El Partido Popular ha decidido dejar de lado su estrategia de judicializar la gestión del Gobierno de los fondos europeos. Al menos, por el momento. Tras semanas amagando con seguir la ofensiva judicial que ya ha arrancado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al recurrir ante el Tribunal Supremo el primer reparto de estos fondos, este miércoles su partido se ha desmarcado de esta línea de actuación.

Preguntada por los periodistas sobre si llevarán a los tribunales este asunto, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez -al frente de la parte económica del PP- ha evitado contestar que esta medida esté entre sus planes, insistiendo en que "ahora" les corresponde llevar a cabo "una labor de fiscalización" y de "seguimiento" de estos fondos. "Creemos que es nuestra obligación, porque el Gobierno rinde unas cuentas muy, muy relativas y los españoles tienen derecho a saber", ha indicado.

"Nosotros estamos analizando qué se ha estado haciendo y si creemos que descubrimos cosas que estemos legitimados para recurrir, recurriremos", ha apuntado la popular tras un encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación este miércoles. De igual modo, ha denunciado la "falta de transparencia importante" y ha criticado que España "debería ser capaz de aprovechar y por el momento no está aprovechando" la oportunidad que esta inyección de dinero supone.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid sí que presentó a mitad de enero un recurso ante el Supremo contra el Gobierno de España por el reparto de fondos europeos de forma "adicional" y "arbitraria". En concreto, el recurso contencioso-administrativo es por el Real Decreto 902/2021, del 19 de octubre, por la concesión de cuatro millones de euros a cuatro regiones.

Madrid denuncia que se asignó una cantidad a País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura "al margen del reparto aprobado" y sin ninguna razón. Según la versión de la mandataria madrileña, se están distribuyendo fondos a quienes el Gobierno considera "sin procedimiento y con falta de transparencia", razón por la que asegura haber enviado una carta al Ministerio de Trabajo pidiendo explicaciones que no ha sido contestada.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que irá a los tribunales por el mismo reparto de fondos europeos si el Gobierno no atiende su requerimiento. Feijóo aseguró en una rueda de prensa que ya advirtieron al Ministerio de Trabajo que estaban invadiendo competencias autonómicas con estas subvenciones directas, porque van destinadas al fomento del empleo.

Asimismo, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, expresó la semana pasada públicamente el apoyo de la dirección nacional del partido a sus presidentes autonómicos para poner en marcha las acciones judiciales que crean oportunas contra el Gobierno. Es algo que parece haber cambiado en Génova.

Fuentes del PP han lamentado este miércoles que estos fondos puedan acabar invertidos en "proyectos pequeños, innecesarios y absurdos", pero no han concretado qué ofensiva concreta seguirá la formación para evitarlo y tampoco han hecho referencia a acciones judiciales, limitándose a asegurar que exigirán transparencia y detalles sobre el reparto de los fondos que por ahora aseguran que no están recibiendo.

"Estamos haciendo una revisión de lo que se está haciendo y como se está ejecutando tan poco no se han podido empezado a ver en proyectos concretos hasta los últimos días. Es muy complicado saber exactamente en qué se está gastando el dinero", han afirmado.

Por último, esperan que no se produzca una inejecución (sic) ante el poco tiempo para hacerlo, y que simplemente los fondos "se deslicen" en el tiempo, es decir, que se alarguen los plazos. El segundo temor del partido es que los fondos "se ejecuten malamente", pero las mismas fuentes no han concretado, en cifras, qué efectos tendría este supuesto sobre la economía país de los próximos años.

A posteriori, desde el partido han puntualizado a este medio que no descartan acabar en los tribunales "cuando se detecte cualquier tipo de irregularidad", para lo que "están recopilando todos los datos". También han asegurado que no buscan desmarcarse de la estrategia de Madrid ni de Galicia. "Apoyamos lo que han hecho las comunidades autónomas", han indicado.