El sector de la construcción y, en menor medida, la hostelería y el turismo deberán convertir a 1,49 millones de trabajadores temporales en indefinidos durante los próximos seis meses, para cumplir así con la nueva reforma laboral de Yolanda Díaz.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tercer trimestre de 2021 en España hay 1,49 millones de asalariados con un contrato para obra y servicio.

Pero en julio este tipo de contrato dejará de existir y los empleados que hoy estén contratados bajo esta modalidad deberán pasar a ser indefinidos, como dicta la reforma laboral que acordó la semana pasada el Gobierno con los sindicatos UGT y CCOO y los empresarios de las organizaciones CEOE y Cepyme.

"Hoy ponemos fin al contrato por obra y servicio en nuestro país. El contrato de la construcción era el fijo de obra y ahora pasa a ser indefinido, evocando el modelo francés", explicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la reforma laboral, remarcando también que el cambio referente a la contratación temporal se trata del "más fuerte y que más nos ha costado acordar".

El cambio supondrá que ahora los trabajadores de la construcción, al pasar a ser fijos, contarán con las indemnizaciones por despido de los indefinidos, y no las de los contratos temporales, que son inferiores.

La ministra indicó que se dará un plazo de tres meses a las empresas para adaptarse a la nueva regulación de los contratos, salvo en el caso de los contratos de obra y servicio. Los de este tipo que estuvieran vigentes a la entrada en vigor de la norma tendrán seis meses para adaptarse desde la publicación de la ley, este 30 de diciembre.

"Verán que cuando se culminen las tareas en esa obra, la empresa deberá hacer dos cosas: recolocar al trabajador en otra obra que tenga o darle todo tipo de cualificación, y lo debe de hacer con cargo a la empresa", puntualizó Díaz, recordando la sentencia del Tribunal Supremo que castigaba el abuso de este tipo de contrato.

También recordó que este año se han firmado 8 millones de contratos para obra y servicio, añadiendo que se trata del contrato "estrella para practicar este tipo de desarreglos", es decir, para contratar como temporal a un trabajador que debería ser indefinido.

Puso como ejemplo que hasta ahora las empresas podían mantener a un trabajador firmando contratos para obra y servicio hasta durante cuatro años. Es lo que se pretende atajar con esta reforma laboral.

Un gran golpe a la temporalidad... si se cumple

Lo que los expertos opinan de esta medida es que supondrá un gran golpe a la temporalidad -los contratos por obra o servicio suponen un tercio de todos los contratos temporales, 4,4 millones-... si se cumple. Es decir, que será necesario que la Inspección de Trabajo supervise adecuadamente que se cumple esta nueva legislación en un momento en el que se encuentra bajo mínimos.

"Son muy interesantes los límites a la utilización de los contratos temporales, pero todo depende de si se puede vigilar bien esa fijación. Las multas solo son efectivas si realmente se puede vigilar y aplicar lo que sucede", valora el profesor de economía en la Universidad de Salamanca Miguel Ángel Malo en conversación con este medio.

"Y no solo es que haya más medios, sino si desde fuera de la empresa es posible vigilar cuándo procede un contrato temporal o cuándo no", añade. Malo también recuerda que antes de esta reforma el Estatuto ya establecía el contrato indefinido era el que debía suscribirse por defecto y que solo se podían utilizar temporales en casos excepcionales, para cubrir determinadas necesidades.

Medidas "en la buena dirección"

Quien sí confía en que los hoy contratos por obra o servicio pasarán a ser indefinidos, y, así, en que la alta tasa de temporalidad española se reduzca considerablemente -actualmente el 25% de los trabajadores españoles cuentan con un contrato temporal, frente al 18% de Portugal y el 12% de Italia-, es el economista y catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Juan José Dolado.

El profesor cree que las medidas que se han acordado en la reforma laboral van "en la buena dirección" para atajar el problema de abuso de temporalidad del mercado de trabajo español, pero también subraya que la nueva ley no aumenta el número de efectivos en la Inspección de Trabajo.

Otras de las medidas de la reforma laboral que buscan castigar el abuso de temporalidad es el aumento de las multas para las empresas que contraten a trabajadores temporales no cumpliendo con los requisitos que establece la ley, hasta los 10.000 euros -frente a los 8.000 anteriores-, que además pasarán a aplicarse por cada empleado en fraude y no por empresa, como hasta ahora.

Díaz aseguró ayer que numerosas empresas incluso presupuestaban esta multa, ya que como máximo ascendía a los mencionados 8.000 euros, de manera que era una medida "completamente ineficaz". Asimismo, se establece una penalización de 26 euros en forma de cotización extra a la Seguridad Social por cada contrato inferior a un mes que den de baja.