El Ministerio de José Luis Escrivá quiere impulsar los planes de pensiones de empresa -formalmente, "de empleo"-. Se trata de una vía para complementar la pensión pública que apenas se utiliza en España, donde están mucho más extendidos los planes de pensiones individuales, a los que solo acceden los trabajadores de rentas altas y muy altas.
Para conseguir que estos planes de pensiones, más accesibles, se generalicen hasta llegar a alrededor del 50% de la población activa en unos 10 años -ahora los utiliza solo el 10%-, Escrivá ha puesto sobre la mesa rebajas en las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social por trabajador. Así consta en el nuevo borrador del anteproyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, al que ha tenido acceso este medio.
Así, las empresas podrán beneficiarse de una reducción de 80 euros en la base de cotización mensual del trabajador que se adscriba a estos planes, como adelantó en primer lugar El Economista. El mismo medio especificó, tras consultar a tres expertos, que esa cantidad no es el ahorro directo para la empresa, ya que no es lo que se reduce la cuota que debe pagar mensualmente, sino sobre la base de cotización.
El Economista calcula que el ahorro total podría ser de unos 25 euros por trabajador al mes, es decir, de unos 300 euros anuales. Las mismas fuentes que ha consultado consideran, por ahora, demasiado bajo el incentivo como para que resulte atrayente para las compañías.
Para que estos planes de pensiones se generalicen es indispensable que el Gobierno consiga que las empresas los fomenten, ya que serán quienes deberán ofrecerlos, y por eso, el Ministerio de Seguridad Social está buscando hacer su proyecto atractivo para ellas.
El mecanismo planteado es el siguiente: los asalariados accederán a estos planes de pensiones a través de sus empresas previa inclusión en los convenios sectoriales mediante la negociación colectiva, como ya ha explicado este medio. A la vez, para estos fondos de pensiones impulsados por el Gobierno se establecerá un tope de comisiones que obligará a que siempre sean mucho más beneficiosos que los planes individuales.
La cifra que se manejaba era del 0,5%, frente al 1% vigente en los planes individuales, de manera que este renovado mecanismo suponga un ahorro considerable frente a las altas comisiones de los planes individuales. Sin embargo, el tope aún no se ha fijado y se decidirá durante la tramitación parlamentaria de la ley.
El anteproyecto de ley aún no está terminado, sino que aún se están incorporando detalles a medida que se discute con los agentes sociales y con otros ministerios. Sin embargo, el mismo ministro aseguró en una rueda de prensa reciente que este fondo público de pensiones, desde el que se impulsarán los planes de empresa, se aprobará en un próximo consejo de ministros. La iniciativa ya fue aprobada por los ministros en noviembre, pero ahora volverá al mismo órgano tras un periodo de audiencia pública, en el que ha sufrido modificaciones, para iniciar su tramitación parlamentaria.
Seguridad Social pretende atraer a las empresas con estas ventajas en las cotizaciones, de decir, en lo que las empresas deben pagar cada mes por trabajador a la Seguridad Social. Pero a la vez el texto -que todavía podría verse modificado- recoge que el trabajador podrá hacer una mayor aportación que el empresario, cuando hasta ahora la idea era que debían aportar lo mismo.
Fuentes del Ministerio han rechazado hacer comentarios sobre este borrador del anteproyecto de ley, escudándose en que se está elaborando el texto en las diferentes reuniones técnicas que están teniendo lugar. Pero los responsables de la medida ya explicaron a los periodistas en noviembre, cuando, entre otros, apuntaron que los autónomos -cuya pensión es 500 euros inferior a la de los asalariados cada mes, de media- y los trabajadores públicos también podrán beneficiarse de estos planes de empleo.
Lo que también está claro es que la tramitación parlamentaria de la ley y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) deberá llevarse a cabo antes de que termine junio de 2022, como se ha prometido a Bruselas. Esta iniciativa, al igual que la reforma laboral, la de pensiones y la fiscal, está ligada a la recepción de parte de los fondos europeos, aparece en el componente 30, el que hace referencia al sistema de pensiones.
La razón para impulsar este tipo de método complementario de la pensión, argumentaron en el Ministerio, es que los planes de pensiones individuales tienen comisiones especialmente elevadas y solo los utilizan trabajadores de rentas altas y muy altas (por lo que son «regresivos», según la AIReF), es decir, que no permiten ahorrar al resto de trabajadores. En porcentaje sobre el PIB, actualmente los planes de pensiones individuales representan un 7% del producto interior bruto español, mientras que los de empresa no llegan al 3%.
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