Unidas Podemos presentó el lunes su propuesta de reforma fiscal con la que considera que el Gobierno podría recaudar 30.000 millones más. Entre sus sugerencias figuran la creación de un impuesto estatal que grave la vivienda vacía, para motivar que salgan al mercado del alquiler, crear otro que grave los alimentos de mala calidad nutricional, desplegar un nuevo marco de fiscalidad verde y ampliar la lista de alimentos y bebidas no alcohólicas con el IVA superreducido del 4%.

La propuesta ha llegado tres semanas antes de que termine el plazo para que los expertos designados por Hacienda presenten su informe sobre la reforma fiscal. El año pasado, el Ministerio de María Jesús Montero designó a un grupo de catedráticos de universidad para que lo asesorasen sobre qué impuestos debería subir, a través de la elaboración de un informe que deben entregar antes del 28 de febrero.

Por eso, la injerencia de Podemos ha levantado ampollas, con ministros del PSOE criticando que debieran haber esperado a que se conocieran las conclusiones de los expertos, y dando lugar a lecturas en términos electoralistas de por qué ha dado este paso el partido morado. (El movimiento se ha producido, además, poco después de que dos de los miembros abandonasen el grupo y en medio de acusaciones de intromisiones del Gobierno en el informe final, como ya contó este medio).

Pero más allá de eso, lo que está claro es que el Gobierno ya ha prometido a Bruselas llevar a cabo una reforma fiscal a la que ha dado el visto bueno la Comisión Europea. Se ha producido así en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el extenso documento, dividido por componentes, en el que España explica a qué dedicará los fondos europeos que el ejecutivo comunitario pretende entregar al país para impulsarlo tras la crisis del coronavirus.

El componente que habla de la reforma fiscal deja partes abiertas, pero otras están bien atadas, e incumplirlas podría comprometer parte del dinero, a menos que se explique convenientemente a la Comisión y esta dé su visto bueno. Una de las claves es que la reforma fiscal deberá entrar en vigor en el primer trimestre de 2023. No se concreta, sin embargo, cuánto se pretende recaudar con ella.

¿Qué más se ha prometido y concretado a Europa en el marco de la reforma fiscal? Se explica en el componente 28 del Plan de Recuperación, el denominado Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. En él se deja claro que la reforma del sistema tributario busca contribuir a la recuperación económica de España y a la vez hacer el sistema más equitativo, progresivo y justo. Y no es menos importante diseñar "una fiscalidad verde", incorporar "la perspectiva de género" y "potenciar políticas públicas de interés general como la protección de la salud".

Pronto se entra en materia recalcando el principal objetivo: acercar los niveles de tributación de España a la media de países de nuestro entorno. El componente no entra en eso, pero España tiene una presión fiscal del 38,7% del PIB frente al 46,4% de la media de la zona euro. Es decir, que según los datos, en el resto de países pagan más impuestos, algo que debemos al menos empezar a igualar.

Esta subida de impuestos es crucial para sostener el sistema de pensiones

¿Cómo? En primer lugar, eliminando beneficiarios de las muchas exenciones y deducciones que existen en el país, aunque no se concreta cuáles. Eso deberá ser tarea del grupo de expertos. En esa línea, Podemos quiere limitar algunas de las exenciones del impuesto de sociedades para aumentar su recaudación y gravar más a quienes más tienen.

También se incide en que hay que incorporar nuevos impuestos "de acuerdo con las tendencias más recientes". Por ejemplo, ve necesario desarrollar una fiscalidad verde que proteja "al medioambiente como herramienta de lucha contra el cambio climático". En esa línea van algunos de los impuestos que ya se han aprobado -y han generado polémica- y otros que aún están por aprobarse.

En este capítulo entran el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración y el impuesto a envases de plástico no reutilizables (aprobados ya el año pasado), así como el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero (se aprobará en el segundo trimestre de 2022). Forman parte también del mismo capítulo el pago por uso red carreteras, es decir, los peajes en todas las autovías (que deberán aprobarse en el segundo semestre de 2023, según se recoge en el plan, y sus pagos «podrían implantarse» a partir del 2024), el impuesto de matriculación (primer trimestre de 2021) y revisar las bonificaciones de hidrocarburos, lo que podría llevar a subir el impuesto al diésel (en el cuarto trimestre de 2022).

El plan es explícito con qué busca con estas revisiones de impuestos: recaudar más. "Se prevé incrementar la suficiencia recaudatoria de nuestro sistema tributario de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad del gasto público", explica. "Cabe indicar que nuestro sistema tributario, y en sentido amplio los ingresos públicos, tiene margen de crecimiento en el medio plazo. Este Gobierno está decidido a impulsar este incremento, acercándonos a la media de los países europeos, especialmente en las figuras medioambientales y digitales y utilizar estos crecimientos para ajustar el déficit estructural", recoge el plan.

Y no solo es vital para reducir el déficit, sino para hacer frente a gastos que ya están comprometidos. "Este proceso es crucial, ya que áreas como la sostenibilidad del sistema de pensiones dependen de este incremento de ingresos. Por tanto, el objetivo de este Componente se basa especialmente en el crecimiento de los recursos públicos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo, reduciendo el déficit estructural", deja claro el documento.

Más allá de lo prometido, los expertos están proponiendo una reforma fiscal que asimile los impuestos de las distintas comunidades autónomas, es decir, en pro de la armonización fiscal, algo que también dará que hablar a nivel político. Ante eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid está intentando blindarse, en su defensa de que cada región española debe poder tener libertad para escoger qué impuestos bonifica en la medida en que considere.