El sector del transporte de mercancías por carretera afronta dividido la convocatoria de un paro nacional realizada por una plataforma independiente que no tiene representación en los canales de interlocución con la Administración pública en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera aglutina fundamentalmente a autónomos y pequeñas compañías de transporte que ven cómo la subida de precios del carburante estrangula su modelo de negocio.
Pero su propuesta para detener la actividad no cuenta con el respaldo de las grandes organizaciones del sector -la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) -, ni con la de los sindicatos CC.OO ni UGT.
Pese a la poca representatividad de la organización convocante del paro, fuentes del sector logístico aseguran haber adelantado movimientos de mercancías "para evitar problemas". En este sentido, confirman que "hay preocupación" porque al colectivo de pequeñas empresas "lo representan ellos".
Y precisamente, esta plataforma se muestra disconforme con el pacto alcanzado entre las grandes asociaciones del sector con el Gobierno tras la amenaza de un paro nacional convocada justo antes de las navidades.
La organización se descuelga del acuerdo que se tradujo en un Real Decreto-ley de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística a comienzos de marzo, mediante el que se establece como obligatoria una cláusula en los contratos para la revisión del precio del carburante. "No nos representan y se ríen de nosotros, ese acuerdo no sirve de nada", aseguraba estos días atrás Miguel Cánovas, vocal de la Plataforma.
Pero tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el imparable alza de los precios del gasóleo, muchos transportistas quieren medidas inmediatas que sirvan para paliar lo que ven como una situación insostenible.
Desde la patronal de asociación de autónomos ATA, remarcan que ninguno de sus asociados apoya la convocatoria de un paro nacional que, según sus convocantes, podría amenazar el suministro de mercancías en los próximos días.
Sin embargo, Jesús Ballesteros, secretario Logística y Transportes de Comisiones Obreras, considera que la repercusión que puede tener la llamada a la movilización será "limitada" e insiste en que "no se trata de una huelga" sino de un cierre patronal.
Medidas excepcionales
Desde CETM aseguran que los problemas actuales "no se solucionan con un paro, sino con la aplicación y desarrollo de los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes". Asimismo, reclaman una reunión urgente con el Ejecutivo para que se tomen medidas excepcionales.
Sin embargo, subrayan que la organización convocante del paro nacional indefinido no tiene representación en el Comité Nacional del Transporte, y que todas las asociaciones que sí lo tienen "rechazan el paro". "Los convocantes están aprovechando este momento de incertidumbre por el incremento de los precios del combustible para generar un conflicto basado en el miedo", llegan a aseverar.
Asimismo, desde esta organización aseguran haber trasladado su "petición de colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el derecho de realizar libremente nuestra actividad".
Este viernes, el director general de Transporte Terrestre ha transmitido al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) -renovado recientemente por 4 años- el mensaje de la ministra Raquel Sánchez de que el Ministerio es "consciente" de que el sector del transporte se está viendo "muy afectado" por el escenario actual de incertidumbre derivado de la invasión rusa de Ucrania.
Asimismo, ha mantenido un encuentro con los representantes del CNTC para abordar la problemática actual del sector y les ha asegurado que la propia ministra se verá con ellos en las próximas semanas. Asimismo, les ha trasladado que el Gobierno está trabajando a nivel global por el gobierno en un Plan Nacional para responder al impacto económico y social derivado del conflicto bélico.
De momento, los únicos que están totalmente parados son el segmento de los portavehículos, que mantienen su particular guerra con los fabricantes de automóviles.
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