Intentar contener el impacto que la subida de la luz está teniendo en la factura de millones de españoles le saldrá caro al Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez verá como las arcas de Hacienda de adelgazan por el recorte impositivo que viene aplicando desde junio y ahora prorrogará hasta finales de abril. El resultado, cerca de 6.000 millones de euros menos de ingresos desde que se desatara la crisis energética el pasado verano. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica asumen que sólo la prórroga de las medidas fiscales en el recibo eléctrico desde comienzos de 2022 y hasta el próximo 30 de abril tendrá una repercusión de 2.000 millones de euros. 

Si bien, la ministra Teresa Ribera quiso matizar en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dicha cantidad servirá para que los españoles puedan ahorrarse parte del pago de una factura eléctrica superior, estos 2.000 millones de euros supondrán un nuevo problema para el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo deberá encontrar la fórmula para paliar este 'boquete' recaudatorio que ha dejado el incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista. 

Fuentes ministeriales contabilizan en otros 4.000 millones de euros el coste que para las arcas del Estado ya ha tenido esta medida desde que en julio aprobara la rebaja del IVA al 10%, el Impuesto Especial a la Electricidad en el 0,5% y la suspensión temporal del Impuesto del 7% a la generación eléctrica. La suma del periodo transcurrido y la prorroga anunciada suman nueve meses en los que el Gobierno dejará de ingresar el equivalente a medio punto del PIB.

Y podría ser pero. Esta cantidad podría variar según avancen las semanas. La inestabilidad ocasionada por los precios que se fijan diariamente en el pool eléctrico, que durante las últimas jornadas el precio del megavatio a la hora se ha disparado por encima de los 300 euros, podría complicar aún más la situación. 

Apelando a los Presupuestos 

La cantidad de dinero que podría haber dejado de pagar el Gobierno hubiera sido mayor de haber hecho también una prórroga en los cargos fijos, que se mantienen con una reducción del 96% hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, desde los ministerios económicos se entiende que esta situación sería insostenible y por eso la minoración de este gravamen se quedará en el 31%.

“Tenemos que ser conscientes que el agujero originado por las rebajas fiscales y otras medidas para abaratar el precio de la luz, no pueden alargarse en el tiempo”, esgrimen desde el Ministerio de Transición Ecológica. De haberse prolongado en el 2022 la extensión de la rebaja de los cargos fijos, el Estado hubiera recaudado unos 2.600 millones de euros menos, que sumados a la cifra de las medidas fiscales podrían haber ascendido a 8.600 millones de euros.

Desde el Ministerio de Hacienda sostienen que el impacto negativo que dejará en las arcas del Estado por la falta de recaudación de impuestos en la factura eléctrica deberá ser compensado a través de los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2022. “En los PGE hay margen suficiente para aplicar las medidas que fueran necesarias”, subrayan.

1.900 millones para las eléctricas

El Gobierno, a su vez, deberá hacer frente a otro gasto en materia eléctrica, ya que tendrá que pagar 1.900 millones de euros a Endesa, Iberdrola, entre otras, para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo en la que se anulaba el canon hidráulico que fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. A principios de año, el Tribunal Supremo anuló la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014 que el Gobierno del Partido Popular impuso a las eléctricas en 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.

El Tribunal dio la razón a los recursos contencioso-administrativos presentados por Acciona y Endesa, estimando en parte las demandas contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y que regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.