Los inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social han decidido que no pueden más y han anunciado que irán a la huelga en marzo si el Ministerio no les da antes soluciones. El colectivo denuncia que cada día se le exige una mayor carga de trabajo conforme aumentan los trabajadores en el país, mientras que su cuerpo cuenta con menos efectivos incluso que antes de la crisis de 2008.

A la vez, critican que el Gobierno esté anunciando que intensificará las labores de la Inspección de Trabajo -lo proclamó Yolanda Díaz en noviembre, tras un Consejo de Ministros- sin ningún tipo de refuerzo de la plantilla, en un momento en el que lo consideran imprescindible porque la situación es insostenible, pero también de cara a que las empresas cumplan con la nueva reforma laboral que está a punto de aprobarse.

"No podemos hablar de que vamos a cambiar la vida de los trabajadores a 31 de diciembre -fecha límite para aprobar la reforma laboral- si no reforzamos la Inspección", aseguró a los periodistas una de las portavoces del colectivo, la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), Ana Ercoreca. "O se refuerza y reforman los medios o esas reformas laborales quedarán en papel mojado, en papel roto", advirtió.

Estas reivindicaciones las apoyan la mayoría de organizaciones sindicales del sector, en concreto, CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato de Inspectores de Trabajo, la Confederación Intersindical Galega (CIG), Federación Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (FESESS), el Sindicato de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud (SISLASS) y la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT).

Los inspectores defienden que las necesidades actuales del mercado laboral solo se han podido responder este año gracias al sobreesfuerzo de la plantilla, pero consideran que las carencias a las que ha llegado el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya rozan el límite y pueden poner en peligro los objetivos de la institución y del servicio público que debe realizar.

"Va a resultar imposible seguir sujetando una gestión y unos objetivos en donde, para este Gobierno, parece más importante anunciarlos que realizarlos", lamentan.

Un inspector por cada 15.000 trabajadores

El equipo español inspección de trabajo no llega a los 3.000 trabajadores. En concreto, son 858 inspectores, 994 subinspectores y 924 efectivos de personal administrativo. Por centros de trabajo, hay 1.459 centros por cada inspector de trabajo y 1.491 centros de trabajo por subinspector.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que tendría que haber un funcionario por cada 10.000 trabajadores activos en el país. La media en Europa está en 7.300 trabajadores por funcionario, mientras que en Francia hay 5.000 y en España las cifras se disparan, con 15.000 trabajadores por funcionario, contando tanto inspectores como subinspectores.

Entre los problemas relacionados con la falta de efectivos está, según denuncia el colectivo, que las oposiciones cada vez son menos atractivas para los jóvenes. Aseguran que exigen un nivel de dificultad equiparable a otros exámenes del Estado, pero las retribuciones de los inspectores son menores, razón por la que año tras año, plazas de las oposiciones que se convocan al cuerpo se quedan vacías. En 2019, de las 92 plazas que se convocaron para inspectores de Trabajo y Seguridad Social solo se cubrieron 34.

El acuerdo incumplido con el Ministerio

Los inspectores llegaron en julio a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para mejorar su situación, tras meses de negociación, que consideran "capaz de dar respuesta a todas las carencias descritas". Pero seis meses después no se ha aplicado lo acordado, y consideran "un despropósito" que ahora se les "pretenda explicar que todo se encuentra en fase de estudio", lo que les lleva a amenazar con ir a la huelga.

A la vez, califican de "irresponsabilidad" que Trabajo no sea capaz de defender las soluciones necesarias para esta institución ante otros ministerios, ya que este es el mensaje que reciben: que falta el visto bueno de Hacienda para conseguir poner en práctica lo acordado.

El acuerdo incluía diferentes reivindicaciones de la plantilla, que iban desde adecuar categorías profesionales y mejoras en las retribuciones, hasta ampliar el personal con la incorporación de 600 efectivos, aunque creen que el déficit se acerca más a los 1.250 trabajadores. En ese sentido, los sindicatos mantienen que si reciben el compromiso político de reforzar la inspección, si el Gobierno se compromete a cumplir lo acordado, en principio la intención sería no ir a la vía de conflicto.

Una reforma laboral que no va a poder cumplirse

El colectivo critica que el Gobierno lance planes estratégicos y proclame que intensificará la tareas de la inspección del mercado laboral, que cree oficinas contra el fraude o contra la desigualdad y que insista en que modernizará la inspección con nuevas tecnologías como inteligencia artificial o big data, mientras no cumple con sus promesas de refuerzo del colectivo que deberá llevar a cabo todas estas tareas.

También lamenta que Yolanda Díaz defienda que se está "construyendo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del siglo XXI" cuando la Inspección carece de "un simple departamento de informática" lo que hace que las proclamas del Gobierno en cuanto a cómo está digitalizando esta unidad suenen "a cuento".

No olvidan que el ciberataque sufrido en verano, "un mero ataque informático", comprometió el modelo de trabajo de todo el organismo y ha dejado secuelas más de seis meses después.

"El organismo naufraga en lo que a su organización se refiere", aseguran, explicando que llevan seis años esperando desde la publicación de la Ley ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, donde no se ha cumplido lo relativo a unidades especializadas, en lo que califican de una ley "en buena medida vacía de contenido".

La ministra de trabajo anunció a mediados de noviembre un plan para reforzar la Inspección de Trabajo, asegurando que hay que garantizar que las normas se cumplan pero sin concretar si eso implica contratar a más personal. Preguntado por este medio, desde su departamento apuntaron a este medio que aún no se ha determinado. Un mes después, no han anunciado novedades.

Plan, que según Díaz, cambiaría "el paradigma de la Inspección de Trabajo tal y como la conocemos hoy" incluiría la creación de dos "grandes" nuevas oficinas, contra la discriminación y la lucha contra el fraude. La ministra presumió de que, en lo que va de año, 50.191 empleos irregulares han sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 280.565 contratos temporales irregulares, transformados en indefinidos.

De cumplirse la amenaza de huelga, se trataría de la primera en la historia de todo el personal del organismo de la Inspección de Trabajo, tanto inspectores, subinspectores como personal administrativo. Los sindicatos esperarán a marzo para tomar una decisión al respecto, en base a la respuesta que reciban del Gobierno.