Después de meses de negociaciones, el Gobierno acordó este jueves con las organizaciones sindicales y empresariales una nueva reforma laboral. El real decreto ley, que previsiblemente se publicará la próxima semana, después de que lo apruebe el Consejo de Ministros, es el primero de envergadura en materia laboral que se pacta con los agentes sociales en más de 30 años y tiene como principal objetivo acabar con el abuso de temporalidad del mercado de trabajo español.

Tanto los sindicatos CCOO y UGT como los empresarios, representados por las dos asociaciones mayoritarias del colectivo, CEOE y Cepyme, han aplaudido el texto consensuado. Los primeros sostienen que servirá para recuperar los derechos de los trabajadores y los segundos, que además de reducir la temporalidad consigue mantener la flexibilidad interna de las empresas, es decir, su capacidad de hacer cambios en las condiciones de las plantillas.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también sale favorecida. Ha cumplido, a la vez, con un apartado esencial del acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos que exigía derogar la reforma laboral de Rajoy y con la promesa que hizo a Bruselas para recibir parte de los fondos europeos, de aprobar una nueva legislación laboral antes de que terminase el año.

No se trata de una derogación al 100% de la reforma de 2012, puesto que no toca las indemnizaciones por despido, que entonces se rebajaron considerablemente, entre otros aspectos que los sindicatos sí querrían haber conseguido modificar (tampoco recupera la necesidad de obtener una autorización para realizar un ERE). Pero es un paso y las partes lo han valorado como tal. Mejor un mal acuerdo a que no exista un acuerdo.

Que el pacto haya sido a tres bandas (empresarios, sindicatos y Gobierno) permitirá, en teoría, que estos cambios perduren en el tiempo. Si llegase un nuevo Gobierno, y buscase derogar la reforma laboral de Yolanda Díaz, como ha prometido el PP, tendrá que hacerlo sabiendo que la ley cuenta con un amplio respaldo. Con eso también contaba Bruselas cuando exigía que la reforma se negociase con los agentes sociales.

Fue ese mismo Partido Popular que ahora asegura que derogará la nueva ley el que aprobó en 2012 una reforma laboral "extremadamente agresiva", en palabras del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y cuyos efectos ahora Sánchez busca revertir. Los siguientes son los principales cambios a los que dicha ley ha dado lugar:

Reducción de costes de despido

La reforma laboral de 2012 supuso el cambio más profundo que se ha realizado en el Estatuto de los Trabajadores desde que se concibió en 1980. Y fue una reforma polémica: dio lugar a una huelga general y los tribunales de justicia han invalidado algunas de las medidas que introdujo.

La legislación se elaboró en plena recesión y tenía como objetivo principal sacar al país de la crisis. Para ello, apostó por la devaluación salarial y por la reducción de costes de despido. En lenguaje algo más técnico, buscaba cambiar la flexibilidad externa en las empresas por la flexibilidad interna, es decir, conseguir que se despidiese menos gracias a mayores reducciones de sueldos.

Antes, el despido más caro costaba al empresario una indemnización de 45 días por año trabajado, que tenía que pagar al empleado. Ahora el máximo son 33. En el caso de los contratos temporales, se bajó hasta los 8 días.

Esta parte no se ha modificado en la nueva reforma laboral de Yolanda Díaz. Los sindicatos lo intentaron, pero se encontraron con la oposición del Gobierno. Los expertos consultados por este medio opinan que tiene que ver con que las indemnizaciones, tal y como están, son elevadas a nivel internacional, y que aumentarlas desanimaría a los empresarios a contratar de forma indefinida.

La temporalidad no se consiguió atajar

El objetivo de reducir los costes del despido era acabar con el abuso de los contratos temporales. Rebajando las indemnizaciones, el temor de las empresas a hacer a un trabajador indefinido (porque tuvieran que pagar más en caso de despido) se reduciría. Pero no consiguió acabar con la excesiva temporalidad, que se calcula como el ratio entre los trabajadores que tienen un contrato temporal frente a todos los que tienen un contrato.

"Ahí la reforma fracasó completamente", resume Juan José Dolado, economista y catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. La reforma quería que fuese mucho más sencillo despedir a trabajadores indefinidos, para así potenciar los contratos de este tipo, pero Dolado recuerda que no se eliminó la posibilidad de demandar a la empresa por despido improcedente.

"Pero no puedes demandarla porque se te acabe el contrato: por eso las empresas contratan temporales. Y por eso en las recesiones somos campeones del mundo de paro, porque es muy fácil destruir empleo", recalca. Hoy por hoy, la temporalidad en España sigue en tasas elevadas (alrededor del 25%) y no solo hay demasiados contratos temporales, sino que son de más corta duración.

Contratos más cortos

El problema de la temporalidad, resaltan los expertos, no es solo que España cuente con un porcentaje de trabajadores temporales muy por encima del de sus socios europeos (Portugal tiene un 18% de temporales frente a indefinidos, Italia un 12%, frente al 25% de España), sino que, además, aquí los contratos son más cortos.

En cifras: al año en España se firman alrededor de 25 millones de contratos, el 90%, temporales, unos 22 millones. La población empleada en España son unos 20 millones, por lo que de media es como si cada español firmara un contrato año. Pero no sucede así, sino que el 75% son indefinidos, y el resto encadenan un alto volumen de contratos cortos, por ejemplo, de lunes a viernes.

El profesor de economía en la Universidad de Salamanca Miguel Ángel Malo pone el siguiente ejemplo: ha detectado casos de personas que han firmado más de 200 contratos en un año. Lo refrendan los datos de la Seguridad Social, donde se aprecia que cada viernes y cada último día de mes se destruyen centenares de empleos. Por ejemplo, el pasado 31 de agosto se dieron de baja 290.000 trabajadores. "Un país no puede ser sostenible así", opina Dolado.

Ahora, la nueva reforma laboral busca principalmente reducir el exceso de contratos temporales limitando las causas por las que puede firmarse uno, reduciéndolos a dos tipos, por causas estructurales o formativos y eliminando el contrato por obra y servicio. Además, las infracciones se establecen por trabajador y no por empresa. Con estas medidas Pedro Sánchez proyecta que la temporalidad se reducirá hasta el 15% de aquí a 2050.

Devaluación de los salarios

Con la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales, que estableció la reforma de 2012 (ahora Yolanda Díaz ha revertido esa medida, en su esencia) se permitió que las empresas pudiesen descolgarse del mínimo de horas (y de sueldo) que establecía el convenio de sector, y así, que pudieran contratar por menos horas. Las compañías podían cambiar las condiciones laborales con más libertad y la limitación a un año de la vigencia de los convenios una vez hubiesen caducado también contribuyó a que las condiciones empeorasen.

A la vez, la gran cantidad de trabajadores despedidos que fueron contratados llevó a que los salarios, de media, bajasen. Según la encuesta de estructura salarial del INE, que compara salarios medios, en 2011 el sueldo medio en España era de 26.000 euros anuales, mientras que en 2015 era casi 800 euros menos. Hoy día está en los 24.300.

El profesor Miguel Ángel Malo también apunta que esta caída no solo tiene que ver con que los salarios por hora sean más bajos, sino con que las personas trabajan muy pocas horas, sin quererlo, ya que cuentan con empleos de pocos días al mes e incluso a tiempo parcial. "Cobran poco no solo porque el salario sea bajo, sino porque trabajan pocas horas", resume.

Esto, más que una consecuencia lateral de la reforma de 2012, era un objetivo, ya que se buscaba que cuando llegase la recuperación se crease empleo antes que en otras crisis. Así, a finales de 2016 ya había 18,5 millones ocupados, 350.000 más que mismo trimestre de 2011, antes de que se aprobase la reforma.

Es lo que ahora, en parte, se quiere contrarrestar, sobre todo otorgando más poder de negociación a los trabajadores del que tenían hasta ahora a través de los convenios. En ese sentido, Dolado, que fue entrevistado para este medio antes de que se conociesen las líneas generales del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, asegura que la reforma "ayudó a salir de la crisis a costa de los trabajadores". "Hay que acabar con esta lacra de una vez por todas".