El precio de la electricidad pone en una tesitura difícil al Gobierno de Pedro Sánchez. Si hace poco más de un mes el Consejo de Ministros aprobó la extensión de la batería de ajustes fiscales para abaratar la factura de la luz y evitar así que los españoles tengan que pagar más a final de mes, estas medidas podrían dejar poco margen de maniobra para bajar otros impuestos a otros sectores económicos.

Tal y como publicó El Independiente, las arcas del Estado se verán mermadas desde enero hasta abril en un total de 2.000 millones por la minoración de impuestos durante en la factura eléctrica. Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que esta contrapartida ya se contemplaba en los Presupuestos Generales de 2022 por lo que dicho recorte en la recaudación estaba contemplado. 

No obstante, desde Gestha, el sindicato del Ministerio de Hacienda, se señala que este agujero “será compensado a través del aumento de la recaudación tributaria en 2021, por lo que tendrá un impacto menor en el déficit y la deuda pública”. En este sentido, y a falta de confirmación, el sistema eléctrico cerró 2021 con un déficit tarifario de 300 millones de euros, según las previsiones de liquidaciones mensuales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque la última nota publicada, correspondiente al mes de octubre, arroja un desfase superior a los 1.000 millones de euros, se trata de un saldo de caja al que le falta añadir aportaciones correspondientes al Ministerio de Hacienda, que llegan con retraso.

Así, la reducción aplicada a la factura eléctrica supondrá que Hacienda se verá con 6.000 millones de euros menos con los que disponer si se contabiliza desde junio de 2021, momento en el que se anunciaron las primeras medidas fiscales. Medidas que se prolongarán hasta abril de 2022. En total, algo más de nueve meses de rebajas de impuestos, que se pretendían cubrir con una carga a las eléctricas y que finalmente no se produjo, y que lastrarán de modo significativo los ingresos del Estado.

Los técnicos de Hacienda recalcan que “cuando se aprueban rebajas impositivas, conviene que se conozca quiénes son los beneficiarios reales de las reducciones fiscales y si son eficaces para contener el alza en la factura de electricidad”.

Sin margen de maniobra

Desde Gestha comprenden que otros sectores que estén pidiendo una rebaja de impuestos para aliviar la situación de sus negocios, pero creen que antes del debate de la reforma fiscal no verán sus deseos plasmados. “Peluquerías o Turismo son los diferentes gremios que más han luchado porque se revise fiscalmente su situación, porque el coste de la factura de la luz es muy alto y es complicado que el Gobierno elimine más impuestos que incidan en el recibo de la electricidad», relatan. «La recaudación, a pesar de las diferentes olas del coronavirus, es mayor de la esperada, y eso atisba una recuperación de las actividades económicas, pues no han existido aumentos impositivos que afecten a la mayoría de los ciudadanos en 2021”, puntualizan desde el sindicato.

Cabe recordar que varios partidos políticos han incluido enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para rebajar el IVA a las peluquerías del 21% al 10%. Este movimiento, avalado por ERC o PNV, podría alterar la previsión del Gobierno de que las cuentas públicas para 2022 no se modifiquen en la Cámara Alta y no tengan que volver al Congreso.  A pesar de que las enmiendas el Senado para la rebaja del IVA para los servicios de peluquería, barbería y estética a partir del 1 de enero de 2022, el Ejecutivo vetó esta idea puesto que la normativa presupuestaria exige, tal y como recalcan desde Gestha, “las enmiendas que reducen los ingresos en las cuentas públicas tienen que incluir necesariamente su compensación, por el mismo importe, con aumentos en otros ingresos o disminución de gastos”.

La escalada de los precios en otras materias primas energéticas también ha sido objeto de queja en sectores como el del Transporte, que pidieron la estabilización de los precios del gasoil y revisar la aprobación de los peajes en autovías.

El pasado mes de diciembre los camioneros tensaron la cuerda y convocaron una Huelga para Navidad y una de sus reclamaciones fue la de incorporar de forma imperativa la cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte, que finalmente consiguieron.

El sector del Turismo abogó por aprobar un IVA reducido y desgravaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) para el gasto turístico nacional. Sin embargo, el Ejecutivo tampoco ha puesto el foco sobre estas peticiones.

Reforma fiscal con las elecciones en el horizonte

Estas peticiones y la menor recaudación se producen en plena elaboración de la próxima reforma fiscal que prepara el Gobierno. Recientemente, el Ejecutivo dio a conocer los nombres de los expertos que elaboran un informe de propuestas para la modificación del sistema tributario español. Un equipo equipo de expertos trabaja desde abril pasado en la elaboración del llamado 'Libro blanco' en el que se planteará un análisis del mapa tributario actual y una propuesta de mejora en sus distintos ámbitos. La salida de dos de sus expertos a sólo un mes de que se publique el informe deja en el aire el consenso en torno a la propuesta.

Además, el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros un cambio de cromos en la Secretaría de Estado de Hacienda y Héctor Izquierdo será el encargado de acometer las principales reformas fiscales en nuestro país tras ser nombrado como nuevo Secretario.

De momento, los plazos en los que trabaja el Ejecutivo son de cara a 2023, año en el que se producirán Elecciones Generales, salvo que Pedro Sánchez opte por un adelanto de los comicios.

Desde Gestha dejan caer que la reforma fiscal “no será excesivamente radical, sino que se situará en lo que se está concluyendo en los foros internacionales y, previsiblemente, no se aprobarán de subida de impuestos a la mayoría de los ciudadanos porque así se está comunicando a nivel político” y arguyen que “la recuperación de la economía española marcará los planes del Ejecutivo” en las decisiones que acometa el ministerio de Hacienda en la revisión de gravámenes.