El Gobierno ha alcanzado un acuerdo 'in extremis' con ERC para salvar la votación que permitirá que la Ley de Vivienda empiece a tramitarse en el Congreso. Los republicanos catalanes amenazaban con tumbar una de las medidas estrella de PSOE y Unidas Podemos por invasión de competencias.

"Ha habido un acuerdo alcanzado con el Gobierno por escrito y así también lo anunciado la ministra para garantizar el respeto escrupuloso al marco competencial en materia de vivienda y la negociación de la ley con las fuerzas parlamentarias progresistas", explican fuentes republicanas.

"Pero también ha quedado claro -añaden- que la aprobación del trámite no supone en ningún caso la validación de la ley, que tras salvar el trámite de hoy deberá abrir un intenso periodo de negociación y acuerdo en base a lo establecido como punto de partida". Los republicanos catalanes afirman que "a día de hoy, se trata de una ley que no respeta la competencia en materia de vivienda, asumida por las comunidades autonómicas de forma exclusiva".

L a norma, que incluye la regulación de los precios del alquiler- había recibido enmiendas de devolución por parte de PP, Ciudadanos, el PNV, JxCAT y PDeCAT. Hasta el último momento, los republicanos catalanes habían amenazado con unir sus votos al de estas formaciones para impedir que el trámite parlamentario siguiese adelante.

Durante la defensa del texto ante el Pleno, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho que la enmienda de texto alternativo presentada por ERC demuestra que "es más lo que nos une, que lo que nos separa".

"Tienen nuestro compromiso de que el texto resultante que está en tramitación será respetuoso con los títulos competenciales recogidos por la Constitución y con la competencia exclusiva que en materia de vivienda tienen las Comunidades autónomas y con las del Estatuto de Autonomía de Cataluña", ha resaltado.

El anteproyecto recibió un duro informe en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces dijo que algunas medidas como la regulación del precio del alquiler chocaba con las competencias reconocidas a las comunidades autónomas.