Las granjas de la discordia

El crecimiento de la ganadería intensiva es un hecho durante los últimos años. El debate abierto a raíz de las polémicas declaraciones del ministro Alberto Garzón en The Guardian sobre la calidad de la carne española producida en grandes granjas mezcla diferentes aspectos y ha aireado posiciones encontradas dentro del Gobierno y del propio sector ganadero.

Los días de polvareda política han permitido arrojar algunas certezas pero también han dejado al descubierto carencias a la hora de conocer el número exacto y el tamaño real de las explotaciones ganaderas. Lo que sí está claro es que la mayoría de las grandes granjas porcinas de cría intensiva se concentran fundamentalmente en comunidades como Aragón (922), Cataluña (856)  y Castilla y León (582).

Y esta especie, que representa la mayor cabaña ganadera en España, es precisamente una de las más caracterizadas por producirse bajo una fórmula industrial. Pero el problema es que no está regulado el término macrogranja, sino que se emplea con un cariz despectivo para referirse a las instalaciones con un elevado número de cabezas de ganado en las que se usan técnicas para para obtener la máxima producción de carne o huevos al precio más bajo y en el plazo más breve posible. 

Y eso es, según denuncian los productores extensivos, un golpe directo para la competitividad de sus explotaciones -con volúmenes de producción menores y gastos por cabeza más elevados-. Por tanto, ecologistas y pequeños ganaderos aducen que fomentar la ganadería industrial va directamente en contra de la supervivencia del modelo extensivo. Sobre todo, en un momento de crecimiento significativo de los costes de producción por el aumento del precio de las materias primas, la energía y los combustibles.

El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, recordó en una de sus respuestas a Garzón que las explotaciones ganaderas deben tener rentabilidad para sobrevivir y que el 80% de lo que consumimos proviene del modelo intensivo.

Los defensores de las grandes instalaciones, por su parte, aseguran que la eficiencia es superior en las granjas de mayor dimensión y replican que no habría suficientes pastos para alimentar la demanda del actual mercado con un modelo basado principalmente en la ganadería extensiva. Por contra, en las grandes explotaciones actuales también se utiliza pienso que debe ser importado, con el correspondiente impacto ambiental que conlleva.

Al margen de eso, España no dispone de datos oficiales globales que permitan conocer con claridad cuántas explotaciones ganaderas albergan miles de animales, pues únicamente se puede diferenciar por tamaño las explotaciones porcinas y avícolas. Las más grandes están obligadas a declarar a la Administración sus niveles de producción de sustancias contaminantes pero las de ganado bovino están exentas de ello.

Según los datos oficiales recopilados por Efeagro, hay 13.697 explotaciones de producción de leche de las que sólo 115 tienen en sus instalaciones más de 626 vacas lecheras. Y otras 69.126 granjas con vacas nodrizas (para la cría de terneros) de las que sólo 3.730 cuentan con más de 100 nodrizas.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, el número de explotaciones porcinas de menor tamaño se ha reducido un 30% durante la última década, mientras el de las más grandes ha crecido un 3%. Y datos de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca reflejan que en nuestro país existen 88.437 granjas de porcino. 68.836 de ellas operan en régimen intensivo.

En cambio, sólo hay 2.400 granjas con más de 2.000 cerdos de engorde de 30 kilos y más de medio millar con capacidad para más de 40.000 plazas de aves de corral. Así se desprende al menos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. Su responsable, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, no se ha pronunciado demasiado acerca de la polémica abierta por su compañero de gabinete. No en vano, el sector agroganadero es el tercero en cuanto a contaminación por gases de efecto invernadero en España (14,1%), sólo por detrás del transporte (27,7%) y de la industria (21,4%).

De momento, un Real Decreto de 2020 limita ya el número máximo de cabezas de porcino a 750 madres y 4.000 plazas de cebo. Y ahora se trabaja para limitar las granjas de vacuno a un máximo de 850 animales de ganado mayor; es decir, 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo. Desde el pasado otoño está en proceso de información pública el decreto que regulará este aspecto.

Pero las organizaciones ecologistas creen que los umbrales de capacidad de las granjas no son tanto el objeto del problema a partir de un cierto volumen de cabezas. "Hablar de números a veces simplifica mucho la realidad y nos mete en una dinámica de disputa de cifras que no lleva a ningún sitio", explican desde Greenpeace, donde se muestran partidarios de "señalar al modelo productivo en sí".

Al margen de los malos olores que llevan aparejadas las granjas intensivas, el modelo es muy criticado por el impacto medioambiental de los purines que después se utilizan como abono y que pueden filtrarse a los acuíferos contaminando las aguas de las que se abastecen los pueblos colindantes. Además, aunque no tengan un tamaño demasiado grande, si se juntan varias alrededor de una misma localidad, pueden llegar a ser peor que una de gran envergadura.

Precisamente en Cataluña, la mitad de los municipios de la región son vulnerables a la contaminación por nitratos, por lo que la Generalitat se ha visto obligada a establecer una moratoria al crecimiento de granjas y la instalación de nuevas explotaciones en 68 pueblos. Sin embargo, el Gobierno que preside Pere Aragonès también ha preferido mantener un perfil bajo en toda la polémica abierta en los últimos días. Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, también acaba de aprobar una moratoria hasta 2024 para abrir grandes instalaciones de cerdos, aunque su presidente se había mostrado muy beligerante contra las afirmaciones vertidas por Garzón.

Uno de los mayores consumidores

Pero uno de los debates que surgen a raíz de la defensa de la ganadería extensiva es si sería posible cubrir las necesidades alimentarias actuales de los españoles en el ámbito de la carne. Según un informe del departamento que dirige Luis Planas, España es de los países donde más se consume este tipo de alimento. En total, una media de 49,86 kilos al año, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que lo saludable es 21 kilos anuales como máximo.

La mayor parte es fresca (36 kilos) y otra parte transformada. El primer puesto es para el pollo (más de 13 kilos), el segundo para la carne de cerdo (11 kilos) y, el tercero, para el vacuno (algo más de 5 kilos). Se come menos caprino u ovino y apenas una carne blanca de alto valor nutritivo como el conejo.

Pero además del consumo interno, España se ha convertido en el quinto país en exportaciones de carne a nivel mundial y el segundo en el caso del cerdo. Según los datos oficiales, un 42% de los 7,6 millones de toneladas de carne que se produjeron en 2020 en España salieron fuera de nuestras fronteras y dejaron unos ingresos anuales de 8.680 millones, un 15% más que el año anterior. El 47% tuvo China como destino final.

Y la pregunta que se abre es si nuestro país no se vería obligado a elevar sus importaciones para satisfacer la demanda interna si se redujese la capacidad productiva como consecuencia de un auge de la extensiva en detrimento de la intensiva. Por ejemplo, de países en los que sí hay explotaciones ganaderas de mucha mayor envergadura que las que existen actualmente en España.

Hasta ahora, el único proyecto para una instalación de mucha mayor capacidad que las actuales tuvo lugar en Soria, donde se pretendía construir un centro lechero en la localidad de Noviercas para más de 20.000 vacas. De momento, el proyecto no ha salido adelante ante la oposición del sector y las plataformas ecologistas.

Concentración del sector

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) subrayan que el último informe sobre la caracterización del sector agrario realizado por el Ministerio "es más que ilustrativo" sobre el proceso de concentración que se da en el sector. En España hay un millón de explotaciones agrarias, de las que el 93,4% tiene titular físico y el 6,6%, uno empresarial. Pero estas últimas obtienen ya el 42% del valor de la producción.

Según la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), la industria cárnica es el cuarto sector industrial con una cifra de negocio de 27.000 millones de euros, más del 22% de todo el sector alimentario español. Esto hace que tenga un peso del 2,4% sobre el PIB total del país. Además, defienden que el em­pleo sectorial directo de las industrias cár­nicas es de más de 100.000 trabajadores y representa el 24% de la ocupación total de la industria alimentaria española.

Sin embargo, los detractores del modelo de grandes explotaciones replican que el alto grado de automatización de estas instalaciones no genera suficiente empleo y critican que tampoco contribuye a fijar población en las localidades de la España rural que, sin embargo, sí tienen que sufrir las consecuencias medioambientales del desarrollo de la actividad en las instalaciones de producción intensiva.

Cierre de explotaciones en Holanda

Las declaraciones de Garzón han servido en bandeja el debate en plena precampaña para las elecciones en Castilla y León, pero otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania u Holanda también debaten sobre la existencia de estas grandes instalaciones en sus territorios.

Precisamente, el Gobierno de este último país subvenciona desde 2019 el desmantelamiento voluntario de las grandes instalaciones cercanas a núcleos de población. Ahora, el nuevo gobierno holandés ha incluido a una ministra de Naturaleza y Nitrógeno que buscará reducir las emisiones de gases provocadas por el sector ganadero. Su pequeña superficie (41.543 kilómetros cuadrados) parece haber hecho insostenible la situación, con una cabaña de cuatro millones de cabezas de bovino, unos 12 millones de cerdos y 100 millones de pollos. 

Aquí en España, entre las medidas que han surgido a raíz de la polémica abierta en los últimos días es la posibilidad de poner en marcha un sistema de etiquetado como el que ya rige para los huevos. A través de un mecanismo de letras, el consumidor es capaz de conocer de forma sencilla el método de producción y si los animales han estado encerrados o al aire libre. En una reunión mantenida con el sector ganadero más de 15 días después de la polémica entrevista, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) solicitó al ministro Garzón que lo ponga en marcha y este se comprometió a estudiarlo.