El Gobierno ha movilizado a más de 23.500 agentes -7.122 policías y 16.476 guardias civiles- para "reprimir las actuaciones violentas" que están teniendo lugar en las carreteras durante las movilizaciones convocadas por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, que reclama 24 medidas concretas al ministerio de Transportes y al de Trabajo, y que ya está paralizando algunas industrias y provocando una importante merma de actividad en los mercados centrales.

"Un grupo de ultras que intenta someter a este país a un chantaje", así se ha referido este jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a los convocantes del paro indefinido en el sector del transporte que se inició el pasado lunes.

Sánchez ha recalcado que "no se va a sentar con un grupo de radicales que está empleando la violencia" y ha repetido en varias ocasiones que el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) es el único interlocutor legítimo con el sector del transporte.

A propósito de los actos violentos que están teniendo lugar estos días a raíz de la huelga de transportes, la ministra ha elevado el tono al referirse a los miembros de la plataforma como "ultras que están sustituyendo la palabra por palos, por clavos y por piedras".

Además, Sánchez ha vinculado a los convocantes de la huelga con la ultraderecha y ha puntualizado que "está bastante claro quiénes son los que están amedrentando a los transportistas".

Estas declaraciones se han producido tras una reunión mantenida entre el ministerio, los agentes sociales y las asociaciones profesionales de diversos sectores en la que Sánchez ha trasladado el "compromiso" del Gobierno con todos los actores económicos.

La ministra de Transportes ha recalcado que el ejecutivo contará con ellos para elaborar el plan de choque económico de medidas amortiguadoras de los efectos de la guerra ruso-ucraniana en la economía española, que se aprobará en el Consejo de Ministros del día 29 de marzo.

Preguntada por las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz acerca de una posible congelación de los alquileres de vivienda ante el aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC), la responsable de vivienda ha reconocido que esta es una de las "propuestas que se van a analizar en el plan de respuesta".