Es la piedra angular de la nueva reforma laboral. Se encuentra en el punto central del acuerdo que sindicatos, patronal y Gobierno anunciaron ayer. Al consenso alcanzado entre los agentes sociales aún le resta ponerle letra pequeña. Por ahora, tras nueve meses de reuniones, de tiras y aflojas, el acuerdo está cerrado y, en principio, será una realidad en sólo unos días, tras el Consejo de Ministros del próximo día 28. Reducir la alta temporalidad laboral que padece nuestro país ha sido el objetivo prioritario, no en vano España sigue liderando el ranking en Europa.

La nueva reforma pretende reducir el número de contratos temporales, uno de cada cuatro en la actualidad, para convertirlos en una excepción que deberá estar justificada. Se confía en abrir así la puerta a un nuevo tiempo en el que las contrataciones indefinidas sean la norma.

Quienes más deberían ver alterada su situación laboral una vez entren en vigor los cambios tienen un perfil bien definido en nuestro tejido laboral: mujer, joven, empleada mayoritariamente en Extremadura o Andalucía y procedente de algún país extranjero. La radiografía de la temporalidad laboral es la imagen que revela.

El mapa de contratos arroja, sin embargo, profundas diferencias en función del lugar donde se ponga la lupa. Extremadura tiene los índices de temporalidad más elevados de toda España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje roza el 35% del total de los trabajadores, más de un tercio. La cifra es similar, algo más atenuada, en Andalucía, con un 32% de temporalidad. El mayor peso de algunos sectores más propicios a este tipo de contrataciones, como el mundo del campo, es uno de los factores determinantes. El análisis de los tres últimos lustros revela que la situación tiene visos de haberse cronificado en estas dos comunidades autónomas. Desde 2009 la tendencia apenas ha variado en Extremadura. En Andalucía ha logrado reducirse pero sólo en cuatro puntos.

Madrid y Cataluña, menos precarias

En el otro extremo del escalafón se encuentran Madrid y Cataluña, las comunidades con menor temporalidad, 18% y 19% respectivamente. Se trata de niveles que reducen casi a la mitad esta realidad en comparación con las regiones del sur del Estado.

La nueva reforma laboral contempla que se simplicará la oferta de contratos y se elevará las sanciones a las empresas que abusen de contratar temporalmente y sin justificación. Este tipo de contrataciones se reservarán para periodos en los que las empresas no puedan cubrir con sus plantillas los servicios o actividad ordinaria por incrementos de productividad puntuales o por razones organizativas. Además, se fomenta un paso intermedio entre la contratación indefinida y la temporal, la contratación fijo-discontinua que concede un mayor grado de estabilidad y continuidad al trabajador.

En España la contratación temporal es una realidad fundamentalmente juvenil. Dos de cada tres jóvenes, el 66%, de entre 16 a 24 años tienen un contrato de este tipo. A medida que se asciende en la franja de edad la estabilidad laboral se impone, con ratios de temporalidad del 36% en la franja 25 a 36 años y de menos del 20% en edades superiores.

Reducción progresiva

El objetivo fundamental con el que se impulsa esta reforma es terminar con esta situación de inestabilidad laboral que afecta a millones de personas en nuestro país. Trabajadores que, además de carecer de estabilidad, ven cómo la sucesión de contratos temporales no tiene fin, hasta encadenar decenas de ellos. A partir de ahora se establece que no se podrán prorrogar contrataciones por un periodo superior a 18 meses, tiempo a partir del cual la vinculación con la empresa se convertirá en indefinida.

La temporalidad en España viene siendo elevada desde hace décadas. A pesar de que en los últimos años sí ha registrado un leve descenso, el porcentaje de trabajadores en esta situación ha sido alto desde comienzos de los 2000. Entonces un tercio de las personas empleadas lo hacían con un contrato temporal. El pico se alcanzó en 2005, con un porcentaje del 34%. A partir de ahí, los gobiernos de Zapatero, primero, y de Rajoy, después, lograron ir reduciendo el peso de esta modalidad de relación laboral. En 2020 el INE estimaba en un 24% su presencia en el mercado laboral. Una reducción que pese a todo sigue situando a España a la cabeza de la temporalidad en la Unión Europea.

Uno de los aspectos más llamativos es que esta extensión de la contratación precaria ha afectado a prácticamente todos los sectores y a todos los perfiles formativos. La diferencia entre los empleados con estudios primarios o los titulados universitarios ha sido muy reducida, del 28% en el primer caso y del 21% en el segundo.