Tras varios meses de espera y con la duda de si había o no monopolio en el negocio del reparto de prensa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno a la fusión de Boyacá y SGEL para crear el mayor distribuidor de prensa en España.
Eso sí, el regulador dirigido por Cani Fernández ha impuesto una serie de condiciones que deben ser respetadas en los próximos tres años para que pueda salir adelante la operación. Así, la nueva sociedad no podrá empeorar las condiciones a los dueños de puntos de venta tradicionales.
También se les exige la extensión de los compromisos propuestos por las partes a la distribución de prensa diaria para contrarrestar los riesgos para la competencia en el mercado de distribución mayorista de prensa diaria y, concretamente, el impacto de la operación en los editores de diarios, en otras distribuidoras de diarios y en los puntos de venta.
La CNMC ha dado el visto bueno a la operación ante la delicada situación que vive el sector de reparto de prensa. En concreto, el organismo señala que en declive continuado de las ventas por el aumento de la prensa online. “La operación contribuye a asegurar a medio plazo la sostenibilidad del negocio y la subsistencia de la red de distribución de publicaciones periódicas, especialmente en las zonas deficitarias”, señala el regulador.
Además, la autoridad competente recalca que la nueva empresa resultante entre Boyacá y SGEL incrementa su poder negociador frente a los editores, puntos de venta, y otras distribuidoras, y “refuerza su capacidad y los incentivos para imponerles condiciones comerciales más perjudiciales”.
A pesar de que la CNMC estudió durante meses la posibilidad de que hubiera un monopolio, el informe final no aprecia riesgos para la competencia en términos de empeoramiento de condiciones, ya que “por el lado de la oferta puede sustituirse el transporte de publicaciones periódicas por el transporte de otras mercancías por carretera”.
Con todo, la nueva empresa resultante de la fusión pertenecerá en un 65% a Boyacá y un 35% a SGEL.
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