El PSOE y Unidas Podemos han aceptado este miércoles en el Congreso de los Diputados la propuesta de EH-Bildu de vetar de los fondos europeos a empresas eléctricas que hayan alterado precios en el mercado energético, si bien enmarcan esta medida dentro de los trabajos de una comisión parlamentara aún no constituida para estudiar mejoras en el sistema eléctrico. Así consta en la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los socios de Gobierno han planteado a una moción de Bildu debatida este miércoles en el Pleno del Congreso, con una batería de medidas para endurecer el control sobre las eléctricas y combatir la escalada de precios.

La propuesta de PSOE y Unidas Podemos acepta la realización de inspecciones y sanciones ante la sospecha de posibles manipulaciones de mercado y enriquecimiento abusivo por parte de empresas eléctricas, la realización de una auditoría exhaustiva para detallar los costes reales de generación de cada tecnología y el citado veto a empresas manipuladoras.

Sin embargo, enmarcan estas medidas en las conclusiones de una comisión no permanente del Congreso para estudiar el precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico, aún pendiente de constituir, algo que no plantean en otras medidas propuestas como la reforma del mercado --a promover en la Unión Europea-- o la realización de una campaña institucional para la reducción del consumo energético.

El PSOE, Unidas Podemos y Bildu negocian un texto conjunto para someter a votación en el Pleno de la Cámara Baja este jueves. La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por Bildu a la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la última sesión de control al Gobierno del pasado año.

Sanciones insuficientes

En su defensa de la moción, el portavoz energético de Bildu, Oskar Matute, ha lamentado que las costas y las sanciones a las eléctricas por alteraciones ya existentes y probadas acaban siendo de una cuantía "muy por debajo" de la ganancia obtenida, y ha reivindicado auditar exactamente los costes para actuar ante posibles sobrerretribuciones.

German Renau, portavoz de Transición Ecológica del PSOE, ha coincidido en que los costes de generación y el precio de la electricidad "no están yendo de la mano", y ese está siendo "el mayor problema" al analizar el sistema eléctrico. Por ello, ha defendido una reforma del mercado eléctrico, tal y como ha defendido España en Bruselas.

Una propuesta que, ha recordado Idoia Sagastizabal (PNV), a la que "Europa ha dicho que no", por lo que ha exigido al Gobierno que lleve a cabo las subastas que decretó por ley para antes de fin de año por parte de las productoras a comercializadoras, y así facilitar energía a precio más competitivo, así como una reforma de la tarifa regulada, sacándola del mercado diario, como sucede en otros países.

Por el PP, José Alberto Herrero Bono, ha reivindicado la necesidad de mayores inversiones en el sistema, para aumentar las interconexiones, y converger con otros países, cuestionando la primacía de tecnologías de generación llevada a cabo por la vicepresidenta Ribera.

A la espera de la comisión

Joan Capdevila, de ERC, ha señalado que el actual diseño de mercado impide una fijación de precios adecuada, pero que esto "se agrava con la falta de competencia del sector", donde detecta "monopolios dominantes" y se permite "un uso cautivo de la energía hidráulica que no contribuye a controlar el precio de la energía en momentos como el actual".

También han puesto el foco en los márgenes de beneficios de las grandes eléctricas grupos como Unidas Podemos, la CUP o Compromís, reivindicando los primeros una empresa pública que rompa con el oligopolio. Joan Baldoví, diputado de Compromís, ha recordado cómo los grupos del Gobierno acabaron absorbiendo la propuesta planteada por su partido, y otros, de impulsar una comisión de investigación para esclarecer irregularidades en el mercado.

"No solo no se ha hecho la luz, sino que se fue el ruido", ha dicho, recordando que fue en agosto cuando se pidió, en septiembre los grupos del Gobierno presentaron la suya, una comisión pero de estudio, y que ni siquiera se ha aprobado su creación.