Y por fin llegó el acuerdo. El Gobierno central y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu han cerrado la tarde del miércoles un acuerdo por el cual se transferirá la gestión integra del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco. De este modo se pone fin al enfrentamiento que en torno al IMV mantenían ambas administraciones desde que se alcanzó en mayo de 2020 el compromiso para ceder esta competencia. Desde entonces, las diferencias para poder trasladar a un documento las condiciones de la cesión habían enfrentado a ambas partes.

Hasta en tres ocasiones el Gobierno había llegado a acordar con el PNV esta cuestión. Lo hizo comprometiéndose a ello a cambio de su apoyo para la aprobación de la quinta prórroga del Estado de Alarma. Lo reiteró en un nuevo acuerdo con la aprobación de la ley del Ingreso Mínimo Vital y finalmente volvió a hacerlo a cambio del apoyo de la formación de Andoni Ortuzar a los presupuestos.

El último revés se produjo cuando el borrador remitido por el ministerio de José Luis Escrivá incluyó una transferencia temporal y renovable de diez años de la gestión del IMV. El malestar llegó a tal punto que el presidente del PNV llegó a afirmar que si esta cuestión no se resolvía satisfactoriamente el apoyo de su partido al Gobierno de Sánchez corría riesgo de "irse al carajo".

Ni siquiera el último intento logró reconducir definitivamente la situación. El pasado 29 de enero la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, visitó a Urkullu a quien hizo entrega de la última propuesta, en la que se incluyó la consideración de traspaso permanente del IMV. Sin embargo, aquel documento aún incorporaba aspectos que llevaron a insistir en que Euskadi no aceptaría "mercancía averiada".

Transferencia permanente

Ahora, los últimos contactos mantenidos en la tarde del miércoles han permitido un acuerdo que deberá ser ratificado y oficializado en una próxima convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias, aún sin fecha. Cuando se firme, el Gobierno vasco se encargará de la tramitación, el reconocimiento y el pago del IMV y pondrá fin a la encomienda de gestión por la que hasta ahora venía gestionando esta prestación.

En una nota, el Gobierno asegura que "tras superar las diferencias que se mantenían sobre el procedimiento de gestión", y que no pudieron ser resueltas en la reunión técnica mantenida la pasada semana, los nuevos contactos de estos días sí lo han facilitado. El consenso entre el ministerio de Política Territorial y el departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno vasco "respeta los estándares de lo que debe ser una transferencia", señala el Gobierno vasco.

En él también se establece el procedimiento de financiación. Así, será Euskadi la que abonará la ayuda con cargo a sus presupuestos, importes que posteriormente serán descontados del Cupo que anualmente abona el País Vasco al Estado por las competencias que presta y no han sido transferidas.