El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) disparó en 2021 el volumen de licitaciones de obra pública. Desde la renovación y mantenimiento de puentes, túneles y estaciones, hasta la instalación de nuevas catenarias o la construcción de nuevos tramos de alta velocidad.

Según las estadísticas de la patronal de la construcción Seopan, la compañía pública presidida desde hace unos meses por María Luisa Domínguez ha licitado un 110% más que en el año previo al estallido de la pandemia.

En concreto, el Adif ha sacado a concurso contratos por un valor total de 4.040 millones de euros frente a los 1.924 millones de 2019. Respecto al volumen de licitación de 2020, supone multiplicarlo por seis.

Sólo en el mes de diciembre licitó 748 millones de euros en obras; el importe mensual más alto de todo el año. Con estas cifras recopiladas por la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, la empresa pública triplica el volumen de licitación de la Dirección General de Carreteras y representa el 64,31% del presupuesto total del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El 'boom' de licitaciones por parte de Adif llega en un momento crítico para el sector de la construcción por el desmesurado aumento del precio de los materiales. De hecho, según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), desde noviembre han quedado desiertas 500 licitaciones por falta de empresarios interesados en pujar por contratos en cuyos pliegos no se refleja el precio de mercado de materiales como el acero, el cobre, la madera, el aluminio o los productos bituminosos.

De hecho, Adif tomó la delantera el pasado verano con la introducción de cláusulas de revisión automática del precio de los contratos que el sector pide ante el ingente incremento de costes y que puede dejar las obras paralizadas. La situación es especialmente grave a las puertas del desembolso millonario por parte de Bruselas de los fondos Next Generation.

Desde hace meses, distintos departamentos del Gobierno trabajan en encontrar la fórmula para introducir las citadas clausulas tanto en los contratos ya vigentes. Para los nuevos, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, dictó una reciente resolución para que se incluya este mecanismo en los pliegos y pueda reconocerse al contratista el derecho a la revisión periódica y predeterminada de precios.

Ese mecanismo de reequilibrio dejó de ser obligatorio hace casi una década y desde entonces, las Administraciones apenas lo incluyen. Aunque Transportes y el Ministerio de Hacienda parecen estar de acuerdo en la solución al problema, ahora la pelota estaría en el tejado del Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño. Una de las claves a resolver está en si el precio de la energía también se ve o no compensado por los organismos licitadores. Ahí está, según publica Cinco Días, una de las principales discusiones entre los diferentes departamentos del Ejecutivo.

Al margen de Adif, otros organismos como Aena han licitado casi la mitad que en 2019. Según los datos de Seopan, el administrador aeroportuario ha sacado a concurso contratos por un valor total de 491 millones, frente a los 898 de hace dos años. A nivel general, la licitación de obra pública de todas las administraciones creció un 29,6% respecto al último año previo al covid-19 y fue un 68% superior a la registrada en 2020. En total, se licitó obra pública por 23.648 millones de euros.