El Gobierno aprobó este martes un bono joven al alquiler, una ayuda de 250 euros mensuales para personas entre 18 y 35 años e ingresos limitados -menos de 24.300 euros- en la que gastará 200 millones de euros este año y que llegará a unos 70.000 españoles. Pero al mismo tiempo dio luz verde a otra ayuda que ha dado menos que hablar: unas subvenciones para promover la construcción de alojamientos temporales.

El Ejecutivo quiere aumentar la oferta de viviendas de alquiler para trabajadores extranjeros y con ingresos limitados que vienen a España durante solo unos meses, bonificando la construcción de este tipo de domicilios.

Pero deberán ser un tipo concreto de edificación, ha decidido, que cuenten con menos espacio privado y más zonas compartidas, como áreas comunes para los habitantes de todo un bloque de pisos, algo que ha bautizado como cohousing.

Se trata de una "solución pionera en España" que persigue la "construcción de viviendas dignas para personas que vienen de otras latitudes a trabajar aquí", según han explicado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La idea es promover viviendas para trabajadores temporales que hoy por hoy "viven en infraviviendas", como reconoce el mismo departamento.

La idea es promover viviendas para trabajadores temporales que hoy por hoy "viven en infraviviendas"

"Viven en unas condiciones no aceptables, por lo que aportamos esta solución, que estaban reclamando muchas comunidades", han señalado las mismas fuentes. Aunque se trata de una iniciativa del Gobierno, se llevará a cabo en colaboración tanto con las comunidades autónomas como con los ayuntamientos.

Actualmente 2,2 millones de extranjeros trabajan en España, 791.000 procedentes de países de la UE (un 35%) y 1,5 millones, de terceros países (el 65% restante). De estos trabajadores, 233.000 están afiliados a la Seguridad Social a través del Sistema Especial Agrario y 166.000, en el de Hogar, pero no existen datos de cuántos residen en infraviviendas, como señala el Gobierno.

Alquiler limitado a 8 euros el metro cuadrado

La ayuda aprobada, que puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consiste en una bonificación de hasta 420 euros por metro cuadrado, o 50.000 euros por vivienda, para alojamientos que se construyan después de haber conseguido la subvención y que a posteriori se alquilen con un precio limitado. La ayuda tampoco podrá superar el 50% de la inversión de la actuación.

Para recibirla, los promotores deberán alquilar estas viviendas a ocho euros el metro cuadrado como máximo. Además, estas casas deberán habitarlas personas con ingresos inferiores a cinco veces el IPREM, es decir, 40.531,4 euros anuales -alrededor de 2.900 euros mensuales- cuando firmen el contrato de alquiler. Pero, y al igual que sucede con las limitaciones de precios del alquiler y de ingresos que ha establecido para poder recibir el bono joven, las comunidades autónomas podrán ampliar este máximo si lo ven conveniente.

Otro requisito es que los promotores de las viviendas, tanto de nueva construcción como rehabilitadas, deberán alquilarlas durante mínimo 20 años para acceder a la ayuda. Además, podrán solicitar la ayuda para todos los alojamientos o viviendas de una promoción o para una parte de ellas. Las obras deberán realizarse como máximo en los 36 meses siguientes desde la concesión de la ayuda, o en los 38 meses siguientes si se construyen más de 50 viviendas. en el caso de las obras de rehabilitación, 36 meses y 32.

De nuevo, al igual que sucede con el bono joven de vivienda, las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionarlo, después de haber alcanzado un acuerdo al respecto con el Gobierno. Para ello, los gobiernos regionales deben reunirse con el Ejecutivo en un encuentro que aún no tiene fecha donde concretarán los flecos que quedan pendientes, y después las comunidades autónomas serán las encargadas de lanzar sus convocatorias.

El cohousing, entre compartir piso y vivir solo

El fondo de la idea es incentivar la construcción de viviendas compartidas, tanto de iniciativa pública como privada, que sirvan de alojamientos temporales para temporeros, aunque no solo. Se pretende "incrementar la oferta de alojamientos y viviendas en alquiler", recoge el BOE, pero de un tipo concreto de residencia.

La ley describe el tipo de alojamientos que se busca promover como "viviendas intergeneracionales y otras similares" en las que, en todo caso, "se reduce la superficie privativa de alojamiento o vivienda y se incrementa la superficie de interrelación en comparación con las soluciones habituales de viviendas", fomentando así la "vivienda cooperativa".

Esta nueva versión del tradicional piso compartido que busca crear comunidad es un fenómeno que está expandiéndose en España, aunque aún no está regulado. El socio del área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen Antonio Ñudi Tornero ya explicó a este medio, tras tres años recibiendo peticiones de asesoramiento en su despacho para implantar este tipo de proyectos en España, que se trata de una manera de un punto intermedio entre el compartir una habitación y vivir solo.

El experto señalaba como perfil de inquilino a personas que estén empezando a trabajar y que busquen crear sinergias con el resto de convivientes, por ejemplo, para que conseguir desarrollar un su proyecto empresarial, por lo que se trataría de, mayormente, jóvenes. A la vez, consistiría en régimen atractivo para el inquilino puesto que los servicios como luz, agua o calefacción están incluidos en el precio del alquiler.

En España ya existen modelos de cohousing, por ejemplo, de personas mayores, como el proyecto Trabensol, en Torremocha del Jarama, Madrid. En esta miniciudad, sus habitantes se autogestionan, evitando acudir a un tradicional centro de mayores, como ha recogido La Sexta, que también explica que estos proyectos en España están viéndose más en pueblos o zonas de la España vaciada, donde el precio del suelo es más barato.

Otro ejemplo es el caso de Cohabita Rivas, otro proyecto de cohousing para mayores que ha impulsado el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, para el que el Ayuntamiento ha cedido suelo público de forma gratuita. Ambas ideas se inspiran en el modelo que arrancó en Dinamarca en los años 70, de la misma manera que el Residencial Santa Clara, en Málaga, y que consiste en apartamentos de unos 50 metros cuadrados que cuenta con multitud de zonas comunes como una capilla, un gimnasio, una piscina, un comedor, un huerto o zonas ajardinadas, según relata el mismo medio.