El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en manos de las comunidades autónomas gran parte de los detalles de la regulación de su bono joven de alquiler, una ayuda de hasta 250 euros mensuales para personas de entre 18 y 35 años con ingresos anuales inferiores a los 24.318,84 euros que aprobó este martes el Consejo de Ministros.

Serán los gobiernos autonómicos los que tendrán que decidir la letra pequeña de esta medida: bajo qué criterio seleccionan a quién entregan las ayudas -si por renta o por orden de llegada-, si amplían o no el precio máximo de alquiler que debe pagar una persona para poder acceder a ellas, cuándo se cobrarán -si mes a mes o todo de golpe-, o si para poder recibirlas será necesario estar empadronado en la vivienda.

Así lo han explicado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, responsable de la medida, a los periodistas en la tarde de este martes. De esta manera, las comunidades autónomas van a tener un amplio margen para decidir cómo regular el bono joven de alquiler, siempre y cuando se ajusten al marco general establecido por el Gobierno.

Para arrancar el proceso, el Gobierno convocará a las comunidades autónomas en una próxima conferencia sectorial, que aún no tiene fecha, donde se consensuarán los criterios de reparto de los fondos. Después, el Consejo de Ministros autorizará esos criterios, y entonces las comunidades autónomas podrán lanzar sus convocatorias para que los jóvenes soliciten las ayudas. En el Ministerio estiman que este proceso durará entre un mes y medio y dos meses.

Si se cumplen esos plazos, en las primeras comunidades autónomas que pongan en marcha sus convocatorias los solicitantes podrían entregar su documentación en abril. Aunque este proceso se retrase, la medida tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero, han asegurado las mismas fuentes del Ministerio. Es decir, que los beneficiarios de la ayuda tendrán derecho a cobrarla desde el mes de enero aunque terminen recibiéndola en julio.

Para este plan el Gobierno ha destinado 200 millones de euros, con cargo a los presupuestos generales del Estado, que prevé renovar el año que viene, y estima que aproximadamente entre 60.000 y 70.000 personas podrán recibir la ayuda. Esta cifra podría ser mayor si parte de los beneficiarios reciben menos de los 250 euros establecidos de máximo, supuesto que podría darse en el caso en que la vivienda que alquilen tenga un alquiler inferior a esa cantidad -por ejemplo, un piso en una población rural que cueste 200 euros al mes-.

El Gobierno no fija los máximos

El Gobierno ha establecido que podrán solicitar las ayudas los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), es decir, hasta 24.318,84 euros. Pero no ha concretado si se tendrá en cuenta la renta de 2021 o qué sucederá si el beneficiario aumenta sus ingresos una vez ha sido designado para recibirla.

El Ejecutivo también ha decidido que, en principio, si se alquila en su conjunto el precio de la vivienda no podrá superar los 600 euros para poder beneficiarse de la ayuda, máximo ampliable hasta 900 euros si las comunidades autónomas así lo deciden en circunstancias especiales como zonas tensionadas de grandes urbes. Si la vivienda se alquila por habitación, el máximo a pagar para poder beneficiarse será de 300 euros por habitación, ampliable a 450 si las comunidades autónomas lo deciden así.

Sin embargo, las regiones también podrán ampliar estos máximos si lo consideran necesario, por ejemplo para adaptarse a situaciones concretas como pisos compartidos que superen los 900 euros. Esta parte estará completamente en manos de los gobiernos regionales, y serán ellos los que decidirán si hacen uso de esa posibilidad.

La comunidades autónomas asimismo serán las que decidirán cuándo recibirán los beneficiarios las ayudas y en qué plazos, algo que deberán fijar cuando publiquen las convocatorias. "Somos flexibles ante el funcionamiento de cada una de las comunidades autónomas", han expresado desde el Ministerio. "Cada comunidad autónoma establecerá un mecanismo establecido y diferente", han repetido, sin hacer referencia a que esta condición esté relacionada con las competencias autonómicas y estatales.

En cuanto a cómo controlará el Gobierno que no se produzcan subidas de precios a raíz de la ayuda, desde el Ministerio han recordado que ya hoy por hoy, por ley, los contratos no se pueden modificar unilateralmente por parte de arrendatario, y que si el arrendador es una persona física el contrato tiene una vigencia de 5 años. Pero también han asegurado que las comisiones bilaterales llevarán a cabo un seguimiento y una serie de controles administrativos.