Unai Sordo (Baracaldo, Vizcaya, 1972) es uno de los máximos responsables de la nueva reforma laboral que el Congreso convalidó in extremis el pasado jueves. Como secretario general de Comisiones Obreras ha seguido el trascurso de los más de nueve meses de reuniones semanales de su equipo con los representantes del Ministerio de Trabajo, los de UGT y los de la organización de empresarios CEOE.
Finalmente, en los últimos días de diciembre, justo a tiempo para cumplir con el plazo acordado, las partes llegaron a un acuerdo sobre cómo sería el texto de la ley que, asegura el Gobierno, dejará atrás la reforma laboral de Rajoy de 2012 y terminará con buena parte de la precariedad y la temporalidad laboral en nuestro país. Una promesa que a punto ha estado de no ser suficiente para que los diputados le den el visto bueno, imprescindible para sacarla adelante.
Pregunta.- Después de la polémica convalidación de la reforma laboral en el Congreso, el PP y Vox han anunciado que la llevarán a los tribunales. ¿Qué piensa que va a pasar con esta posible judicialización?
Respuesta.- Lo que parece es que es una cuestión que reglamentariamente no hay demasiada duda. No tiene mayor recorrido. Más allá de eso, es una lástima que una reforma que tendría que haber sido ampliamente avalada desde luego por todos los grupos progresistas de la Cámara y, si se me apura, por cualquier partido que ponga en valor la importancia del diálogo social, que tenga que ser sometida a esta tensión por el tacticismo político de determinados grupos de izquierda y por el absoluto y lamentable espectáculo de dos tránsfugas porque la derecha española parece que no sabe moverse fuera de la trampa.
P.- ¿Es legítima una reforma laboral que ha salido adelante gracias a un voto por error?
R.- Legítima es porque los reglamentos de las cámaras son así. Yo me pregunto si es política y éticamente legítimo que alguien oculte hasta el último momento su voto, mintiendo a los grupos, para dejar sin ningún margen de maniobrabilidad… y trate de tirar por la puerta de atrás una reforma que va a mejorar la vida de millones de trabajadores en España.
P.- Dices que va a mejorar la vida de millones de trabajadores, pero he visto pocos cálculos sobre a cuántos van a ver subir su sueldo gracias, por ejemplo, a la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa. ¿Tienen estimaciones?
R.- Eso es imposible tenerlo porque estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que están en empresas normalmente multiservicios… y también de otros sectores y que a través de convenios de empresa tienen salarios inferiores a los de sus sectores. Esta es una estadística que no existe pero nos consta que hay sectores como el de las camareras de piso, el de la ayuda domiciliaria o el de la logística donde estos convenios han proliferado y por tanto van a ser bastantes miles de personas las que van ver que sus salarios van a verse referidos al convenio sectorial y van a tener un incremento importante. Pero si alguien va a mejorar sus condiciones es el precariado, las personas que vienen sufriendo la contratación temporal de una forma continua y rotatoria, y creo que los datos de estabilización del empleo van a ser importantes en los próximos meses.
P.- ¿A cuánto estiman que va a bajar la tasa de contratos temporales frente a indefinidos en el próximo año?
R.- Es arriesgado decirlo. El hecho de que los contratos de fin de obra hayan desaparecido va a provocar que personas que en el pasado eran contratadas con este modelo o sean indefinidas o sean contratadas a través de eventuales de las circunstancias de la producción, que en lugar de durar entre 3 y 4 años van a durar entre 6 y 12 meses… Y, con toda la seguridad, unido a las sanciones que va a haber va a hacer que la tasa de temporalidad en España caiga de una forma yo creo que drástica, pero vamos a esperar unos trimestres.
Además, para cuando pueda haber problemas económicos reales en las empresa se ha habilitado la fórmula de la reducción de jornada de los ERTE y el Mecanismo RED. No solo es palo sino también zanahoria. Estás dando a la empresa la posibilidad de no despedir cuando de verdad hay problemas, es decir, de sustituir la vieja práctica del contrato temporal y despido por una nueva práctica de contrato indefinido y cuando de verdad hay problemas una adaptación temporal de jornada, como hemos hecho durante pandemia.
P.- ¿Conseguirá la reforma laboral reducir esos contratos ultracortos, de lunes a viernes? ¿Serán suficientes las penalizaciones de 26 euros por cada contrato inferior a 30 días que den de baja?
R.- Yo creo que es la penalización más grande que ha habido, hasta ahora solía penalizarse con porcentajes de recarga en la cuota de la Seguridad Social, lo que pasa es que solían ser cuantías muy pequeñas porque son porcentajes sobre una cotización que sobre todo en salarios bajos era muy pequeño y no era disuasorio.
Ahora es un recargo lineal que puede tener un efecto disuasorio. Pero además la propia reforma recoge un compromiso de revisar cómo va la temporalidad para en ese caso revisar las medidas que se han tomado en los próximos dos años, porque la ley no configura ni la sociedad ni las prácticas de las empresas, por tanto vamos a revisar, llegado el caso, las medidas por si no son lo suficientemente eficaces.
P.- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha repetido que el verdadero problema de temporalidad está en el sector público, donde es mayor que en el privado. ¿Cree que se va a conseguir reducir este exceso?
R.- Con el sector público lo que hay que hacer es ir a un proceso de estabilización e incremento de plantillas, para eso hemos llegado a un acuerdo para reducir los niveles de interinidad en España. La administración pública ha generado mucha temporalidad por el uso excesivo de interinos y también porque la externalización de servicios ha funcionado también con temporales. Ahora mismo el uso de una obra o de un servicio a través de una subcontrata no justifica la utilización del contrato temporal si la naturaleza del contrato es permanente, por la reforma, por tanto creo que se va a producir una reducción importante de la temporalidad.
P.- Los inspectores de trabajo están al borde de la huelga. Denuncian que está en una situación límite y se ha aprobado la reforma laboral pero no hay ninguna noticia de que vaya a ampliarse la plantilla. ¿El Gobierno está cometiendo un error no anunciando más presupuesto para reforzar la Inspección.
R.- Esto sale fuera de la reforma laboral, esto no se regula desde el Estatuto. Pero hay que dotar de recursos a la Inspección de Trabajo y hay que retribuirles convenientemente, porque tienen un papel fundamental que desarrollar en este tiempo que viene. Compartimos que hay que mejorar y arreglar la situación de este colectivo.
P.- Estos días se ha hecho mucho hincapié en que es preferible aprobar una nueva legislación laboral pactada con los sindicatos y los empresarios, porque la experiencia apunta a que perdurará más. Pero, ¿cree que al PP le va a costar derogar esta ley si llegase al poder con mayoría absoluta?
R.- Es evidente que un acuerdo tripartito tiene que configurar una reforma mucho más estable y con más vocación de permanencia. Es un paso muy importante. Dicho esto, con la actual derivada, con el actual proceso en el que están entrando las derechas españolas, que están cayendo entre el neofascismo y neotrumpismo ibérico es difícil saber dónde va a acabar esto.
Hay que hacer un llamamiento al PP de que recupere un mínimo de sentido de centralidad y de Estado, porque es muy preocupante la pendiente por la que está cayendo este PP de Casado. Y España no se puede permitir que las derechas entren en una competición entre el nacionalpopulismo de extrema derecha de Vox y un PP cada vez más perdido más escorado hacia el disparate que representa, mejor que Casado, la propia Díaz Ayuso, y que nos lleva a un problema de convivencia como estamos viendo últimamente.
P.- Ante la dificultad que ha encontrado el Gobierno para conseguir una mayoría en el Congreso que convalidase la reforma ha surgido el debate sobre la legitimidad de los agentes sociales, porque se ha votado a los políticos que se sientan en el Congreso pero no a quien está en las mesas del diálogo social. ¿Deberían entrar otros sindicatos en las negociaciones con el Gobierno?
La legitimidad democrática de los sindicatos en España es la misma que la de los partidos. Tenemos más afiliados que todos los partidos políticos juntos"
R.- Pero es que a los sindicatos sí que se les ha votado, no estamos en las mesas del diálogo social porque sí, sino porque tenemos una mayoría representativa de los trabajadores. El sindicato más representativo de España es CCOO con un 36% de representación. Tenemos 95.000 delegados, prácticamente un millón de personas afiliadas. Tenemos más delegados que concejales tienen todos los partidos políticos juntos, tenemos más afiliados que todos los partidos políticos juntos. seguramente, multiplicados por tres o cuatro.
Somos una organización que figura en el título preliminar de la Constitución, en el título 7, inmediatamente después de los partidos políticos. Por tanto, la legitimidad democrática de los sindicatos en España es la misma que la de los partidos. No creo que la legitimidad de las Cortes y la del diálogo social deban entrar en competencia, nosotros reconocemos que la competencia legislativa es de las Cortes Generales, faltaría más.
Pero no se puede entender el consenso constitucional que hay en España sin poner en valor el papel democrático que jugamos las organizaciones representativas. Nosotros no hacemos un convenio colectivo que se aplique al conjunto de trabajadores porque seamos una entidad privada de afiliados, sino porque somos una entidad de afiliados y afiliadas, delegados y delegadas, votados por compañeros y recogidos en el título preliminar de la Constitución.
P.- Pero, ¿son suficientes dos sindicatos en el diálogo social?
R.- No es que sean suficientes, ¿puede entrar el Partido Animalista en el Congreso de los Diputados? Si le votan sí, si no le votan, no. Vivimos en una democracia representativa y por tanto los sindicatos que estamos en la mesa somos los mandatarios por los trabajadores que votan en las urnas en decenas de miles de procesos electorales en los centros de trabajo.
P.- ¿Piensa igual con las empresas?
R.- La organización representativa en España es CEOE, el problema es que en la patronal el sistema de representación de las organizaciones empresariales no tiene un sistema de elección sino de asociación… Se supone que están asociadas las empresas de España y tienen esa representatividad concedida también desde el marco legal, pero es verdad que no hay un proceso de elecciones de las candidaturas de las distintas organizaciones empresariales. Y CEOE representa al conjunto de organizaciones empresariales, salvo que algún día se determine que hay otra fórmula de acreditar mayorías entre las organizaciones empresariales. Pero nosotros no entramos ni salimos sobre cómo hay que acreditar eso.
P.- Varios medios publicaron esta semana que CCOO ha recibido un 60% más de subvenciones durante 2021 frente a 2020, 5,3 millones de euros. ¿Es así?
Es un mito urbano comparable a decir que los niños vienen de París decir que los sindicatos en España se financian por subvenciones cuantiosas"
R.- En España los sindicatos tenemos una financiación de recursos públicos ínfima. CCOO aproximadamente se financia por recursos propios en torno al 85%, que tienen que ver con nuestras cuotas, las que paga la afiliación y otros recursos como las asesorías jurídicas a personas no afiliadas. Es un mito urbano comparable a decir que los niños vienen de París decir que los sindicatos en España se financian por subvenciones cuantiosas.
Nosotros tenemos un presupuesto con recursos propios de más 130 millones euros y esa pequeña aportación que hace el Estado ni remotamente compensa la actividad que el sindicato hace para más allá de sus afiliados. Porque cuando se habla de la financiación de los sindicatos se olvida una cosa, y es que cuando los sindicatos negocian las pensiones o los convenios colectivos no lo hacen para sus afiliados sino que representan al conjunto de los trabajadores porque así lo mandan nuestras leyes. Para quien pretende desacreditar a los sindicatos por esas subvenciones les recuerdo que están cuestionando el marco constitucional español.
P.- Pero, ¿ha sido ese el incremento en lo que ha recibido?
R.- No lo sé. Puede ser. El dato es que esa es una parte ínfima del presupuesto de CCOO y si con eso tuviéramos que cubrir el conjunto de acciones que hacemos más allá de nuestra afiliación pues lo dejaríamos de hacer. Por tanto es una pura anécdota el tema de las subvenciones.
P.- ¿Van a pedir recuperar las indemnizaciones de 45 días por año trabajado?
R.- Esta es una reforma muy ambiciosa, que aborda la derogación de las partes más lesivas de la del PP pero que pretende superar otros efectos de la reforma de 2012 no solo por un elemento de derogación sino por una legislación alternativa. ¿Esta reforma aborda todas las materias que el sindicato quisiera sacar adelante? Evidentemente no. Claro que no renunciamos a una revisión de las causas del despido o de los costes del despido. Pero el perímetro de esta negociación ha sido este en un momento en que hemos priorizado más que la indemnización, que es importante sobre todo en carreras largas, es decir, percibir una indemnización de 33 o 45 días si tienes una carrera de 20 años es un dinero. Nosotros no renunciamos a recuperar esos 45 días.
En aras de conseguir un acuerdo hemos priorizado los intereses de la gente más precaria"
Pero en aras de conseguir un acuerdo hemos priorizado los intereses de la gente más precaria. Porque cuando tienes un país con un 26% de temporalidad, cuando tienes a la gente joven con contratos temporales y precarios, cuando cada trabajador temporal tiene de media 4 contratos temporales al año y cuando cada contrato temporal dura de media 56 días, con esos días cuando te echan de forma improcedente cobrar 33 o 45 días de indemnización es un tema absolutamente menor. Lo importante es que no te echen, que te hagan indefinido y que si hay problemas en las empresas en lugar de irte a la calle puedas acogerte temporalmente a un ERTE para no ser despedido. Hemos priorizado los intereses de la gente que peor está.
P.- Ante la petición de algunos partidos de izquierda que han rechazado la reforma laboral de recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado, usted ha dicho en diferentes ocasiones que este no es el fin del mundo, que puede seguir negociando y legislando. ¿Qué ha quedado pendiente, que más esperan conseguir en esta legislatura?
R.- Hay que empezar por la subida de los salarios, el salario mínimo, y además de las causas del despido hay otro elemento que hay que abordar en el futuro que es la capacidad que tienen las empresas de modificar lo pactado en convenio colectivo. Es una de las materias que no se ha abordado en esta reforma, es decir, que una empresa no tenga tantas causas para poder dejar de aplicar lo pactado en un convenio colectivo. Para esto necesitamos creo que algunos cambios en la ley y reforzar la organización sindicales en los centros de trabajo. Esto es la pescadilla que se muerde la cola: habrá más fuerza sindical en el futuro si en vez de tener un 26% de temporalidad tenemos un 16%, si la gente más joven y precaria sabe que tiene cierta estabilidad en un puesto de trabajo y por tanto tiene más facilidad para organizarse, por eso pretendemos reforzar la acción sindical.
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