A este respecto, las mismas fuentes indican que Del Olmo sostiene que avisó a su superior de una supuesta factura irregular de una empresa de Villarejo a la que se le habría dado curso y reconoce que él la firmó y que, posteriormente, registró ese informe de aviso ante un notario "para guardarse las espaldas".

Iberdrola considera que la empresa sufrió espionaje para ser despojada de sus accionistas. Este es el resumen que extrae Iberdrola después de que Ignacio Sánchez Galá haya tenido que declarar este martes ante el juez en calidad  de  investigado por los presuntos delitos de cohecho activo, falsedad documental y contra la intimidad en la pieza 17 del caso Tándem o caso Villarejo.

En esta pieza se investigan cuatro trabajos de investigación que el comisario hizo supuestamente por encargo de la energética entre 2004 y 2017, cuando Sánchez Galán era vicepresidente y posteriormente presidente de la compañía.

Dichos encargos consistieron presuntamente en seguimientos a personas que se oponían a la instalación de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), entre 2004 y 2005; averiguaciones sobre los empresarios Manuel Pizarro (Endesa) y Florentino Pérez (ACS) entre 2005 y 2006 así como en una investigación alrededor del accionista mayoritario de Eólica Dobrogea, Chrisopher Kaap, con quien Iberdrola Renovables se había aliado para desarrollar proyectos en Rumanía. Según los indicios recabados en la causa, el comisario accedió a datos confidenciales gracias a las relaciones que tenía en la Policía por estar activo en el Cuerpo para realizar los encargos de Iberdrola.

Fuentes de Iberdrola revelan a este periódico que “no se permitirá” que “quieran desestabilizar con mentiras, por el simple hecho de que la quieran quitar a los accionistas. Una empresa bandera española, que tiene 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos, que acaba de lograr un contrato de 22.500 millones de euros en el Reino Unido y que es un ejemplo para todo el mundo”.

Iberdrola vuelve a dejar claro que Ignacio Sánchez Galán siempre ha querido colaborar con la Justicia y fue el presidente de Iberdrola quien pidió declarar ante el juez encargado de llevar el caso.

Las mismas fuentes inciden en que Iberdrola contrató a una empresa legalmente constituida, con sede en Torre Picasso, y 30 empleados y en la que trabajaba Villarejo, sin que Galán, ni nadie de Iberdrola, conociera quién era el comisario.

La empresa remarca la importancia de un testigo falso para desmontar la trama, José Antonio del Olmo, controler de Iberdrola quien mantuvo una relación con Villarejo y que hizo un documento falso en connivencia con el notario Luis Ramallo y el excomisario Marcos Peña, “robando documentos para dárselos a un medio de comunicación”.

A este respecto, las mismas fuentes indican que Del Olmo sostiene que avisó a su superior de una supuesta factura irregular de una empresa de Villarejo a la que se le habría dado curso y reconoce que él la firmó y que, posteriormente, registró ese informe de aviso ante un notario "para guardarse las espaldas".

Con todo, Iberdrola sostiene que fue el máximo responsable de la eléctrica el “espiado” y, por tanto, el juzgado debe “investigar quién era el cliente que contrató el probado espionaje de Villarejo a Galán”.