El regulador brasileño defiende la decisión tomada hace varias semanas en la que daba luz verde a la venta de Oi a Telefónica, Claro y TIM. Si bien CADE aprobó la operación sujeta a diversas condiciones, el presidente del organismo, Alexandre Cordeiro, en una tribuna en un medio local, defiende que, a pesar de que pueda dar la impresión de que la adquisición pudiera acarrear un mayor poder de concentración se “favorecerá la competencia en el país”.

Cordeiro remarca que la repartición de Oi supone “incentivos a la inversión, una mayor calidad de servicio y una eficiencia espectral”, que combinadas con el despliegue del 5G en Brasil, “tienen el potencial de aumentar la dinámica competitiva al introducir competidores regionales”. Esta defensa se debe, principalmente, al alegato del Ministerio Fiscal del país ya que rechazaba con rotundidad la operación ya que consideraba que se cumplían condiciones de monopolio.

Cabe recordar que entre las condiciones que impuso el regulador figuran la compartición de su radio y el alquiler de espectro en las ciudades de menos de 100.000 habitantes a la competencia.  Además, deberán permitir acceso a sus redes mediante acuerdos de 'roaming' o de operador de red virtual móvil, lo que facilitará el acceso a la red a los operadores regionales.

A su vez, el presidente del regulador defiende la venta de Oi ya que el organismo que dirige ya validó otras operaciones similares en otros sectores empresariales. En este sentido, Cordeiro matiza que se “analizó una amplia gama de experiencias internacionales, pero la decisión estuvo condicionada por las particularidades de la referida operación y las especificidades y transformaciones del mercado brasileño”.

Muchos de los que se oponían a la operación, como el Ministerio Fiscal, argumentaban la teoría de que pasar de cuatro a tres operadoras conllevaría a prácticas monopolísticas de Telefónica y sus socios. El regulador, en este sentido, defiende las diferentes operaciones que se han dado en el sector de las telecomunicaciones en otros países como Estados Unidos (T-Mobile y Sprint), Italia o Países Bajos. Cordeiro avisa que "no pueden considerarse perjudiciales, indiferentes o beneficiosas para la competencia en el sector" si "no se tienen informes detallados".

La compra de Oi supuso un desembolso de unos 2.700 millones de euros para las tres operadoras, que terminarían controlando más del 90% del mercado móvil del país al hacerse con los activos de la que era la cuarta empresa. A la operadora española le corresponde aportar 915 millones de euros para añadir a su balance 10,5 millones de clientes, 43 MHz de espectro y 2.700 emplazamientos de acceso móvil.