La industria española no puede soportar otro año con el precio del gas y de la electricidad por las nubes. Las principales asociaciones del sector secundario de nuestro país ha lanzado una serie de propuestas al Gobierno en el que se incluyen medidas urgentes para frenar esta escalada.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia), en un comunicado remitido al Ministerio de Transición Ecológica, ha pedido "la inmediata adopción de medidas adicionales a las ya tomadas, ante la persistencia en los últimos meses de precios muy elevados en los mercados eléctrico y gasista, que triplican los precios habituales".

Para frenar la crisis energética la alianza ha exigido la reducción "urgente" de los tipos aplicados en España al impuesto especial de hidrocarburos al mínimo habilitado que permite Bruselas. Además, señala que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe "reabrir el debate" del futuro de la generación eléctrica a partir de la energía nuclear. " La experiencia de los últimos meses ha demostrado la relevancia de su aportación al mix en cuanto a energía de base, fiable, descarbonizada e independiente de las fluctuaciones en los mercados energéticos internacionales".

Respecto a las medidas eléctricas, las empresas industriales argumentan que debe suprimirse el impuesto a la generación eléctrica, que actualmente está suspendido, y que grava al 7%, así como prorrogar al menos al conjunto de 2022 la reducción del Impuesto Especial de Electricidad hasta el 0,5%.

Por lo que respecta a los costes regulados de gas, la Alianza considera urgente emplear el superávit registrado de su recaudación en 2021 en la reducción de los peajes y cánones de gas para 2022.

Emisiones de CO2

El encarecimiento de las emisiones de gases nocivos a la atmósfera ha sido uno de los principales culpables por los que el precio de la electricidad se ha disparado. Por eso, piden "acelerar la publicación de la convocatoria de 2022 de ayudas para la compensación de costes indirectos de CO2, "garantizando que se aporte el volumen máximo de compensación permitido por las autoridades comunitarias, como ocurre en los principales Estados miembros".

Además, la alianza rechaza con rotundidad el nuevo Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que amplía la fiscalidad a empresas del sector energético. "Su impacto se incrementaría, además, con la entrada en vigor de las nuevas directrices europeas de ayudas de Estado en materia de clima, energía y medio ambiente, ya que su aplicación muy previsiblemente imposibilitaría el mecanismo de compensación de costes asociados al
FNSSE previsto en el proyecto de ley", zanjan.