Una de las viejas aspiraciones de Euskadi empieza a tomar forma. La asunción de la competencia del Régimen Económico de la Seguridad Social ha tenido como primera etapa el acuerdo de la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La firma que lo oficializará aún no tiene fecha, pero se procederá a ella en un breve plazo de tiempo.

El Gobierno vasco ha asegurado que sólo es el primer paso para el logro de la ‘materia 32’, la última competencia incluida en la lista de transferencias pactada con el Gobierno. En ese punto, que debía haberse completado para finales del año pasado, se contempla la elaboración de estudios para redactar los convenios de cesión de la Seguridad Social al País Vasco.

La consejera de autogobierno, Olatz Garamendi, considera que este acuerdo es relevante porque ha forzado un paso trascendental como es “la descentralización de la Seguridad Social” y con él abierto el camino hacia el siguiente paso: negociar el traspaso de la seguridad social.

Hasta ahora había sido la última de las materias, la número 32 de la lista cerrada al inicio de la legislatura. Una vez alcanzado el traspaso del IMV, dependiente también de la Seguridad Social, se da por abierta la interlocución para profundizar más en este compromiso y poder acordar los convenios que deben definir el procedimiento.

La vía abierta incluye la reiteración del Gobierno Urkullu de que asumir la gestión económica de la Seguridad Social, al igual que ha ocurrido con el IMV, se sustenta en un derecho reconocido en la disposición adicional quinta del Estatuto de Gernika. Garamendi subrayó ayer que en ningún caso se “rompe nada” y que ahora ha quedado demostrado que “nada es intocable”.

Acelerar el paso

En realidad, ante las acusaciones de que este traspaso supondría la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, la Administración vasca recuerda que no sólo ahora con el IMV sino que anteriormente ya se adoptaron decisiones que afectaban a cuestiones inherentes a la Seguridad Social, como la financiación de las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez –que desde hace décadas gestionan las diputaciones forales vascas- “y lo hacen si romper nada”.

El Gobierno vasco quiere además acelerar el paso tras los retrasos que acumula el calendario con el que creía haber podido completar el desarrollo del Estatuto de Gernika de 1979 para finales del año pasado. El IMV “llega con 16 meses de retraso”, reiteró ayer Garamendi. El Ejecutivo de Urkullu no quiere que las demoras se acumulen. Por ello, ante las materias pendientes, entre ellas el régimen económico de la Seguridad Social, remitirá sus propias propuestas al Gobierno Sánchez para, a partir de ellas, comenzar a negociar.

Le gestión de una Seguridad Social propia es una vieja aspiración del nacionalismo vasco. Insisten en que supone uno de los pilares del autogobierno y que en ningún caso contar con esta competencia supondría un privilegio sino el cumplimiento de una transferencia recogida en el Estatuto vasco. Se recuerda que en él se recoge que la cesión de esta competencia se haría a través de convenios y siempre “dentro del carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad”.

Un modelo mixto público-privado

El PNV hace años que tiene diseñado cómo sería su modelo de Seguridad Social y que quiere incluir en su proyecto de Nuevo Estatus con el que quiere actualizar el encaje territorial del País vasco en España. La Seguridad Social que se ha perfilado sería mixta, sustentada en un modelo que combine las pensiones públicas con las privadas. En el PNV llegaron incluso a ponerle nombre al órgano que se encargaría de su gestión, ‘Lagunkidetza’.

Hoy Euskadi no es autosuficiente para financiar sus pensiones. Anualmente el fondo común estatal debe entregar al País Vasco más de 4.000 millones anualmente para sufragarlas. En el caso del sistema diseñado en Sabin Etxea la sostenibilidad del modelo se plantea impulsando las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).

Este modelo de ‘pensión complementaria’, que ahora el Gobierno Sánchez también quiere impulsar, tiene gran presencia en el País Vasco. El 49% de los trabajadores cuentan con este complemento en su convenio de trabajo. En total, más de 480.000 trabajadores. Además, más de 400.000 ciudadanos cuentan con ellas de forma voluntaria. Reforzar las bonificaciones fiscales para extender su uso sería uno de los procedimientos para asegurar la sostenibilidad de la futura Seguridad Social vasca.