Desde que hace unas semanas Carlos San Juan, el médico jubilado de 78 años, arrancara con la iniciativa de recoger firmas a través de ‘change.org’ para reclamar un "trato más humano" en las sucursales, muchas han sido las voces de ciudadanos, organizaciones e instituciones que han manifestado su malestar por las dificultades de acceso al dinero en efectivo, especialmente entre la población más vulnerable de las zonas rurales.

El descontento es tan palmario que hasta se ha llegado a convocar una “huelga de pago con tarjeta” para el próximo 5 de marzo, que circula ya por redes sociales y WhatsApp, en la que se invita a pagar solo en efectivo.

Ayer mismo, la organización de consumidores Facua pidió una solución urgente contra las prácticas que limitan el acceso al dinero de las cuentas bancarias para los más mayores. Una situación preocupante el ámbito rural, donde se ha reducido el número de sucursales, y también en el servicio a clientes vulnerables que por razón de edad o formación digital no pueden acceder a la banca online o incluso usar tarjetas.

La entidad recuerda en un comunicado que la retirada de efectivo forma parte de la operativa básica de una cuenta corriente y que resulta contrario a la legislación bancaria y de defensa de los consumidores cobrar por ello o negarse a hacerlo cuando el consumidor no tiene capacidad de uso de cajeros automáticos. Y concreta que “retirar dinero es una de las prestaciones más elementales de cualquier contrato de cuenta de pago (reguladas por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago)”.

Y a las peticiones de las organizaciones que defienden los derechos de los consumidores, se unen miles de ciudadanos que emprenden su propia campaña mostrando su enfado. Ayer mismo, una usuaria de Twitter estremecía a sus seguidores mientras relataba en hilo la experiencia vivida en la cola del cajero, presenciando las dificultades de un hombre de 80 años cuando intentaba, sin éxito, realizar un ingreso en efectivo.

Precisamente en relación con el efectivo, la reciente reforma de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios incluida en el Real Decreto-Ley 24/2021, del 2 de noviembre, impide la negativa a aceptar pagos en metálico. La regulación, que entrará en vigor el próximo 28 de mayo, supone la obligatoriedad de aceptar dinero en efectivo en cualquier establecimiento o la imposición de una sanción en el caso de incumplimiento.