La crisis energética desatada tras la invasión de Rusia en Ucrania ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a diseñar un nuevo paquete de medidas de urgencias para que los precios del gas impacten de la menor manera posible en la factura eléctrica. A pesar de que todo hacía indicar que se iban a aprobar este martes antes de la reunión en Bruselas para consensuar nuevas medidas, ha dejado en manos de la Unión Europea la responsabilidad de que se produzca una rebaja en el precio de la luz.

"Estamos trabajando conjuntamente con la Unión Europea un nuevo paquete de medidas porque el mercado está distorsionado por culpa de la invasión de Rusia en Ucrania", ha dicho la ministra Teresa Ribera.

Así, el Consejo de Ministros trabaja en una desvinculación del bono social de los precios de los mercados mayoristas o la revisión extraordinaria anticipada de la retribución de las renovables, conocido como Recore.

El Gobierno, según avanzó Cinco Días, trabaja en rebajar el precio de la electricidad para aquellos que tengan el bono social aceptado. Para ello, estudia crear una nueva tarifa en el que el precio que paguen los clientes ronden los 50 euros por megavatio.

Respecto al Recore, el Ejecutivo ya llegó a un acuerdo con las asociaciones de renovables para que se adelante un año el ajuste de las retribuciones y dejar de cobrar desde que se haga efectivo el real decreto los sobrebeneficios provocados por los altos precios de la luz.

Las empresas de energía verde tenían derecho a recibir 54,42 euros/MWh (a compensar de si no se recibía por parte del mercado), una cifra que se modificará para evitar que las compañías no generen ganancias extra por beneficiarse de los altos precios del gas.

Con todo, las únicas medidas que se conocen, pero que aún no han sido aprobadas, son la prórroga del recorte de impuestos a la factura de la luz que se aprobaron el pasado verano como la suspensión de la generación eléctrica, la bajada del IVA del 21% al 10% y la del impuesto de la electricidad.

El Ejecutivo, además, continúa su defensa por desligación del precio del gas al 'pool' eléctrico. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido el principal valedor de esta medida puesto que supondría que el coste de esta materia prima, que se sitúa en máximos históricos, no se integraría dentro del sistema marginalista que impera en Europa.

En este sentido, la titular de la cartera energética ha señalado que "se debe intervenir el mercado mayorista" y "cambiar el sistema eléctrico" pero ha insistido en que es "la Unión Europea la que pone las reglas" a la vez que ha remarcado que "deben cambiarse para no distorsionar los precios eléctricos".