Es una realidad paralela, distinta a la del resto del país. La correlación de fuerzas, recientemente renovada, apenas se ha movido. Los sindicatos nacionalistas ELA y LAB ostentan la mayoría, 40% y 19% respectivamente, frente a CCOO y UGT, con un 18% y 10% de los delegados sindicales en Euskadi respectivamente. La relación entre ambos lados ideológico-sindicales no es buena. No al menos en los últimos años. La fractura se ha impuesto en aspectos clave con el diálogo social que unos renuncian a mantener con el Gobierno y otros exploran en busca de acuerdos.
Tampoco la unidad ha existido en cuestiones esenciales en el ámbito laboral y económico como la aprobación de la reforma laboral. Las centrales abertzales salieron a la calle para denunciarla, los sindicatos de ámbito nacional la rubricaron junto a patronal y Gobierno. Ni siquiera el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) les ha puesto de acuerdo: un avance para unos, absolutamente insuficiente para otros.
Sin embargo, en estos meses de profunda división entre las dos orillas sindicales que conviven en el País Vasco, sí ha habido un frente en el que el encuentro ha sido posible. Y no ha sido laboral, ni económico, sino más bien político-social: los presos de ETA. Las convocatorias impulsadas por el entorno de la izquierda abertzale en apoyo al colectivo de presos de la banda terrorista para que se ponga fin a la política penitenciaria que se les aplica ha contado siempre con el apoyo de los sindicatos abertzales y, en muchas ocasiones, -en especial en los últimos meses-, de las centrales UGT y CCOO. Las manifestaciones celebradas en enero reclamando el final de una “política de excepción” en prisión contó con su respaldo.
El último ejemplo es de este viernes. Frente a la subdelegación del Gobierno en Bizkaia tras una pancarta medio centenar de representantes sindicales secundan la iniciativa de la campaña “Izan Bidea” (Sé camino) promovida por la plataforma Sare. En la firma de los convocantes, una decena de siglas de sindicatos, entre ellas UGT, además de ELA, LAB, Esk, Steilas, CNT, EHNE, Hiru y Etxalde. Es la manifestación mensual que desde diciembre de 2018 se celebra cada tercer viernes de mes. Entre sus reivindicaciones, el acercamiento “urgente” de los presos de ETA a Euskadi, la excarcelación de los presos de edad avanzada y enfermos y progresiones de grado para los reclusos.
De Lizarra a Cambó
En la última concentración la reclamación sindical en favor de los presos de ETA estaba dirigida a terminar con una situación que califican de “crítica” en lo que al acceso a servicios de salud se refiere y las restricciones impuestas por el Covid, así como la demanda de abrir las comunicaciones con los internos, “actuando de manera humanizada”.
El apoyo sindical a las acciones de Sare se han repetido. Esta red de apoyo a los presos está liderada por el exconsejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga. Un informe de la Guardia Civil ha revelado que Azkarraga mantenía hilo directo con altos representantes de Instituciones Penitenciarias e Interior para coordinar el proceso de acercamiento de presos de ETA, así como los acuerdos para modificar su situación carcelaria.
No es la primera vez que las centrales sindicales se implican en cuestiones alejadas del ámbito laboral. En el Pacto de Lizarra de 1998 ya figuraban ELA y LAB como firmantes de aquel acuerdo entre formaciones nacionalistas y ETA. Veinte años después, en 2018, el acto que escenificó el final de la organización terrorista en la localidad vascofrancesa de Cambó también contó con la presencia de estas dos centrales sindicales y de UGT, cuyo líder, Raúl Arza, aseguró que acudía para certificar “de una vez” la desaparición de la banda. CCOO rechazó acudir.
Desde entonces, los dos sindicatos nacionalistas y los dos no nacionalistas se han cruzado en el camino de apoyo a los presos. Lo han hecho en una mayor sintonía que en la pugna del acuerdo social, de los pactos laborales. La mesa de diálogo está rota desde hace años, cuando las centrales nacionalistas decidieron no acudir a ella, al contrario que UGT y CCOO, que han llegado a varios acuerdos en la misma.
Política penitenciaria
Esta posición discrepante en lo laboral ha abierto una distancia casi irreconciliable entre ambas que sin embargo se convierte en una unidad de acción en lo que a movilizaciones en contra de la política penitenciaria se refiere. Lejos queda la posición que en 2001 defendían los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Antonio Fidalgo cuando respaldaron el pacto antiterrorista al que otorgaron un “apoyo inequívoco”.
Los sindicatos defienden que ellos deben salir a la calle en contra de lo que consideran que es una aplicación injusta y extemporánea de la política penitenciaria a los presos de ETA una vez que la banda se ha disuelto. Una posición que incluso han mostrado en otro tipo de movilizaciones como las llevadas a cabo contra los ocho acusados de formar parte del frente de abogados de ETA, el conocido como sumario 13/13.
Sólo ocho meses después de que ETA y su entorno escenificaran el final en Cambó, la plataforma de apoyo al colectivo de presos etarras activó la iniciativa por la cual mensualmente se promoverían concentraciones ante las delegaciones de Gobierno para reclamar un cambio en la política penitenciaria.
Arza (UGT) siempre ha defendido que es necesaria una “normalización de la legislación penitenciaria” que no “discrimine” a los presos de ETA una vez abandonadas las armas. La pancarta que en numerosas ocasiones ha encabezado las marchas lo dejaba claro: “Es tiempo de soluciones, ahora los presos”.
Hacer 'sindicalismo' o ser 'parásito'
La sintonía en cuestiones propias de un sindicato, las laborales, sigue aún muy lejos de alcanzarse. Los intentos de UGT y CCOO de convencer a ELA y LAB, mayoritarias en Euskadi, para respaldar la reforma laboral fueron en vano. “Es una reformilla”, aseguraba el líder de ELA, Mikel Lakuntza. Durante días, los reproches se repitieron, con la supuesta pleitesía a la patronal como argumento. Incluso la reforma del SMI por un salario mínimo de 1.000 euros les ha dividido, muy insuficiente para las centrales nacionalistas.
El sindicato abertzale mayoritario ha llegado a calificar de “parásitos” a las dos centrales por aprovecharse de la lucha de otros para alcanzar acuerdos en la mesa de diálogo. La división no sólo es ideológica en materia laboral sino también estratégica. Mientras UGT y CCOO siguen defendiendo la utilidad del diálogo como camino y rebajan su apuesta por la conflictividad, ELA y LAB siguen la senda inversa. “Nosotros debemos hacer sindicalismo”, recuerdan. ‘Hacer sindicalismo’ no es, en su opinión, el diálogo social sino la reivindicación, la movilización y la huelga.
La teoría en ELA es que las mesas de diálogo por las que apuestan CCOO y UGT “desmovilizan”. En ello justifican el descenso de huelgas y movilizaciones que se produce en los últimos años en España. La tendencia en cambio es distinta en el País Vasco. Los datos lo confirman, el 42% de las huelgas realizadas el año pasado se produjeron en Euskadi.
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