reducidas o suspendidas por estos mecanismos.

Estas abultadas multas tampoco pueden explicarse porque en la campaña de lucha contra el fraude en los ERTE se hayan llevado a cabo más inspecciones en Málaga frente a otras provincias. En Cádiz se generaron de marzo de 2020 al pasado septiembre 1.372 actuaciones, número muy similar al de Málaga (1.476), también parecido al de Sevilla (1.606). Sin embargo, el total de las multas impuestas en Málaga casi cuadruplica al de Sevilla y triplica al de Cádiz.

Las empresas malagueñas, con multas más cuantiosas que las madrileñas y barcelonesas

De media, las empresas malagueñas tuvieron que pagar 8.800 euros, ya que se detectaron 305 infracciones en la provincia. En esa línea, las gaditanas tuvieron que pagar menos, 3.600 euros de media; las madrileñas, 4.800; las alicantinas, 4.900, y las barcelonesas, 4.100 euros.

Son datos, de nuevo, que ha aportado el Ministerio de Trabajo sobre las empresas que, habiendo presentado ERTE, la Autoridad Laboral de sus comunidades autónomas ha solicitado informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).

En total, la Inspección ha generado 42.615 actuaciones en esta línea, de las cuales 34.591 ya han sido finalizadas. La comunidad en la que se han llevado a cabo más ha sido Andalucía, con 7.417; seguida de Cataluña 4.670. Las demás que más inspecciones han acumulado han sido Comunidad Valenciana, con 4.574; Galicia, con 2.727 y País Vasco, con 2.711.

Del lado de número infracciones cometidas, Andalucía vuelve a liderar la tabla, con 1.040; seguida de Comunidad Valenciana, con 728; de Cataluña, con 599; de Madrid, con 579; de Canarias, con 441; y de Galicia, con 433. La que menos ha sido La Rioja, con 19, seguida de Cantabria, con 34, sin contar con las ciudades autónomas de Ceuta, con 15, y Melilla, con 31.

En esta línea, la ministra Yolanda Díaz anunció la pasada semana un plan para modernizar la Inspección de Trabajo, asegurando que se reforzarán las plantillas en todas las escalas porque este departamento a día de hoy "tiene sus capacidades bastante limitadas". «No basta con tener nuevas normas, sino que hay que garantizar que las normas se cumplan», insistió Díaz, aunque aún desde su departamento no pueden determinar a cuántas personas se contratará para ello.