El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda. La norma incorporará la posibilidad de introducir el control de precios en determinadas zonas que decidan los ayuntamientos, así como beneficios fiscales para los arrendadores o un alza del Impuesto de los Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios de viviendas vacías.

El texto llegará a la mesa del Consejo de Ministros un mes más tarde de lo inicialmente anunciado por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Después deberá ser tramitado después por el Congreso de los Diputados y el Senado, donde los grupos podrán introducir enmiendas.

Control de precios del alquiler

Entre los puntos más destacados del nuevo texto está el control de precios en las denominadas zonas "tensionadas". Se considerarán así a aquellas que absorban más del 30% de los ingresos o en las que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años.

Gracias a este mecanismo, serán los ayuntamientos quienes puedan definir en qué consisten estas zonas durante un período de tres años, ampliables a otro adicional. Todo se hará en base a un índice de precios que debe elaborarse en un máximo de 18 meses desde la entrada en vigor de la normativa. 

Bonificaciones fiscales

En dichas zonas tensionadas habrá una bonificación de hasta el 90% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los caseros que bajen la renta un 5% respecto al contrato anterior.

En caso de que se alquile por primera vez a jóvenes de 18 a 35, la bonificación será del 70%. Y si el inmueble ha sufrido obras de mejora energética o rehabilitación, se gozará de un 60% de bonificación.

Para los propietarios que rubriquen contratos de al menos 10 años de duración, no habrá congelación de precios en las citadas zonas tensionadas y podrán elevar un 10% el precio del alquiler si amplían la duración del mismo. Por su parte, los inquilinos tendrán la posibilidad de alarga el contrato tres años más que en la actualidad con las mismas condiciones.

Vivienda vacía

Otra de los objetivos del nuevo texto es evitar la existencia de pisos vacíos. En este sentido, el texto que prevé aprobar el Gobierno contempla recargos del IBI de hasta un 150% que se aplicará a viviendas que hayan estado desocupadas durante más de dos años y a aquellos propietarios que posean al menos cuatro casas en el mismo municipio. Por otro lado, también prevé que sean los juzgados los que suspendan de oficio los desahucios por impago de renta de familias vulnerables.

Parque público de vivienda

Por su parte, la nueva norma también contempla el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada. En base a esto, los propietarios que ofrezcan alquileres a precios reducidos gozarán de beneficios fiscales o de cualquier otra índole. Asimismo, la norma fija que el parque público de vivienda social no pueda ser enajenado.

El Gobierno también plantea reservar un 30% de los nuevos inmuebles que se construyan para vivienda protegida, del que la mitad se dedicará a alquiler social. A cambio, se han diseñado mecanismos para compensar a los promotores y evitar la pérdida de inversión privada mediante pagos, cesión de suelos o ampliación de un 30% de las promociones.

Críticas del CGPJ

La norma ha recibido un duro informe en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces -en un texto preceptivo pero no vinculante- dice que algunas medidas como la regulación del precio del alquiler choca con las competencias reconocidas a las comunidades autónomas.

Además, se destacan algunas imprecisiones del texto normativo, como el concepto de vivienda digna o la afectación del derecho a la propiedad también reconocido en la Constitución. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) también criticó la norma y aseguró que las medidas que contiene ahuyentarán la inversión extranjera en España.

Malestar de Unidas Podemos

La Ley de Vivienda fue un punto clave para que Unidas Podemos diera su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Pero los continuos retrasos han generado malestar en el ala 'morada' del Ejecutivo. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aseguraba este lunes que se aprobará en los términos acordados.