Los expertos en Derecho Tributario y en Economía que designó el pasado abril el Ministerio de Hacienda han terminado su trabajo. Este jueves entregaron a la ministra un documento de casi 800 páginas que contiene sus recomendaciones sobre qué tipo de reforma fiscal debería llevarse a cabo en España. A partir del informe, el Gobierno decidirá qué medidas aprueba para cumplir con lo que le ha prometido a Bruselas: acercar algo más la presión fiscal española a la media europea, actualmente entre 7 y 8 puntos de PIB superior a la nacional.

En el Plan de Recuperación, donde España detalla qué va a hacer a cambio de recibir fondos europeos -hasta 140.000 millones de euros, la mitad de los cuales no tendrá que devolver-, el Gobierno afirma que esta reforma fiscal entrará en vigor en el primer trimestre de 2023. Así que la ministra María Jesús Montero aún tiene algo de tiempo para estudiar el texto y decidir qué impuestos tocará.

Ese plazo, además, podría alargarse si llegado el momento la recuperación económica no es la suficiente. Lo ha especificado la ministra en numerosas ocasiones: la reforma fiscal siempre estará condicionada a la recuperación. Y ésta, ahora, pende de un hilo. España no ha recuperado el nivel de crecimiento que tenía antes de que estallase la pandemia del coronavirus, algo que se esperaba que sucediese este año, pero el conflicto de Ucrania podría retrasarlo más.

En cualquier caso, el comité de expertos ha presentado sus 118 propuestas sobre impuestos medioambientales, a las empresas, digitales y sobre el patrimonio, entre otros. Y es aquí donde el comité recomienda suprimir el IVA reducido y superreducido, eso sí, a largo plazo y estableciendo un sistema para conseguir que los hogares con menor renta se vean compensados por el aumento de precio que experimentarían los productos esenciales.

"El comité recomienda la supresión gradual de los tipos impositivos reducido y superreducido en el IVA, articulando un sistema para que los hogares con menor renta reciban una compensación adecuada por el aumento que experimenten en el IVA soportado en sus consumos de bienes y servicios esenciales", recoge la página 160 del documento, que el lector puede consultar a continuación.

Eliminar los tipos reducidos y superreducidos de IVA, como recomienda el comité, llevaría a recaudar 21.100 millones de euros más solo con este impuesto, y siempre y cuando se mantuviese el tipo general del 21%. Este cálculo no tiene en cuenta cambios en el consumo de empresas y particulares. En cambio, llevar el tipo general al 15% mantendría la recaudación constante.

El año pasado, el Gobierno tenía previsto recaudar en concepto de IVA 36.000 millones de euros. Es el segundo impuesto con el que más recaudó, solo por detrás del IRPF (43.000 millones de recaudación previstos para el 2021). En impuesto sobre sociedades, el que pagan las empresas, se embolsó menos que por IVA (21.000 millones).

Sin embargo, España se encuentra en el puesto 23 de 27 de recaudación sobre PIB de este impuesto. Aunque el país tiene tres tipos de IVA, el general, del 21%; el reducido, del 10%, y el superreducido, del 4%, el tipo implícito acaba siendo de alrededor del 9,5%, media que está 1,2 puntos por debajo de la media de la Eurozona.

No obstante, el comité subraya que esta reforma "no se puede llevar a cabo inmediatamente dado el contexto de recuperación económica en que nos encontramos", y que "tampoco puede aplicarse de un día para otro", porque implicará aumentos importantes de precios en bienes y servicios, cambios en el consumo y "una fuerte contestación social".

Por eso, insta a elevar gradualmente el IVA reducido y superreducido, una vez el país haya recuperado los niveles de crecimiento previos a la pandemia. "Se propone la elevación gradual de los tipos impositivos reducido y superreducido a partir del momento en que se haya consolidado la recuperación económica, hasta converger al tipo general que se decida establecer", sostiene el texto.

"Esta periodificación de la reforma (acompañada, en su caso, de otras políticas que adopten los poderes públicos, dirigidas a facilitar la transición) debería contribuir a la adaptación de algunos sectores económicos que podrían verse especialmente afectados por la misma, al desaparecer el subsidio que ahora reciben a través de los tipos reducidos, a la vez que ayudaría a alcanzar una composición sectorial más equilibrada de nuestra economía", remarca.

A corto plazo, sin embargo, recomienda revisar a qué se aplica el tipo reducido y excluir aquellos productos "para los que el beneficio no parece justificado". Por ejemplo, cambiando al tipo general las bebidas azucaradas y alcohólicas en establecimientos de restauración, ya que, sostiene, así se hace mayoritariamente en la UE. Esto supondría un aumento de recaudación de 1.360 millones de euros anuales.

Compensar a los hogares más afectados -los que tengan menos capacidad económica- es algo que el comité considera "imprescindible" a la hora de aumentar ese IVA que se aplicaría a los productos de primera necesidad, ya que se verán afectados "negativamente" y "de forma muy señalada". Podría hacerse con un sistema de prestaciones directas, o con una deducción reembolsable en el IRPF, sugiere.

En el caso del agua, la luz, la calefacción o el transporte podría, asimismo, compensarse el IVA, algo más difícil de hacer en los bienes y servicios en los que no es posible discriminar a la población en función de su renta. Pero, a la vez, los expertos reconocen que este tipo de mecanismos de compensación "no están exentos de dificultades". Por eso, si se observan complicaciones para compensar a las personas con menor renta, propone descartar subir el IVA a los bienes y servicios de primera necesidad.

En el proceso intermedio, el grupo sugiere aplicar escenarios como aplicar dos tipos, del 4% y el 21%, o del 10% y el 21%. Los otros escenarios posibles serían, como se ha comentado anteriormente, suprimir los tipos reducido y superreducido y aplicar un tipo único del 21%, o suprimir ambos y aplicar un tipo único del 15,4%.

El informe recoge otras subidas de impuestos de todo tipo. En el impuesto de sociedades, plantea evitar pérdidas recaudatorias y reducir distorsiones, controlando, además, la doble imposición, y en el impuesto de patrimonio y en el de sucesiones y donaciones, establecer un tipo mínimo efectivo para evitar que las comunidades autónomas los bonifiquen en exceso -el aspecto que ha generado más polémica-.

También plantea nuevas deducciones en el IRPF por hijos menores o para bajos salarios, que se pague por el uso de carreteras o por acceder en coche a las ciudades, así como crear un impuesto a aplicar sobre billetes de avión. Asimismo, aborda gravar el comercio electrónico, las criptomonedas, los videojuegos y el streaming y el teletrabajo.