El macroplan de pensiones de los funcionarios renta un 29% más que su índice de referencia

El macroplan de pensiones de la Administración General del Estado -el mayor de España por número de partícipes- recuperó la senda positiva el pasado año y cerró con una rentabilidad bruta del 7,31 %, un 29 % superior a la que arrojó su índice de referencia (5,67 %). Desde su inicio a finales de 2004, este producto de ahorro colectivo arroja un rendimiento positivo acumulado del 3,53 %.

Según se detalla en el informe de gestión con datos referidos a 31 de diciembre, el plan de pensiones de los funcionarios estatales logró un repunte importante en 2021 tras el retroceso experimentado en 2020 debido al impacto que la pandemia provocada por la covid-19 tuvo en los mercados financieros. En concreto, en dicho ejercicio la rentabilidad fue del -0,44 %, frente al 7,83 % que había brindado un año antes.

La cuenta de posición del plan ha arrancado el año con un saldo de 634,85 millones de euros, exactamente un 3,18 % por encima de la cantidad existente a la conclusión de 2020 (615,27 millones) pero todavía ligeramente por debajo del patrimonio neto que se registraba a finales de 2019 (635,3 millones).

Con un perfil inversor claramente conservador, la renta fija representaba el 52,69 % de la cartera, algo más de cuatro puntos menos de la tasa que se registraba al cierre de 2020 (56,89 %). Por contra, han subido en el último año la apuesta por la renta variable (del 34,96 % al 35,31 %), las inversiones alternativas (del 6,32 % al 7,32 %) y los activos monetarios (del 1,84 % al 4,68 %).

2014-2021: Rentabilidad neta del plan de pensiones de la Administración del Estado

De la renta fija, la inversión en euros ha disminuido siete puntos y medio hasta quedar situada en el 73,41 % mientras ha aumentado de forma llamativa en dólares estadounidenses (del 19,07 % al 26,59 %). De otro lado, el 36,51 % de la cartera es de máxima calidad crediticia (AAA), según precisa el informe elaborado por el BBVA.

En cuanto a la estructura de la renta variable, el 50,99 % de la inversión corresponde al área geográfica europea y el 29,14 % a Norteamérica, reduciéndose las posiciones en los mercados emergentes del 20,66 % al 11,51 %. Respecto a la composición sectorial, los fondos cotizados (ETFS) concentran el 47,64 % de la cartera, seguido de los fondos (13,80 %), emergentes (12,34 %), tecnología (5,38 %) y bienes de consumo (5,17 %).

Creado en 2004

El acuerdo alcanzado el 13 de noviembre de 2002 entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para la modernización y mejora de la Administración pública en el periodo 2003-2004 incluyó el compromiso de las partes de promover un plan de pensiones de empleo para todos los empleados estatales. Su gestión se adjudicó por concurso en 2004 a la entidad Gestión de Previsión y Pensiones Entidad Gestora de Fondo de Pensiones SA, siendo el BBVA el depositario.

Hasta que la comisión de control del plan de pensiones de la Administración General del Estado no publique en los próximos meses la memoria anual no se conocerá el número de partícipes y beneficiarios que no han cobrado aún las prestaciones. Al cierre de 2020, el número ascendía a 523.715 personas, muy lejos de las 613.213 que se contabilizaban en 2011.

La cartera de renta fija se reduce más de cuatro puntos, aumentando la inversión en dólares estadounidenses

De las 132 entidades promotoras del plan, es el Ministerio de Defensa el que aporta mayor número de partícipes (un 32,86 % según los datos de 2020) y patrimonio (el 28,22 %). A distancia le seguían la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Administración de Justicia y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

Desde 2012, las entidades promotoras no han realizado aportaciones a los partícipes del plan a excepción de la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, que hizo efectiva una contribución de 32.960,14 euros en 2019 con cargo a los fondos adicionales de 2018. La congelación se produjo en cumplimiento del real decreto-ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público que el Gobierno aprobó el 30 de diciembre de 2011 para hacer frente a la desviación presupuestaria en el conjunto de las administraciones públicas, registrándose en este tiempo tan sólo algunas aportaciones correspondientes a regularizaciones de ejercicios anteriores.

En paralelo, las aportaciones voluntarias de los partícipes registran un importante incremento desde 2013, cuando ascendieron a 2.237.308,73 euros. En 2020, último dato disponible, sumaron 4.281.491,59 euros, la segunda cuantía anual más elevada tras la de 2019 (4.635.061,30 euros).